Congreso archiva acusación constitucional contra Edgar Alarcón
Al excontralor general de la República Edgar Alarcón se le investiga por el presunto delito de peculado doloso por apropiación agravada.
- Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo
- Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionar gestión de César Acuña
Con 47 votos a favor, 0 en contra y 35 abstenciones, el pleno del Congreso de la República decidió archivar la acusación constitucional en contra del excontralor general de la República Edgar Alarcón por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada.
En el informe final de la Denuncia Constitucional 372 formulada por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos se concluyó acusar a Alarcón por el presunto delito contra la administración pública en su condición de excontralor. La Fiscalía precisó que el perjuicio ocasionado por Alarcón Tejada al Estado alcanzaría la suma total de 490.877 soles.
TE RECOMENDAMOS
WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
El acusado señaló en sus descargos que había sido víctima de un cargamontón por supuestamente haber luchado en contra de una presunta corrupción en el gobierno de Martín Vizcarra. Asimismo, culpó al anterior Congreso de no respetar el debido proceso.
“En la gestión anterior de este Congreso no hubo el debido proceso al administrar esta denuncia (...). Mi gestión dirigiendo la Contraloría General fue frontal y eso no es ajeno a nadie. Siempre cuestioné cualquier acto de corrupción o probable corrupción (...). He visto a los ojos a la corrupción y por luchar contra la corrupción me sacaron del cargo. Por denunciar a los corruptos me sacaron del cargo y de la institución donde trabajé 20 años”, dijo durante su intervención en el pleno.
Como se recuerda, en enero de 2022 Alarcón presentó un escrito ante la subcomisión del Parlamento para que se archive su caso, argumentando que los hechos presentados no constituían un delito que se le podía atribuir. “Carece de objetividad y vulnera el principio de imputación necesaria”, dijo entonces Alarcón Tejada.
