Congreso costea policlínico de S/2 millones, pero mantiene deuda por el expediente técnico
Empresa familiar viene reclamando, desde el 2020, el pago de un expediente técnico realizado durante la gestión de Manuel Merino, como titular de la Mesa Directiva, en los inicios de la construcción del polémico policlínico para trabajadores del Parlamento.
A fines de marzo del 2023, se conoció los planes del Congreso de la República de contar con su propio policlínico valorizado en un total de S/2 millones para la atención exclusiva de los parlamentarios y trabajadores del Legislativo. Este gasto fue defendido desde la Mesa Directiva, pese a las críticas contra este poder del Estado por los constantes reportes de gastos en estacionamientos, alfombras, televisores y otros desembolsos que son percibidos por la población como superficiales.
Este domingo 30, Cuarto Poder abrió un nuevo capítulo a esta historia, la cual vendría de mucho antes, desde la época de Manuel Merino de Lama como presidente del Congreso de la República. Ya desde el 2020, el Parlamento estaba decidido a hacer realidad la polémica construcción de un centro médico. Para ello, se contactó a la empresa de Enrique Ahumada Peña y su padre para la elaboración de un expediente técnico de la obra, por el cual nunca se le pagó a pesar de haber realizado el trabajo.
Según relata, en 21 de julio de 2020, Sandra Torres Gavilano, del departamento de logística del Congreso, invitó a su empresa Eazacc Procom SAC a participar como postora en el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del centro médico. Le daban 24 horas para enviar su cotización. Su padre Telesforo Ahumada Velásquez (gerente general) le dijo que aceptara sin saber en el problema que se metería.
El problema era que la empresa de los Ahumada no contaba, en ese momento, con el registro nacional de proveedores (RNP), un requisito fundamental para hacer negocios con el Estado. Pese a ello, le recibieron la cotización: “A pesar de ello nos envían la orden de servicio para iniciar las labores”.
El 7 de agosto, Arturo Ríos Pérez, del grupo funcional de compras del Legislativo, envió un nuevo correo notificando a la empresa de los Ahumada la orden de servicio 0000370, mediante la cual quedaba seleccionada para realizar el expediente técnico del centro médico del legislativo. Tras ello, se reunió con el ingeniero Víctor Castillo, jefe del área de Ingeniería y Mantenimiento, y también con el señor Juan Cruz, jefe del Área de Servicios Generales, quienes le entregaron los términos de referencia para el inicio de labores.
El trabajo tardó alrededor de 60 días, con una conclusión de que el proyecto era viable: “Se tuvieron que hacer excavaciones de 1 x 1 m² y de 3 m² de profundidad. Esa tierra se tuvo que llevar a un laboratorio para saber si la construcción iba a ser segura”, mencionó sobre el proyecto, que contemplaba un centro médico en un terreno de 170 m², con ambientes principales como consultorio odontológico, tres consultorios de medicina, tópico para procedimientos de consulta externa con baño propio, triaje, farmacia, hall de ingreso con espera, comedor, entre otros ambientes.
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El padre de Enrique Ahumada falleció en mayo del 2021 producto de la COVID-19, dos años después siguen sin pagarles los S/28.000 pactados. A pesar de que entregó el trabajo, en setiembre de 2020, el Congreso anuló la orden de servicio 370 y le solicitó al Tribunal de Contrataciones del Estado sancionar a la empresa por no contar con el RNP. En noviembre giró una nueva orden, que también quedó sin efecto.
En diciembre de 2020, se giró una tercera orden, la 745, cuando ya contaban con RNP, y Ahumada volvió a entregar por tercera vez el expediente técnico con más de 750 folios y un CD con archivo digital, el cual tras la salida de Manuel Merino del Congreso desapareció. La actual gestión del Parlamento señala que el caso estuvo lleno de irregularidades y que se abrió procesos administrativos a los funcionarios implicados.
