Antonio De la Haza: “Daría la impresión de que para algunos congresistas lo que debe primar es la arbitrariedad”
El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuestiona el proyecto de ley del Congreso que elimina la institución que lidera para crear la Escuela Nacional de la Magistratura y que somete a la ONPE y el Reniec.
El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, brinda esta entrevista en un momento difícil para el sistema judicial y electoral: el Congreso pretende eliminar esta institución con una ley. El magistrado cuestiona la premura con que el dictamen de esta norma fue aprobado en la Comisión de Constitución.
- ¿Qué opina sobre este dictamen aprobado?
- Como JNJ consideramos que no es el momento adecuado ni el mejor proyecto para hacer una mejora en lo que es la administración de justicia del país. Y digo esto porque lo que está planteando no es una reforma, lo que está planteando es algo que no cuenta con los respaldos de los principales entes técnicos que tiene el propio Estado, como puede ser el Ministerio Público, la misma JNJ y los colegios de abogados. Estamos encontrando únicamente una propuesta que no ha sido debidamente evaluada y estimo que no cuenta con el consenso para poder implementarse. Porque no se trata solamente de tener una norma, sino de lo que se trata es de tener una norma que sea eficaz. Y la eficacia no solamente es el número de personas, sino de dónde se van a obtener los recursos económicos para llevar adelante esta modificación constitucional.
- Ustedes enviaron una opinión técnica al Congreso sobre ese proyecto de ley, pero no les hicieron caso.
- Sí, como JNJ, nos hicimos presente y manifestamos en forma expresa que no es el mejor proyecto y no es el mejor momento. La JNJ no tiene ni cinco años de su creación, que fue en el año 2018; además, la existencia de la JNJ es producto de un referéndum. Y dentro de ese referéndum, la JNJ tuvo una aprobación de más del 86% de la población. Y lo que es más importante es que se olvida que al momento existe una política pública que la JNJ está llevando adelante, conjuntamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
- ¿Qué sensación le deja que todas las opiniones técnicas coinciden en contra de este proyecto, pero al final lo que prima es la fuerza de los votos?
- Lo que yo observo es que hay una incoherencia y está por el lado de las autoridades, porque algunos congresistas estiman que son del primer poder del Estado y se olvidan que independientemente del poder, todos estamos sometidos a la misma regla, y esta regla se llama Constitución Política del Perú del año de 1993, que ha demostrado, a pesar de todas sus deficiencias, que puede tener cierto grado de satisfacción y cumplimiento para lo que es el buen quehacer de la ciudadanía (…). Y es en ese equilibrio de poderes que se construye la democracia y no mediante estos mecanismos que aparentan ser para algunas personas como irracionales.
- ¿A estas alturas no podemos decir que ya estamos en una especie de dictadura parlamentaria?
- No me atrevería a calificarlo de esa manera, considerando que mi función es netamente administrar justicia para los jueces y fiscales. Yo sí le podría indicar que la arbitrariedad se presenta cuando hay un poder del Estado que se cree único. Eso sí le podría manifestar.
- ¿Y en este caso el Congreso se cree el único poder?
- Estimo que hay algunos congresistas que se olvidan de la evolución que ha tenido el derecho constitucional, desde sus orígenes, desde la Revolución francesa que se toma como referencia y la evolución que ha habido desde lo que significa la creación del Estado: el Estado liberal, el Estado social de derecho, el Estado democrático de derecho y el Estado constitucional de derecho. Y el Estado constitucional de derecho tiene como bandera básica los derechos humanos y el respeto a la Constitución.
- Me mencionó que la JNJ nació producto de un referéndum, pero los congresistas que aprueban esta ley sostienen que ellos también representan la voluntad popular.
- Independiente de la forma en que fuimos electos, todo ciudadano, incluyendo los congresistas, están sometidos a la misma regla, y la regla es la Constitución. Y lo que no se puede llegar es a la arbitrariedad. Y diera la impresión de que para algunos congresistas lo que debe primar es la arbitrariedad, y eso no es correcto. Lo que debe primar es la razón. Si es una aparente razón que responde a criterios subalternos eso no nos lleva a ningún lado. Y, es más, a los organismos internacionales les llama la atención el crecimiento y el desarrollo que puede haber logrado el país y cómo un grupo de personas está destruyendo todo el avance que hemos tenido.
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- Muchas instituciones extranjeras se están pronunciando alertando de este peligro, pero el Congreso pareciera que fuera como una isla. ¿Quién los detiene?
- La razón es lo único que puede detenerlos. O sea, lo que está sucediendo es que puede haber un grupo de personas, no todos los congresistas, sino algunos congresistas que están perdiendo la razón del sentido de su cargo y están pensando en sus intereses personales antes que los intereses del propio país. Y hay una confusión: llegan al poder y piensan que la mejor alternativa es lo que ellos creen que es. Y no es así. Nosotros respondemos a políticas públicas.
- ¿No siente que la JNJ está sola en medio de todo esto? Sola en medio de este deterioro institucional.
- No creo que estemos solos. En realidad, no siento la soledad. Siento que estamos acompañados por los ciudadanos. ¿Y de qué maneras nos acompañan los ciudadanos? La mejor forma de acompañar es haciendo notar en qué puntos hacen sentir su descontento de que este proyecto de ley no es lo más apropiado para una mejor administración de justicia. No se trata necesariamente de salir a las calles, lo que se trata es de convencer que lo que se está proponiendo no es apropiado. Y podemos ver, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima (CAL), que el día de ayer también sacó un comunicado haciendo notar la falta de seriedad en el proyecto que fue aprobado por el Congreso.
- ¿El intento de eliminar la JNJ no es una venganza por la destitución de la fiscal Patricia Benavides?
- Independiente del cargo que uno cumpla, uno responde a la institucionalidad. Y es cierto, puede haber algunas personas que no estén de acuerdo con la decisión que hemos tomado, pero lo más importante es que nosotros fuimos elegidos para cumplir una finalidad: sancionar, independiente de la persona, a quien haya cometido una infracción. Habrá personas que no estén a favor, pero también es cierto que la gran mayoría de los ciudadanos están conformes y buscan un cambio en lo que se refiere a la administración de justicia. Mal haríamos de ocultar omisiones o faltas que pueden haber cometido un funcionario público, en este caso, como puede ser un juez o un fiscal supremo.
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- Tras un año en que son blancos del Congreso, ¿por qué no presentan una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional? Este proyecto de ley, en teoría, ¿no afecta las funciones de la institución?
- Sí, es correcto. Hay algunos que han planteado eso o por qué no planteamos una acción de inconstitucionalidad. Estimamos que habíamos dado razones suficientes para que los miembros del Congreso se dieran cuenta de que el proyecto de ley que estaban proponiendo no era lo más adecuado y apropiado en el momento. Y ahora no hemos dado con la sorpresa de que no ha sido así. Nosotros, indiscutiblemente, no estamos dejando de evaluar cualquier tipo de medida que esté dentro del ordenamiento jurídico.
- ¿O no lo pueden presentar porque todavía no fue aprobada en el Pleno?
- Lo que sucede es que también debe evaluar usted que necesitamos reunirnos con el pleno de la JNJ. O sea, solamente está ahora en debate la ley, ha sido aprobado en la Comisión de Constitución y debe seguir su trámite regular.
- Independiente de la opinión técnica que ustedes enviaron en su momento, ¿no los invitaron a participar en una sesión en la que puedan ustedes absorber las preguntas de los parlamentarios?
- Nos invitaron a una sesión que tuvo un tiempo más o menos de duración de diez minutos. En ese momento sí dimos las respuestas debidas, pero, como comprenderá, el debate no se centra solamente en una comisión. Esto es algo más. Estamos hablando de cómo queremos nosotros la administración de justicia en el país. Y en el fondo significaría aprobar para mí y para algunos miembros de la JNJ un retroceso. ¿Por qué digo que es un retroceso? Porque lo más importante es separar lo que es lo jurídico de lo que es lo político. Y el mecanismo de elección de los jueces y fiscales que habíamos optado en el caso del Perú era lo más eficiente. ¿Cuál era lo más eficiente? Que no sea la misma autoridad que se autoevalúe. De esa manera, coges un ente externo que es netamente técnico, que no tiene un apasionamiento que puede haber con alguna persona que esté involucrada o relación amical o parental, lo que uno quiera poner, o profesional.
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- ¿Y va a ser una autoridad de control del Poder Judicial y el Ministerio Público la que se encargue de sancionar a los jueces y fiscales con esta ley no?
- La propuesta va por ese lado, que sea el mismo Poder Judicial que sancione a sus propios miembros y no sea un ente externo.
- Eso no garantiza un debido proceso.
- Es que, ¿qué es lo que así ha funcionado en el país? Lo que ha funcionado en el país es la independencia de entes. Y, por lo tanto, si ha funcionado la independencia de entes, ¿por qué vamos a retroceder? Y como le manifestaba, la JNJ tiene menos de cinco años de existencia. Y dentro de esos cinco años de existencia, para los miembros que estamos y para cierto grupo de la población, nosotros hemos demostrado cierto grado de deficiencia. Hemos sancionado a más de la mitad entre jueces supremos y fiscales supremos, que en promedio suman 20 personas. Y de acuerdo a la estadística, que los números no nos engañan, debemos manifestar, por ejemplo, que de un total de 308 procedimientos que ha habido, hemos sancionado a jueces supremos en un promedio de 15. Y la diferencia, es decir, 293 entre jueces y fiscales han sido de nivel inferior. Eso te demuestra resultados. Eso demuestra que el modelo, tal como está pensado, sí funciona.
Congreso: proyecto de ley afecta autonomía de la ONPE y Reniec
- Este proyecto de ley también plantea que el Congreso elija a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Reniec. ¿Cómo toma esta modificación?
- Desde el punto de vista técnico es un retroceso. Porque si nosotros estamos hablando de independencia de poderes, organismos públicos constitucionales autónomos, organismos especializados, organismos ejecutores, ¿cómo el Congreso, que es un órgano político, va a elegir y controlar, supervisar al mismo jefe de la ONPE y del Reniec que se encarga de llevar adelante parte del proceso de elección? ¿Cómo va a estar subordinado? Por más que se diga que pueden tener tales características, quienes deben de ser las personas que puedan postular a ser jefe de la ONPE y del Reniec, de eso no se trata, se trata del control. ¿Cómo ejerzo ese control? ¿Cómo ejerzo el poder? Acá no respetamos la independencia.
- Escuché a la congresista Gladys Echaiz alegar que el Congreso elije al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional y no ha pasado nada malo. Pero en el caso del jefe de la ONPE, él es quien supervisa el uso del financiamiento público directo de los partidos políticos representados en el Congreso. ¿Esta ley no es como que el jugador elija a su árbitro?
- Correcto. En una forma sencilla, como lo está manifestando usted, es correcto. Y es precisamente lo que se debe evitar. Eso hace dudar sobre la independencia. Y es lo que debemos de garantizar, que no quede ninguna duda sobre su elección. Entonces, la mejor forma de elección es que sea otro ente como ha sido en forma indirecta.
Ejecutivo se subordina al intento del Congreso de eliminar la JNJ
- El ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo que el proyecto de ley que elimina la JNJ es una decisión política como lo fue en 2018 cuando fue eliminado el Consejo Nacional de la Magistratura.
- Si bien es cierto que el Congreso puede hacer reformas constitucionales, eso no significa que todas las reformas que pueda hacer, aun cuando sean legales, sean legítimas en la forma de efectuarlo. Es una institución joven la JNJ, que no tiene ni cinco años de existencia en la sociedad y su existencia responde a una coyuntura y la mejor forma de saber que esa entidad es lo que quiere el ciudadano es que fue hecha por un referéndum. La institución que quieren crear ahora, que se llama Escuela Nacional de la Magistratura, no responde a ese criterio de autonomía, de respaldo y de legitimidad. La JNJ tiene una legitimidad mayor que, desde mi punto de vista, no tendría la Escuela Nacional de la Magistratura. La forma puede ser constitucional, no lo puedo negar, pero en esa forma constitucional los entes técnicos indican que no es lo más apropiado, no tiene una forma de financiamiento, no tiene una forma de desarrollo global que vea cuál es el fin.
- Los magistrados de la JNJ han sostenido una reunión con los miembros de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad?
- Es correcto.
- ¿Qué les han manifestado respecto a esta situación?
- Como buenos diplomáticos, como usted comprenderá, no son muy abiertos a hacer sentir qué es lo que ellos ven. Sin embargo, debo de hacer notar que ellos han venido a escuchar cuál es la perspectiva de lo que nosotros tenemos sobre lo que está ocurriendo en el país en temas generales, que va desde lo que puede ser la administración de justicia, el proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso y cómo este podía o no afectar la independencia que debe tener un organismo constitucional autónomo como la JNJ, cuya existencia es, como te repito, muy joven.
- Quien sí se pronunció fue la misión de observación de la JNJ y concluyó que está en peligro la integridad electoral del país. No solo es un riesgo de deterioro del sistema de justicia, sino también del sistema electoral porque la JNJ elije a los jefes de la ONPE y del Reniec y el Congreso pretende cambiar eso.
- Eso está vinculado con lo que nosotros podríamos entender como interferencia, porque el interferir no solamente es a una entidad, tú puedes interferir a una serie de entidades. Entonces la preocupación va por ese lado, porque en un modelo que nosotros denominamos Estado constitucional de derecho, puede haber un poder del Estado que se exceda en ese punto de vista. Y es lo que se aprecia y la preocupación de todos los organismos internacionales es esa posibilidad de que quieran copar el poder en forma indebida, lo cual no respondería a lo que se está buscando para el desarrollo de un país. Y como te manifesté hace un instante, la preocupación máxima de los organismos internacionales es: si han tenido una constitución que ha respaldado un desarrollo mínimo, como es que el mismo país se está, digámoslo así, autodestruyendo por decisiones que no responden a criterios técnicos y da la impresión para algunas personas que esto responde a intereses personales antes que a intereses en beneficio del Estado-Nación.
- Otro tema importante es el plazo que tiene el defensor del pueblo para convocar al concurso de los nuevos miembros de la JNJ. ¿Ese plazo cuándo empezó a correr?
- La norma, de acuerdo a nuestra ley orgánica, el defensor del pueblo por lo menos debe estar convocando seis meses antes del vencimiento de nuestro mandato, que es el 6 de junio del próximo año, del 2025, él debería estar convocando el concurso público para saber quiénes van a ser los siete miembros que van a formar parte de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros le hemos hecho el requerimiento en enero y a la fecha lo único que ha avanzado es en nombrar al secretario técnico, que va a ser una persona de confianza, y la designación del representante tanto de las universidades. Pero eso no es todo (...) el Defensor del Pueblo debería convocar en el más breve plazo y eso es...
- Dijo 6 de junio. Este jueves debió iniciar
Seis meses antes, seis meses antes del plazo. Nosotros deberíamos de contar ese plazo a partir de la fecha 6 de junio. Pero lo más importante es saber que existan buenos ciudadanos, que sean juristas, abogados, que deseen participar, pero no se nota o no aprecio que haya abogados que deseen participar en este concurso público y la razón es obvia, ¿cómo van a querer participar en un concurso público donde ven que el mismo Congreso trata de desintegrar a la JNJ?. Entonces, eso no ayuda a llevar adelante este proceso y lo que lamento mucho es que se quieran hacer estos cambios en corto plazo, sin un debate mesurado para llevar adelante este proyecto de ley cuando el mandato de la JNJ ya está por concluir. Nosotros terminamos el 6 de enero del año 2025. Nos quedan seis meses y automáticamente deberíamos de ceder la posta a los otros siete miembros de JNJ y esto, en realidad, no ayuda a poder desarrollar lo que implica vivir un estado constitucional de derecho.
- Es posible que, en caso se apruebe ese proyecto de ley en esta legislatura, la segunda votación sea en agosto. ¿Es posible llegar a ese mes con un concurso público para la JNJ en proceso? Porque el riesgo sería que se apruebe la segunda votación de esta reforma constitucional cuando haya un concurso público en marcha.
- Exacto. Vamos a suponer que con el Defensor del Pueblo, dependiendo cómo cómo esté llevando sus plazos, en el mejor de los casos para él, la convocatoria debería estar hecha en julio. Eso significaría, como bien indica, que en agosto podría haber una situación totalmente adversa. ¿Cómo quedaría ese concurso? Trunco.
- ¿Quién va a querer postular a una institución que posiblemente en agosto la van a eliminar?
- Por eso le decía que la propuesta (de eliminar a JNJ) no es el momento para llevarla adelante. Falta debate. No es solamente ideas, sino que esas ideas deben tener una finalidad. Y esa finalidad no se aprecia.
