Investigados en el caso Los Niños proponen restituir la inmunidad parlamentaria
Contrarreforma. Acción Popular presenta proyecto para evitar que los congresistas sean procesados o detenidos en flagrancia por delitos comunes.
La República en GoogleEl grupo parlamentario Acción Popular presentó ayer un proyecto de reforma constitucional con el fin de restituir la inmunidad parlamentaria. Los nueve legisladores que firman esta propuesta actualmente forman parte de una carpeta fiscal de investigación por el denominado caso Los Niños.
El texto tiene como autor principal al legislador representante de Huancavelica, Wilson Soto Palacios, quien propone modificar el artículo 93 de la Constitución para volver a regular el privilegio de la inmunidad parlamentaria. Este legislador forma parte de la carpeta de investigación fiscal 204-2022.
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Pero el proyecto tiene también la firma de otros ocho legisladores de Acción Popular: José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Mori y Luis Aragón Carreño.
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Según la carpeta fiscal 204-2022, estos ocho legisladores también están comprendidos en el caso Los Niños.
Los nueve que firman la propuesta son investigados en el caso Los Niños. Foto: composición La República
Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. La carpeta comprende a un total de 26 parlamentarios.
Retroceso
Actualmente, el artículo 93 de la carta magna establece que los procesos por delitos comunes imputados a congresistas son de competencia directa de la Corte Suprema de Justicia.
El constitucionalista Omar Cairo explicó que si prospera la reforma, los congresistas que cometen delitos comunes ya no podrían ser procesados ni detenidos en casos de flagrancia; pues se tendría que pedir autorización previa al Parlamento. “Y el Congreso podría no autorizar la detención en caso de flagrancia”, detalló.
“Durante toda la historia de vigencia de la inmunidad parlamentaria, solo ha servido como herramienta de negociación y encubrimiento”, comentó el constitucionalista.
Además, recordó que los congresistas actualmente tienen antejuicio político para posibles delitos vinculados con sus funciones parlamentarias. Es decir, frente a hechos que cometen en el ejercicio de sus funciones, aún es necesario pedir autorización al Congreso para el procesamiento en sede judicial.
“Si el Congreso aprueba esa reforma, sería ampliar esa protección a otros delitos ajenos a sus funciones”, alertó, al tiempo de considerar que sería un retroceso lamentable para un Poder Legislativo que es rechazado por nueve de cada diez peruanos, según todas las encuestas de opinión.
Proyecto de reforma
Plantean modificar el artículo 93 de la Constitución para que el Congreso autorice todos los procesos contra los legisladores.
