Congreso: empresa presenta cheques de la estafa de Alejandro Soto
Pruebas. La empresa Transportes Wayna Picchu, que fue víctima del engaño de Alejandro Soto, entregó al juez Carlos Román evidencia documental de la compra de un terreno a precio supersobrevalorado.
En el lapso de 8 meses, la fortuna de Alejandro Soto Reyes cambió radicalmente. Compró un terreno a la comunidad campesina de Ayamarca por US$5 mil. Luego, aprovechando su posición de asesor legal de la empresa donde trabajaba, Transportes Wayna Picchu, convenció al directorio para adquirir el mismo predio por US$265 mil.
Transportes Wayna Picchu sostiene que el directorio, que aprobó la adquisición del terreno a la comunidad campesina, desconocía que el verdadero propietario era el mismo Alejandro Soto.
La empresa descubrió el engaño 5 años después, cuando practicó una auditoría y descubrió que el pago de los US$265 mil por el predio fueron extendidos a nombre de Alejandro Soto Reyes, en 2012: US$200 mil el 26 de noviembre y US$65 mil el 24 de diciembre.
Como parte del proceso para obtener de Alejandro Soto el pago de una reparación civil por daños y perjuicios por S/323 mil, Transportes Wayna Picchu entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil los documentos obtenidos por La República, que confirman que los cheques estaban a nombre de Soto y que él mismo los recibió, como acreditan sus firmas y huellas digitales.
En su defensa, Soto ha dicho que la empresa “recién” le hizo el reclamo por la compra del terreno 5 años después.
Cómplice. Exgerente general de Transportes Wayna Picchu, Mario Sequeiros Fajardo. Foto: difusión
El año del destape
Y, en efecto, así fue. En 2017, Transportes Wayna Picchu detectó el engaño que hizo el congresista en complicidad con otros integrantes de la empresa y personas ajenas a la misma. Soto simuló que nada tenía que ver con la propiedad del predio, pero el gerente general de ese entonces, Mario Sequeiros Fajardo, sí lo sabía, por eso emitió los dos cheques a nombre de Alejandro Soto.
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“Se hicieron diversas auditorías y un proceso de reestructuración contable, de donde salió la información de una serie de irregularidades que cometieron los imputados y en las que participó Alejandro Soto en perjuicio de la empresa Wayna Picchu”, explicó el abogado de la compañía estafada, Darwin Urquizo Pereira.
“Las auditorías no se hacen de la noche a la mañana, toman su tiempo. Es así que con los informes de auditorías entregadas en 2017, la junta de accionistas decidió denunciar a los responsables, entre ellos Alejandro Soto, por todo lo que cometieron en agravio de la empresa”, añadió Urquizo.
También fueron parte de la trama la contadora de Transportes de Wayna Picchu, Datne Flores Medina, y el corredor inmobiliario Juan Durand Gonzales, quien ocultó que el terreno era de Soto.
Se suma a estos el ingeniero agrónomo Marco Quenta Escalante, que elaboró el informe sobre el terreno con una extensión mucho menor.
Otro cómplice. El corredor inmobiliario Juan Durand Gonzales fue parte de la jugada. Foto: composiciónLR/difusión
Gato panza arriba
La fiscal Etel Marquina Rodríguez corroboró los hechos y solicitó 8 años y 8 meses de prisión para Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica, y también requirió penas para sus cómplices.
La defensa de Alejandro Soto intentó distintas argucias para librarse de la imputación de la fiscal Marquina, y todas fueron rechazadas, como la figura de la prescripción, por lo que fue llevado a juicio, como reveló una investigación de La República.
Soto consiguió postergar hasta el 21 de julio de este año la audiencia para escuchar su sentencia, mientras que al mismo tiempo aprovechó para poner en la agenda del Pleno del Congreso el debate para la aprobación de la ley de prescripción que lo salvaría de una condena de cárcel.
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El propio Alejandro Soto votó a favor del dictamen y finalmente se promulgó la Ley N° 31751, que le calzaba como anillo al dedo, y el 14 de julio de este año solicitó de inmediato acogerse a la norma para que se declarase archivada la acusación fiscal en su contra.
Es un caso penal
El juez Carlos Román aceptó el pedido de Soto el 21 del mismo mes, y el 24 de julio emitió la resolución archivando el caso contra Soto, convenientemente 48 horas antes que fuera elegido presidente del Congreso.
Sin embargo, Alejandro Soto no se libró del pago de la reparación civil. El mismo juez Carlos Román señaló en su resolución, que archivó la acusación contra Soto, que procedía que la parte agraviada, Transportes Wayna Picchu, solicitara el pago de la reparación civil. Con la prescripción, Soto evitó una sentencia judicial, pero no así borró el delito de estafa, por eso debe pagar a la compañía que engañó.
Datne Flores Medin y Marco Quenta Escalante. Foto: composiciónLR
Por eso es que Transportes Wayna Picchu entregó al juez copia de los cheques que son la prueba de la estafa que perpetró el ahora presidente del Congreso.
“Este proceso no solo tiene connotaciones civiles, como dice Alejandro Soto, sino también connotaciones penales, por esa razón la fiscal Etel Marquina presentó una acusación contra todos los imputados”, recordó el defensor de la empresa Transportes Wayna Picchu.
Darwin Urquizo señaló que el delito de estafa que se le imputó a Alejandro Soto Reyes se basa en el timo, en el embaucamiento, en la defraudación y en aprovecharse de la fe de las personas en beneficio propio.
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“¿Qué significa la estafa? La estafa es alterar la realidad, engañar mediante una argucia a la persona agraviada con el fin de beneficiarse económicamente y eso es lo que ha hecho Alejandro Soto”, arguyó Urquizo.
Indicó que el directorio le había confiado agotar todos los recursos para que el caso no quede impune.
“Vamos a luchar para que Alejandro Soto pague la reparación civil y el perjuicio que ha ocasionado a la empresa Waynapicchu”, aseguró.
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“Ocultó que la Ley 31751 lo beneficiaba”
Así como ocultó a la empresa Transportes Wayna Picchu que sería el principal beneficiado de la compra de un terreno de US$265 mil, de la misma manera se quedó callado cuando se aprobó la ley a la que luego recurrió para “matar” la denuncia fiscal en su contra.
“Este caso es especial porque Alejandro Soto no mencionó que iba a salir beneficiado. No dio cuenta, no advirtió a nadie, no cumplió con su deber de decir que no podía participar en el debate y votar en un proyecto porque lo iba a beneficiar”, indicó el abogado Darwin Urquizo.
“Más allá de las buenas intenciones, Alejandro Soto lo ocultó para obtener un beneficio personal en la aprobación de esta ley, que tuvo una consecuencia lamentable, al menos en nuestro caso”, manifestó el defensor de Transportes Wayna Picchu. Soto llegó a decir que no pidió acogerse a la Ley N° 31751, pero no era cierto.
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Cheques a nombre de Soto
Cheques por US$265 mil a nombre de Alejandro Soto, quien pagó por el mismo predio US$5 mil a una comunidad de campesinos pobres.
