Alejandro Soto: las maniobras del presidente del Congreso para hacerse acreedor de más de US$260.000
Cuando era asesor legal de Transportes Waynapicchu, Soto impulsó con el directorio la compra de un predio valorizado en US$265.000. El vendedor, sorprendentemente, era él mismo. ¿Cómo lo logró?
Mucho se ha hablado respecto a que Alejandro Soto, el flamante presidente del Congreso, impulsó la aprobación de la Ley 31751 para posteriormente apelar a dicha norma ante el Poder Judicial para librarse del delito de estafa que pesaba contra él. No obstante, de lo que no se ha verbalizado es del delito en sí, que, si bien data como archivado gracias a la 'ley Soto', no lo exculpa de presuntamente cometerlo. Este lunes, un informe de La República detalló paso a paso cómo se habría perpetrado la infracción que culminó con Soto recibiendo un total de US$265.000 de la misma empresa en la que ya trabajaba como asesor legal.
El hecho
La investigación por delito de estafa y falsedad genérica en contra de la empresa Transportes Waynapicchu S. A., a cargo de la fiscal Ethel Marquina Rodríguez, no solo implicaba a Soto en este caso, sino también al exgerente general de dicha empresa, Mario Sequeiros Fajardo, así como a José Durand Gonzalez, corredor de la inmobiliaria Los Faros.
El caso dio inicio el 24 de diciembre del 2012, cuando, como si se tratase de un regalo anticipado de Navidad, la empresa Transportes Waynapicchu, que contaba con Alejandro Soto como asesor legal, suscribía un contrato con Durand Gonzales por la compra de un terreno en la comunidad campesina de Ayamarca Pumamarca, en el distrito de San Sebastián, en Cusco.
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La suma era cuantiosa: US$265.000 dólares fueron desembolsados por Transportes Waynapicchu por la compra de un terreno que estaba valorizado en apenas unos US$5.000. La adquisición fraudulenta pudo haber pasado desapercibida, ya que el nombre de Soto nunca estuvo en los papeles oficiales; sin embargo, cuando cambió la gestión en el directorio de la empresa unos 5 años después, en el 2017, la compra fraudulenta fue alertada por medio de una auditoría, develando las maniobras del actual presidente del Legislativo.
Las movidas de Soto
La pregunta que surge es cómo logró Soto hacerse de tal monto si oficialmente no estuvo inmiscuido en la compra. Pues bien, para llegar a este hecho, existió un personaje clave cuyo nombre sí fue consignado en el contrato de compra-venta y que finalmente delató al parlamentario Juan Durand Gonzáles.
En el informe de Doris Aguirre se detallan las declaraciones de Durand. "Me tocó atender a Alejandro Soto Reyes por el terreno ubicado en el distrito de San Sebastián. Se hizo la respectiva publicación de su terreno. Luego vinieron cuatro personas que decían que eran de la empresa Waynapicchu, de la que no tenía conocimiento. Estas personas estaban interesadas en el terreno, así que les puso en contacto con el propietario", refirió Durand para la Fiscalía.
Segun Durand, existieron reuniones para discutir la adquisición y todas ellas se hicieron en la casa de Soto, pero aunque estuvo presente durante todo el proceso, para la hora de la firma, su ausencia se hizo palpable; y , en su reemplazo, el firmante final del documento fue Juan Durand Gonzales.
En sus declaraciones, Durand Gonzalez explica los motivos refiriendo: "Firmé la minuta a favor del vendedor (Alejandro Soto) porque (me) dijo que no tenía tiempo, ya que viajaba mucho. Luego se les entregó el terreno, y, posterior a ello, no (tuve) mayor participación. Cabe precisar que en el procedimiento de venta siempre se contacta con el propietario, con quien fija el precio final, pues la inmobiliaria solo le otorga un precio referencial".
De esta manera, el nombre de Soto no figuraba en el documento final, evitando ser identificado en el contrato como vendedor. Su implicancia no solo fue en ese aspecto. Marco Sequeiros, exgerente general, afirmó ante la fiscal que fue el mismo Alejandro Soto quien ofertó el predio, desde su posición como asesor legal de Transportes Waynapicchu. Y no solo eso: fue él también quien los puso en contacto con Durand.
"Fue Alejandro Soto quien dio a conocer acerca del predio que estaba ofertando la inmobiliaria Los Faros y nos puso en contacto con el corredor Juan Durand Gonzales. (El Directorio tomó la decisión de la compra) con las opiniones de la asesora contable Datne Flores Medina y el asesor legal Alejandro Soto Reyes”, se lee en el informe.
Una compra reservada
Un detalle que es importante rescatar es que ni la empresa estaba del todo al tanto de quién era el propietario del predio sobrevaluado que se adquirió, pues, según Alejandro Sequeiros Fuentes, exfiscalizador de la empresa estafada, "los únicos que intervinieron en dicha compra fueron el exgerente Mario Sequeiros y la contadora Datne Flores”.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024