"Cuellos Blancos del Puerto": una nota periodística no obstaculiza una investigación fiscal

Una información publicada por los medios de comunicación es una expresión de la libertad de prensa y, por lo mismo, no se puede considerar que afecte o interfiera en una investigación de la Fiscalía, concluyó el juez penal nacional de investigación preparatoria, Leodán Cristóbal Ayala.

El magistrado hizo está declaración al rechazar el pedido del 'Equipo Especial de los Cuellos Blancos del Puerto' para imponer 36 meses de prisión preventiva al abogado penalista José Luis Castillo Alva.

En la audiencia, el juez impuso al referido abogado comparecencia restringida, bajo cumplimiento de reglas de conducta: impedimento de salida del país por 36 meses y la retensión de su pasaporte, comparecer cada 30 días al juzgado para control y justificación mensual de sus actividades y el depósito de una caución de 10 mil soles.

Sospecha fuerte

De los cinco hechos que argumentó el fiscal, Cristóbal Ayala consideró que en dos hechos existe sospecha grave y fuerte de que Castillo Alva pudo ser parte de la organización 'Los Cuellos Blancos del Puerto', entre otros eventos, por un habeas corpus que presentó a favor del expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez. En otros hechos, solo encontró sospecha reveladora.

Igualmente, tuvo en cuenta la relación del abogado con el prófugo juez supremo César Hinostroza Pariachi, con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo y con el empresario conocido como el "Octavo Consejero", Mario Mendoza.

Sin embargo, el juez consideró que la fiscalía no presentó evidencias de los beneficios económicos que el abogado habría obtenido como presunto integrante de la referida red de corrupción. Además, estableció que a partir de los documentos presentados por la fiscalía y la defensa se puede concluir que existen dos personajes llamados "Pepe Lucho" y no solo uno, como aseguraba el fiscal del caso.

Existe, precisó el juez, un "Pepe Lucho" abogado que correspondería a José Luis Castillo Alva y un "Pepe Lucho" ingeniero que es el operador político José Luis Cavassa Roncalla. Contra este segundo personaje, el 2018, se había dictado una orden de prisión preventiva por 18 meses.

Por último, el juez concluyó que el fiscal no había podido acreditar que exista un peligro procesal y real de que el abogado pueda fugar del país, pues tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral, o que desarrolle acciones que perturben las investigaciones. Además, se supone que la referida organización fue desarticulada el año 2018, esto es hace cinco años, por lo que no podía dictar una prisión preventiva.

Protección

En las audiencias, el representante del Ministerio Público cuestionó el trabajo de su antecesora, Rocío Sánchez una de las fiscales que revelaron la existencia de "Los Cuellos Blancos del Puerto" y, dejo entrever que esta red de corrupción aun tendría protección en las altas esferas del Ministerio Público, aunque sin precisar algún indicio concreto.

En tanto, al sustentar el peligro procesal, el fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez presentó como indicios una serie de artículos periodisticos, publicados en abrirl del 2023 en el portal Sudaca.pe y el diario La República, argumentando que favorecían la posición del abogado y podría afectar la declaración de los testigos y de otros investigados.

El juez rechazó enfáticamente esos argumentos señalando que una información periodística es parte de la libertad de expresión de sus autores, que un artículo de prensa es un documento no oficial, no tiene la historía completa y, por tanto, no hay forma que pueda perturbar o perjudicar un proceso penal.

Necesaria precisión

Nota del editor: Al inicio de las audiencias en abril, el juez había rechazado de plano incluir los informes periodísticos como indicios del peligro procesal, pero el fiscal Andy Rodríguez insistió con ellos en sus alegatos finales. Como sustento, el fiscal indicó que se trata de medios que siempre atacan a los fiscales y que el periodista César Romero tiene una llamada telefónica con José Luis Castillo Alva el año 2014. El fiscal no precisó como relaciona una llamada del 2014 con eventos del 2023. Como periodista y editor judicial del diario La República, este redactor tiene contacto directo y telefónico con jueces, fiscales, abogados, víctimas, testigos y procesados, pues son ellos su principal fuente informativa. Eso sucede, desde por lo menos, 1993.