Aprueban colaboración eficaz en caso contra Martín Vizcarra por corrupción

José Hernández Calderón, exministro de Agricultura y antes amigo del exmandatario Martín Vizcarra, tiene oficialmente la condición de colaboración eficaz luego de que en los últimos días la jueza Margarita Salcedo Guevara aprobara el proceso especial al que se sometió el exfuncionario desde 2020.

Acorde al documento al que accedió La República, la magistrada le impuso una pena de un año de prisión suspendida así como el pago de una reparación civil de S/150 mil al Estado, fraccionado en cuotas de más de seis mil soles mensuales por dos años.

Al tratarse de una admisión oficial de delitos por parte de José Hernández en un caso vinculado al Club de la Construcción, la jueza también lo condenó por cohecho pasivo propio (intercambio de favores) y lo ha inhabilitado por medio año para ejercer cargos públicos. Hernández también debe cumplir con una serie de limitaciones como no salir del país sin autorización judicial, acreditar un trabajo estable, y no cometer delitos por espacio de 10 años.

Con esta sentencia, oficialmente, el fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Jato podrá utilizar los testimonios que brindó Hernández bajo el código de colaborador 01-2020 para un futuro juicio contra Vizcarra por presuntos actos de corrupción en Moquegua, cuando el exmandatario fue gobernador de esta región del 2011 al 2014.

Martín Vizcarra es procesado desde el 2020 por los siguientes delitos: colusión agravada, cohecho pasivo impropio, asociación ilícita. Además, son dos hechos principales los que le imputa el Ministerio Público:

• Haber pedido y recibido el 2% del monto total de la obra (S/1.000.000) Lomas de Ilo (Moquegua) como coima a cambio de su adjudicación. Habría existido un pacto ilícito entre Vizcarra y Elard Tejeda Moscoso (directivo de Obrainsa). Los pagos fueron hechos a Vizcarra en dos cheques del BBVA en 2014.
• Vizcarra habría enviado a su amigo José Hernández (luego ministro de Agricultura) a la CADE 2013 para reunirse con Rafael Granados (exgerente comercial de ICCGSA) a pedirle S/1.300.000 a cambio de que ganen (como consorcio las empresas ICCGSA e INCOT) la adjudicación de la obra hospital regional de Moquegua.

En marzo del 2021, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó que se congelaran 21 propiedades de Vizcarra entre las que se encontraron 6 estacionamientos (dos ubicados en San Isidro y cuatro en Moquegua), 1 depósito en San Isidro, 8 departamentos (dos en Lima y seis en Moquegua) y otros 6 terrenos ubicados también en Moquegua donde fue gobernador regional.

El propósito de estas inhibiciones fueron asegurar un eventual pago de reparación civil a favor del Estado por parte de Martín Vizcarra a medida que avance el caso y luego de un juicio oral.