Empresa estafada por Alejandro Soto solicita una reparación civil por S/324.000
El representante legal de Transportes Wayna Picchu sostuvo que, tras declararse consentida la prescripción del proceso penal en contra del presidente del Congreso, no irá a la cárcel, pero deberá pagar una reparación civil.
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Apunta a un resarcimiento económico. Luego de que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco resolviera consentida la resolución que declara prescrito el proceso penal en contra del presidente del Congreso, Alejandro Soto, por estafa en agravio de la empresa Transportes Wayna Picchu, la compañía busca ahora el pago de una reparación civil. Así lo expresó Darwin Urquizo, abogado de la parte afectada, quien comentó que el monto solicitado asciende a S/324.000.
“La resolución que declara prescrito el caso ya fue declarada consentida. Ya no hay algún remedio legal o posibilidad de que pueda ser anulada. Ya es cosa juzgada, tiene validez y no se puede revertir. Lo que nos queda a nosotros ahora es solicitar la instalación del juicio oral respecto a la reparación civil. (…) Por los hechos que lo involucran, él debe pagar S/324.000, pero aquí hay otros imputados y la responsabilidad es solidaria. Él y los otros imputados tienen que pagar esa cantidad”, declaró a Canal N.
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La estafa a Transportes Wayna Picchu
El titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto Reyes, compró una casa por US$252.000 con presunto dinero obtenido de estafa. En el 2012, el congresista le vendió un terreno por US$265.000 a la empresa en la que trabajaba como asesor legal, Transportes Wayna Picchu. Lo hizo ocultando que ocho meses antes había adquirido el mismo predio por US$5.000 de una comunidad campesina. En octubre del 2015, compró un lujoso inmueble ubicado en el distrito cusqueño de San Jerónimo, presuntamente con el dinero de la venta anterior. El hecho fue denunciado —tras tomar conocimiento de lo ocurrido por medio de una auditoría a su patrimonio— por el nuevo directorio de Transportes Wayna Picchu.
La empresa descubrió que el actual presidente del Congreso, en complicidad con miembros del anterior directorio, hizo que esta abonara US$265.000 por un predio por el que el congresista había pagado US$5.000. Existió un pedido fiscal de una pena de 8 años y 8 meses contra Alejandro Soto, pero cuando, en julio del 2023, el juez cusqueño Carlos Morán Gil tenía que sentenciarlo, el parlamentario se acogió a la prescripción del caso con la aplicación de la Ley n.º 31751, la cual él mismo impulsó.
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Precisamente, la iniciativa que salva a Alejandro Soto de la cárcel es conocida como la ‘ley Soto’. En mayo de este año, se aprobó la Ley 31751 después de que el parlamentario incluyera su discusión y votación en el programa legislativo. Soto estaba a punto de enfrentar las consecuencias de una sentencia por fraude, pero esta legislación impidió que fuera sometido a un proceso legal. En conclusión, una ley promovida por él terminó beneficiándolo.
Finalmente, este miércoles 16 de agosto, La República hizo públicos 2 cheques por US$265.000 que prueban la estafa a Transportes Wayna Picchu. Al hacer una auditoria, la empresa descubrió que el abono de los US$265.000 por el predio fue extendido a nombre de Alejandro Soto Reyes, en 2012. El pago se distribuyó de la siguiente manera: US$200.000 el 26 de noviembre y US$ 65.000 el 24 de diciembre. Los hechos se dieron cuando el parlamentario se desempeñaba como asesor legal, con el apoyo de otros miembros del anterior directorio.
