Control Interno investiga a fiscal por incautar bienes de UAP con orden vencida
La Autoridad Nacional de Control (ANC) evalúa sancionar al fiscal Wilson Salazar Reque por intervenir bienes de la universidad el 11 de abril, cuando la autorización judicial caducó el 6 de abril.
El fiscal adjunto supremo de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Javier Luna García, resolvió investigar al fiscal especializado en Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque, luego de haber sido denunciado por presunta inconducta funcional por parte de la Universidad Alas Peruanas (UAP).
La defensa de la UAP interpuso ante la ANC una queja contra el fiscal Wilson Salazar por haber encabezado el allanamiento, descerraje e incautación de numerosos inmuebles del centro universitario, el 11 de abril de este año, cuando había vencido la orden que emitió el juez Víctor Zúñiga Urday.
La Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional del Perú allanó las instalaciones de la Universidad Alas Peruana en el marco de las investigaciones del presunto delito de lavado de activos. Foto: difusión.
El 14 de marzo último, el magistrado Zúñiga accedió al requerimiento del fiscal Wilson Salazar para intervenir las propiedades de la UAP como parte de una investigación de lavado de activos. La autorización del juez tuvo una duración de dos semanas, la que expiró el jueves 6 de abril. Pero el fiscal Salazar consumó las incautaciones el martes 11 de abril.
El mismo día de los hechos, la representante legal de la UAP, Flor Vargas Peña, dejó constancia en un acta que el fiscal Wilson Salazar procedió a la intervención de los inmuebles, vehículos y avionetas, cuando había expirado el mandato de dos semanas del juez Víctor Zúñiga.
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El fiscal adjunto supremo Javier Luna García, de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimientos Disciplinarios de la ANC, encontró fundamentos para iniciar un proceso indagatorio con la finalidad de determinar la responsabilidad del fiscal Wilson Salazar Reque. De comprobarse que la autoridad ejecutó la incautación en fecha extemporánea, podría ser apartado del caso seguido contra la UAP.
Como parte de las diligencias, el fiscal adjunto supremo Javier Luna García requirió al juez Víctor Zúñiga “copias certificadas de la resolución del 14 de marzo de 2023 que decretó la medida de incautación, allanamiento y descerraje, así como los cargos de notificación efectuados respecto a las resoluciones del doctor Wilson Salazar Reque, fiscal adjunto provincial titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos”.
También solicitó al mismo fiscal Wilson Salazar “remita un informe relacionado a la investigación fiscal en contra de la Universidad Alas Peruanas (…), debiendo informar, especificar y remitir (…) copias certificadas de las principales piezas procesales concernientes a la medida restrictiva de incautación de bienes inmuebles, muebles, acciones, descerraje y allanamiento de bienes inmuebles con fines de incautación cautelar e instrumental en contra de la mencionada universidad”.
El fiscal adjunto supremo de la ANC, Javier Luna García, encontró que había mérito para abrir el caso: “Resulta necesario iniciar la investigación preliminar correspondiente a fin que los hechos materia de cuestionamiento sean esclarecidos”, por lo que decidió: “Abrir investigación preliminar por el plazo de 30 días hábiles contra Wilson Salazar Reque por presunta falta disciplinaria”.
El fiscal Wilson Salazar tiene a su cargo el caso por presunto lavado de activos contra la familia del excongresista fujimorista, y actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez Gamarra, que tuvieron bajo su control la Universidad Alas Peruanas.
La nueva administración de la UAP entregó al fiscal Salazar evidencia documental de actos de corrupción durante el mandato del exrector y exgerente general Fidel Ramírez Prado, quien suscribió millonarios contratos con empresas de su sobrino Joaquín Ramírez para la construcción y alquiler de locales, entre otros.
La defensa de la nueva administración de la UAP cuestionó las incautaciones del 11 de abril que dirigió el fiscal Wilson Salazar Reque, porque la entidad universitaria había sido víctima de la gestión de la familia Ramírez, a la que incluso denunció penalmente.
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Este diario solicitó la versión del fiscal Salazar sobre el proceso de investigación preliminar que se le ha iniciado, pero fuentes del Ministerio Público indicaron que cuando hay un caso en curso por la condición de reserva los fiscales no se pronuncian.
Exprocuradores se pronuncian sobre la investigación
Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción
“Es una supuesta negligencia del fiscal. En todo caso el juez declarará la nulidad de dicha diligencia. La consecuencia es que la diligencia será tomada por no existente. El fiscal no puede incurrir en este tipo de negligencia, por lo que va a tener una sanción disciplinaria. Poniéndonos en un escenario extremo de sanción, eso no significa que el Ministerio Público deje de participar en el proceso. Designan a otro fiscal y el proceso sigue adelante. No veo que el caso deba caerse ni que el deber de investigación del Ministerio Público se limite, se anule, caduque o que se suspenda bajo ninguna manera. Se puede impugnar la medida, pero eso no tiene por qué reflejarse en la integridad del proceso de incautación vinculado a una investigación más grave. Ahora, con la nulidad de la incautación sin duda hay un peligro para la investigación. Es un gravísimo error”.
Katherine Ampuero, exprocuradora Anticorrupción
“Es irregular que el fiscal ejecute una resolución judicial vencida, hasta ilícito. Cuando un juez da una orden para ejecutar una incautación siempre pone un plazo, y cuando este se cumple, ya no existe. Perdió su vigencia. Por lo tanto, (el fiscal) ha ejecutado algo que ya no existía. Obviamente que el fiscal haya aparecido allanando los inmuebles, ingresando, ya constituye un delito de abuso de autoridad, violación de la propiedad privada porque ya no tenía autorización que avalarav sus acciones. Si el fiscal ingresa a una propiedad privada con una orden judicial vencida está cometiendo un delito hasta de usurpación. Hay varios delitos, estamos hablando de un concurso de delitos. Está abusando de su poder de fiscal. El fiscal tendría que ser apartado del caso porque lo ha contaminado. Para darle mayor imparcialidad a la investigación, lo mejor es que le asignen a otro fiscal”.
