Pronabi reparte locales de Alas Peruanas antes que Poder Judicial resuelva apelación
En alerta. Entidad del Ministerio de Justicia adjudicó a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, Aviación Policial, Essalud y otros organismos públicos inmuebles y bienes de la universidad, lo cual afecta a 12.000 estudiantes.
El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), dependiente del Ministerio de Justicia, autorizó a diferentes entidades públicas el uso de inmuebles y bienes que fueron intervenidos hace poco más de un mes a la Universidad Alas Peruanas (UAP). Después del operativo de incautación que por mandato judicial inició el fiscal de lavado de activos Wilson Salazar el 11 de abril de este año, las autoridades de la UAP interpusieron una apelación contra la medida. Pero antes que el Poder Judicial resuelva la acción, Pronabi resolvió permitir el uso de los inmuebles y otros bienes.
En las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UAP, ubicada en la cuadra 17 de la avenida Paseo de la República, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), de la Policía Nacional, ha acondicionado oficinas para sus oficiales y agentes. Coincidentemente, la Dirila estuvo a cargo de la investigación contra el excongresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra y miembros de su familia que desfalcaron la UAP. Sin embargo, los bienes de la UAP no son de propiedad de la familia Ramírez, imputada por el presunto delito de lavado de activos.
Un simulador de vuelo, y además y avionetas Cessna, Beechcraft y Zenair, que eran usadas en la escuela de instrucción de la UAP, también han sido transferidas.
Una de las aeronaves de la UAP incautada por la Fiscalía de Lavado de Activos. Foto: difusión
Respecto al aeródromo Las Duna y a dos predios conexos donde ejercitaban prácticas de vuelo los estudiantes de la UAP en Ica, por disposición de Pronabi ahora se encuentran bajo jurisdicción de la Aviación Policial. El local de la UAP en Pucallpa, Ucayali, pasó a manos de la Universidad de la Amazonía, y un local industrial en Piura ha sido entregado al Seguro Social de Salud del Perú (Essalud).
Si bien la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha denegado el licenciamiento a la Universidad Alas Peruanas, también es cierto que ha autorizado que los alumnos matriculados concluyan los 5 años de carrera. Sin embargo, más de 12.000 estudiantes que habían retornado a las clases presenciales han sido afectados por las incautaciones de los inmuebles.
Fuentes relacionadas con Pronabi señalaron a La República que, efectivamente, la entidad ha dispuesto el uso temporal de los locales incautados a la UAP. Indicaron que adoptaron la medida amparados por un decreto legislativo sobre extinción de dominio, que les atribuye facultad de adjudicar los bienes incautados a instituciones del Estado.
Un vehículo retira de las instalaciones de la UAP un simulador de vuelo. Foto: difusión
Cuando se les indicó a las fuentes de Pronabi que estaba en curso una apelación contra la medida judicial de incautación, interpuesta en este caso por las autoridades de la UAP, estas respondieron que proceden las adjudicaciones hasta que el juez decide lo contrario. Resaltaron que las adjudicaciones son temporales, y si el juez del caso se pronuncia a favor de la devolución de un predio, la orden se ejecuta de inmediato.
De acuerdo con la apelación de las autoridades de la UAP contra el mandato judicial de incautación, esta medida extrema no procede porque la universidad ha sido víctima de la actuación de la familia Ramírez, que se apropió de la institución.
En 2020, la Cooperativa de Servicios Múltiples, dueña del 99,99% de las acciones de la UAP, retiró de la universidad a la familia Ramírez y recuperó el control de la entidad. El exrector y ex gerente general Fidel Ramírez Prado, su esposa, sus dos hijas y sus sobrinos, los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, tuvieron el control de la UAP. Incluso Ramírez y su familia se apropiaron ilegalmente del 25% de las acciones de la UAP. Las actuales autoridades de la universidad señalan que la institución fue víctima de los Ramírez, por lo que no procede la incautación de los bienes porque nunca pertenecieron a estos.
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Claves
Jugoso. Fidel Ramírez logró que le dieran una pensión mensual de S/250.000 por 10 años, lo que sumaba S/30 millones.
Acciones. La UAP ha interpuesto 5 acciones penales contra el ex gerente general José Castillo Carazas, impuesto por la familia Ramírez. Durante su gestión, Castillo originó un pasivo de S/305 millones en agravio de la UAP.
