Casos mediáticos, trabas en el Congreso y demora procesal

La mayoría de procesos mediáticos por delitos de corrupción, más allá de las cifras estadísticas o las prisiones preventivas, avanzan a pasó lento por acción del Congreso o por la lentitud del sistema judicial y fiscal.

Unos ejemplos. Las investigaciones a los excongresistas Luciana León del Apra, Roberto Vieira Portugal de Peruanos por el Kambio y “fujimorista de corazón” y Edgar Alarcón de Unión por el Perú, toman siesta en el Congreso.

El 28 mayo 2019, la Fiscalía de la Nación denunció a Vieira por solicitar 15,000 dólares para levantar una sanción impuesta por el Ministerio de la Producción a una embarcación pesquera vinculada a su primo, Guillermo Venegas Vieira. Tres años después, el caso sigue en la Comisión de Fiscalización.

Lo mismo sucede con la denuncia contra la excongresista aprista. En octubre del 2019, en una investigación sobre actos de corrupción en la Municipalidad de La Víctoria, el fiscal Reynaldo Abia interceptó conversaciones telefónicas que revelaron que León, con la participación de su hermano Rómulo León Romero y su asistente Betsy Matos Francos recibían pagos de la organización “Los Intocables Ediles, para realizar gestiones a favor de dicho municipio en el MEF y otras instituciones estatales.

Demora procesal

La denuncia contra el excongresista y excontralor general de la República, Edgar Alarcón por utilizar la caja chica de la Contraloria en beneficio propio y recibir y autorizar otros pagos indebidos, fue archivada en el Congreso. La fiscalía debe esperar hasta el 2026 para activar sus procesos y llevarlo a juicio.

Pero, incluso que el Congreso autorice el procesamiento de un parlamentario no asegura la pronta emisión de una sentencia condenatoria. El proceso que se inició el año 2013, al entonces congresista Michael Urtecho y su esposa por apropiarse de sueldos de los trabajadores y las donaciones para personas con discapacidad y afectados del terremoto de Pisco, continua en juicio en la Corte Suprema casi 10 años después.

La demora es fortuita. El juicio en su contra comenzó noviembre del 2017, pero a mediados del 2020 uno de los jueces supremos a cargo del proceso fue destituido por el caso “Cuellos Blancos del Puerto” y tras más de 150 audiencias, el juzgamiento tuvo que comenzar de nuevo.

Esta realidad generá que un caso que avanza rápido es mal visto por el sistema. La fiscal Bersabeth Revilla Corrales fue separada de la fiscalia por supuesta baja producción, pero ella logró que en apenas tres años y siete meses-todo un récord- el proceso a los excongresistas fujimoristas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por negociar el indulto de Alberto Fujimori, entre a juicio público. A fines de este 2022 se podría dictar sentencia. Los abogados fujimoristas se encuentran entre los que más han aplaudido y respaldado la salida de Revilla.

Los procesos al expresidente Martín Vizcarra, Gasoducto del Sur, los arbitrajes de Odebrecht y el “Club del Construcción” siguen en en corroboración de declaraciones de colaboración eficaz. Los principales ejecutivos y las grandes constructoras del “Club de la Construcción” se convirtieron en colaboradores de la fiscalía y ningun será juzgado por crear un sistema de corrupción que hasta hoy perdura.

Esta semana, la Fiscalía debe aprobar otro acuerdo de colaboración mancomunado de cuatro a cinco directivos de empresas de construcción, que serán excluidos de juicio y de sanción penal.

Claro, que eso no asegura nada. En noviembre del 2020, el fiscal Germán Juárez decía que tenia todo para una acusación directa contra Vizcarra. Han pasado casi dos años y continúa buscando las pruebas de los presuntos pagos que habría recibido el expresidente y eventual candidato presidencial en unas próximas elecciones.

Los Sánchez Paredes y un juicio sin fin

En el verano del 2008, el entonces presidente Alan García promovió una investigación a los hermanos Sánchez Paredes, dueños de dos minas de oro, por presunto lavado de activos. Un caso que pudo tener mejor resultado si empezaba en 1980.

Pero, esa demora -que según la leyenda propició el Apra- ha generado en un enmarañado juicio contable que está por cumplir seis años de audiencias.

En el tiempo anteproceso, los dos hermanos vinculados al narcotráfico murieron sin ser juzgados y el rastro del dinero se mezcló en la hiperinflación de los ‘80 y los cambios monetarios: sol de oro, Inti, Inti millón y Nuevos soles.

En el juicio, los acusados, salvo uno, han pasado los 80 años de vida. Una mina se vendió. La otra ya agotó su producción. Hoy, el caso solo es de interés de los nietos que acompañan a los abuelos a las audiencias y, claro, de los peritos contables. El fiscal que veía este caso también fue cambiado.