Comisión de Alejandro Aguinaga aprueba ley que somete a las ONG
Persecución. La Embajada de Canadá le había alcanzado varias observaciones; sin embargo, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen con 12 votos. De aprobarse en el Pleno, las ONG podrán ser denunciadas de oficio.
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Un patrón de conducta de las comisiones ordinarias del Congreso presididas por parlamentarios de Fuerza Popular (FP) cuando elaboran y aprueban los dictámenes de sus proyectos de ley es que no hacen caso a las observaciones que les presentan diferentes instituciones.
Este miércoles la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, que preside el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, no fue la excepción: aprobaron un dictamen que atenta contra las organizaciones no gubernamentales (ONG), pese a las observaciones recibidas.
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Con 12 votos de los parlamentarios del fujicerronismo y sus bancadas aliadas, la comisión de Alejandro Aguinaga dio luz verde a esta propuesta que somete a las ONG a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y plantea una serie de requisitos y sanciones.
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De aprobarse esta ley en el Pleno del Congreso, APCI tendrá bajo la lupa que las ONG utilicen de manera adecuada sus recursos financieros y elaborará un registro de las organizaciones que, a su criterio, hacen activismo político con sus fondos.
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"Se considera toda organización o entidad que desarrolla activismo político a aquel que busca modificar las políticas públicas o resultados electorales en favor de intereses de entidades extranjeras", dice la iniciativa.
Para el fujimorismo y sus aliados, debe ser considerada como una infracción grave que estas organizaciones destinen recursos a actividades “que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afectan al orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno”. Esto es una referencia a las marchas y movilizaciones.
El dictamen de la comisión de Aguinaga faculta a la APCI a denunciar a las ONG ante el Ministerio Público y a aplicar sanciones que van desde la multa, la suspensión y la cancelación.
El dictamen parte de seis proyectos de ley, uno de ellos presentado por Aguinaga y otros de José Cueto, de Honor y Democracia; María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP); y Juan Burgos, de Podemos Perú.
Congreso se zurra en las observaciones
Esta ley fue aprobada, pese a que el martes 4 el encargado de negocios de la Embajada de Canadá, Andrew Ng, le envió un oficio al legislador Aguinaga para solicitarle una reunión y le alcanzó sus observaciones contra esta iniciativa de ley.
De acuerdo con esta embajada, dichas propuestas de ley “generan múltiples preocupaciones por las confusiones que crean en términos sobre cómo operarían los donantes y las organizaciones de la sociedad civil en el Perú, y cómo estas disposiciones se relacionan con las obligaciones y estándares internacionales”.
También considera que la propuesta “afecta a la libertad de asociación, genera confusión respecto a sus requisitos tanto para los donantes como para las ONG, establece poderes imprecisos para una unidad administrativa del Ejecutivo (APCI) de naturaleza cuasijudicial en términos de obligar la disolución de organizaciones y la sanción de sus funcionarios”.
Además, alerta de que propicia la desinformación y estigmatización sobre el trabajo y las contribuciones de los actores y donantes de la cooperación internacional y de la sociedad civil.
Pero la comisión de Aguinaga no tomó en cuenta estas observaciones. Se impuso, otra vez, la fuerza de los votos.
