Congreso: tres legislaturas y ninguna reforma constitucional
Déficit en el Parlamento. Solo 2 propuestas de reforma constitucional han llegado a ser debatidas. En total, se han presentado 166 iniciativas para modificar la Carta Magna.
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El Congreso de la República tiene un gran problema con las reformas a la Constitución Política del Perú y no solo por mandar al archivo la propuesta del Gobierno del presidente Pedro Castillo para una asamblea constituyente. A la fecha, ninguna propuesta de modificación a la carta magna planteada por los parlamentarios del periodo 2021-2026 ha logrado ser promulgada.
La República revisó los cerca de 3.600 proyectos de ley presentados y detectó que 166 iniciativas legislativas proponen cambios a la Constitución, desde establecer el acceso al internet como un derecho fundamental hasta habilitar un adelanto de elecciones generales.
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Las propuestas son variopintas; no obstante, todas comparten algo: ninguna ha sido aprobada* (más de 87 votos en dos legislaturas consecutivas o mayoría simple y ratificación vía referéndum).
*No se considera la aprobación de la ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, debido a que esta propuesta llegó a manos de este Congreso luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la cuarta legislatura del Parlamento 2020-2021.
Las que más avanzaron
Solo 4 propuestas han sido elevadas al pleno del Congreso tras ser dictaminadas en la Comisión de Constitución, grupo de trabajo en manos del fujimorismo y la oposición.
De los 4 dictámenes que llegaron a ser incluidos en agenda, solo 2 fueron debatidos y votados.
El primer dictamen es el que propone que un miembro del Jurado Nacional de Elecciones sea un abogado elegido vía sufragio por los miembros hábiles del Colegio de Abogados del Perú. El dictamen fue aprobado por la representación nacional el 2 de febrero de este año, con 113 votos a favor. Se espera su ratificación en esta legislatura.
La otra iniciativa que se votó en el hemiciclo fue el retorno a la bicameralidad, propuesta exprés que incluía cambios de contrabando, como poder acusar constitucionalmente a las autoridades de los órganos del sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) y elegir de forma directa al contralor general de la República.
El bloque opositor pretendió aprobar esta reforma saltándose el referéndum ratificatorio, por lo que buscaron el respaldo de las bancadas de izquierda. Sin embargo, estas agrupaciones, junto a algunos acciopopulistas y otros disidentes, votaron en contra del dictamen.
El proyecto de bicameralidad obtuvo 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones.
Existen otras tres iniciativas que cuentan con un dictamen favorable, pero que aún no son debatidas por la representación nacional.
Reformas encubiertas
Al no haber consenso para alcanzar 87 votos, este Congreso se ha encargado de interpretar la Constitución a través de leyes ordinarias.
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Por ejemplo, la cuestionada ley de “desarrollo” de la cuestión de confianza, norma que invocó la semana pasada el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres.
Presentan moción de censura contra jefe de la PCM, Aníbal Torres. Foto: composición LR/Congreso
Lo cierto es que la ley 31355 acumuló un proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, la Comisión de Constitución, entonces presidida por la parlamentaria de Fuerza Popular Patricia Juárez, optó por presentar un dictamen que regulaba la cuestión de confianza únicamente vía el Reglamento del Congreso.
El mismo caso ocurre con la ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el fin de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros y atribuciones del Consejo de Ministros.
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3 dictámenes a la espera de ser agendados
Ley de reforma constitucional que eleva al Indecopi como organismo constitucional autónomo.
Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso a internet libre en todo el país.
Ley que modifica el artículo 25 de la ley 29518, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que impide la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo (acumula un proyecto de reforma constitucional).
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