Samuel Abad: “No existe un procedimiento establecido, lo cual es una violación al debido proceso”

Samuel Abad, el abogado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), advierte que la moción de orden del día que plantea una investigación sumaria a los siete miembros de esa institución ha nacido con un “defecto de fábrica”: que no existe un procedimiento establecido. “Debería caerse por varias razones”, argumenta.

—El viernes se presentaron en la Comisión de Justicia los jueces supremos César San Martín, Elvia Barrios, Janet Tello y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Sus declaraciones coincidieron en que no hubo presión de la JNJ en el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. ¿Considera que por lo menos este extremo de la moción de la congresista Patricia Chirinos terminó por caerse?

—Debería. En realidad, esta moción debería caerse por esta y por otras razones. Ha nacido con un defecto de fábrica: sin que exista un procedimiento. No se puede sancionar a nadie sin que exista un procedimiento establecido. Tanto es así que están asistiendo diversas personas sin que quede claro cuál es el tiempo o cuáles son los plazos, o qué etapa es la que viene después.

—La comisión pidió una nueva ampliación, de hecho. Y se aprobó.

—De 14 días más. En fin, es un procedimiento que podría durar la eternidad o podría ser muy breve dependiendo de la intención. Y eso evidencia que no existe un procedimiento establecido, lo que es una clara violación al debido proceso. La Constitución es muy clara cuando señala que nadie puede ser sometido a un procedimiento que no está predeterminado por ley, en el artículo 139, inciso 3. Y aquí ni el reglamento del Congreso ni la Constitución lo señalan. Cuando se aprueba una ley, hay un procedimiento; cuando se censura a un ministro, hay un procedimiento; cuando se inicia la vacancia contra un presidente de la República, hay un procedimiento; cuando se inicia un antejuicio, hay un procedimiento; pero cuando se quiere remover a los siete miembros de la JNJ, no existe. Esto se ha dicho hace mucho tiempo. Y no solamente eso, porque lo que hoy han dicho los jueces sobre esta supuesta presión ratifica lo que siempre hemos mencionado, que aquí no existe ninguna causa grave.

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—Tampoco se especifica qué significa una “causa grave”.

—No hay una norma que diga cuáles son las causas que son tipificadas como graves. y queda totalmente a la discrecionalidad y a los votos de los congresistas. Diría que se ratifica que no existe presión ni nunca existió. Aprobar una moción por un supuesto que no existe, de verdad, es algo totalmente irrazonable.

—Entonces, se desmonta la hipótesis de la presión. Quedan cuatro. ¿Hay alguna que le preocupe especialmente?

—Ninguna tiene fundamento. Lo hemos dicho en la sesión de la Comisión de Justicia.

—Sé que lo dijo. Lo planteaba más porque el Congreso se ha sabido comportar como un colectivo en donde la fuerza de los votos se ha impuesto en circunstancias que se podrían considerar incluso lesivas para el país. Ejemplos sobran. Podría aprovechar alguna de estas argumentaciones para tumbarse a toda la Junta o a algunos de sus miembros.

—Entiendo, pero de verdad que no le encuentro sustento a ninguna. ¿Por sacar un comunicado público? ¿Por supuestamente haber filtrado información, algo que tampoco ocurrió? ¿Por supuestamente no haber presentado informes al Pleno? Y el tema de la interpretación sobre la edad (de Inés Tello) que ha motivado tanto debate no tiene sentido porque, en el peor de los casos, es una discrepancia interpretativa sobre un tema que es de competencia de la Junta. Sobre eso no puede realizarse una remoción porque, con ese argumento, mañana el Congreso tiene una discrepancia interpretativa contra lo que diga el Tribunal Constitucional y remueven a sus miembros, o tienen una discrepancia interpretativa contra la Corte Suprema y la remueven. Eso es absurdo, es atacar las bases de la autonomía e independencia.

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—Insisto, esta no es una decisión en la que van a pesar necesariamente los argumentos jurídicos.

—Lo entiendo, pero como usted comprenderá, yo como abogado estoy tratando de hacer una evaluación jurídica lo más objetiva posible y desde un punto de vista jurídico no hay ningún sustento para priorizar alguna u otra. Ellos evaluarán políticamente el tema y eso es lo lamentable. Pensar que esto se convierta en un juicio político es inadmisible. Entonces, si quisieran remover a los siete integrantes de la Junta, podrían hacerlo por cualquier cosa…

—Eso es lo que le estoy planteando.

—Sí, siempre que consigan los 87 votos y sería una arbitrariedad absoluta, un rompimiento de la autonomía, independencia y el equilibrio de poderes. Lo que hay que tratar de evidenciar es que no pueden llegar a eso porque romperían con principios básicos que, a veces, a muchas personas no les importan, como a algunos congresistas que escuché ayer. Espero que algunos otros congresistas no compartan ese argumento y no den los votos para que eso ocurra.

—¿Sería un quiebre constitucional?

—Sería una medida inconstitucional, sin duda. Y no solamente inconstitucional, sino lesiva a los derechos humanos. Esto no solamente permitiría un cuestionamiento interno, sino en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto sería como volver a lo que pasó antes.

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—¿Con el TC?

—Si ellos pensaban remover a los siete y ahora quieren remover a tres, a dos o a uno, es como lo que pasó en el TC en los noventa cuando de siete separaron a tres por el tema de la reelección presidencial. Volveríamos a lo mismo. Si están en desacuerdo (con la interpretación de la JNJ) que impugnen judicialmente, para eso están los jueces. El Congreso no es un juez que va a decir “no me gusta tu interpretación y te despido porque tu interpretación es equivocada”. Es absurdo y rompe con el equilibrio de poderes.

—Precisamente, uno de los debates del jueves fue si son responsabilidades individuales o colectivas. Ustedes quisieron plantear una defensa colectiva, mientras que del lado del Congreso dijeron que las responsabilidades eran individuales. Eso sugiere que la estrategia del Congreso está virando: ya no los siete, sino algunos. ¿Qué piensa?

—Es probable que esa sea la estrategia del Congreso. La moción de orden del día dice “remover a la totalidad de los miembros integrantes de la JNJ”. Ahora la Comisión de Justicia dice que hay que buscar responsabilidades individuales. Lo que planteamos fue una defensa colectiva, de la institucionalidad que, en un país como el nuestro, es necesario fortalecer. La Junta ha ido citada a esa comisión para que den su manifestación, como si fuera una comisaría. Ni siquiera tenían claro qué era. Algunos congresistas decían “nosotros tenemos la capacidad de una comisión investigadora” y otro congresista decía “tienen que responder”, un poco más de grado o fuerza. No tenían idea de la naturaleza del procedimiento por una sencilla razón: porque no existe.

—Sobre el tema de la edad de la doctora Tello, la comisión que la evaluó no puso objeciones. El señor Blume tampoco. Y, sin embargo, entrevistado hace unos días, cambió de opinión. ¿Cómo interpreta esta situación?

—Como de poca seriedad. Lo que también hemos dicho en el informe, y está por escrito, es que este tema no es nuevo, no aparece de la noche a la mañana. Toda la comisión especial sabía que la señora Tello tenía 74 años cuando postuló y todos sabían que la designación era por cinco años, eso incluso lo dijo Blume. Es más, las bases del concurso decían que la edad límite era para postular. Nadie hubiera elegido a alguien para que esté un año o menos. Eso era una obviedad. No hay ninguna coherencia, están buscando un pretexto no solo para destituir a Inés Tello por la edad, sino a quienes dieron la resolución, la que, además, contó con el aval de una institución técnica, como Servir.

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—A la presidenta Boluarte le preguntaron qué opinaba de este tema y ella respondió que todos son investigables. ¿Esperaba una posición más firme frente a esta arremetida del Congreso?

—Hubiera sido ideal una posición más firme. Ahora, nadie es intocable, sin duda. Y nadie está diciendo que la Junta lo sea, pero hay que respetar el debido proceso y cumplir con las normas y la Constitución en las investigaciones, respetando las garantías básicas. Y es lo que no ha sucedido.

—La Junta se va en enero del 2025; es decir, el nuevo proceso de selección debería empezar en meses. Llama a sospecha la premura. ¿Cómo lo evalúa?

—Los miembros tienen un plazo de cinco años, no hay reelección inmediata; es decir, su período culmina en breve. Pero hay temas que pueden generar cierta polémica…

—¿Cuáles?

—Una de las integrantes de la Junta (Tello) está investigando a la fiscal de la Nación, quien ha presentado una demanda de amparo y ha paralizado vía cautelar la investigación, lo cual no es usual. Uno normalmente acude al Poder Judicial cuando el órgano se pronunció, no antes. Además, ha acudido a un proceso competencial para decir que la Junta no puede hacer investigaciones sobre algunos temas administrativos. Recuerde cuando un fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) trató de desactivar un grupo de investigación a cargo de dos fiscales bastante conocidos y toda la reacción que se generó, incluso con una movilización ciudadana. Entonces, no es que un tema administrativo no tenga consecuencias. Las tiene. A veces hay decisiones administrativas que no tienen fines de interés público, sino particulares y a veces fines ilegales.

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—Y el tema de las elecciones, ¿no le parece que también es una motivación extra para intentar remover a los miembros de la JNJ?

—Totalmente. El tema de las elecciones también porque la Junta no solo nombra, sino remueve a los titulares del Reniec y de la ONPE, y aquí ha habido, como saben, una reacción de cierto sector importantísimo del Congreso que sigue pensando, en su imaginación, que aquí hubo fraude electoral el 2021, cuando eso jamás existió y que todavía sigue sintiendo que algunos integrantes del sistema electoral, como el presidente del JNE y el jefe de la ONPE, deberían salir. Entonces, este sería un mecanismo de control de la Junta para lograr un fin que no corresponde, que significaría también lesionar la autonomía, de la ONPE, que es la oficina que organiza las elecciones. Recuerde que hemos tenido etapas muy difíciles donde había un señor Portillo que era famoso por la expresión “papelito manda” y lo que hizo fue garantizar elecciones fraudulentas. No es extraño que, lamentablemente, haya intereses distintos a los intereses públicos.

“Lo que buscan es llegar a tener un poder importante en algunas instituciones claves”

—¿Diría que la situación de la JNJ es parte de esta política de captura institucional que viene de un sector instalado en el Congreso?

—Algunos autores dicen que hay un equilibrio autoritario entre el Ejecutivo y el Congreso. No es un equilibrio democrático y lo que buscan es llegar a tener poder importante en algunas instituciones claves. Ha pasado con la Defensoría del Pueblo, donde han elegido a una persona que no reunía las condiciones, ni siquiera hubo concurso público. Y estas actuaciones, como pretender remover a los integrantes de la Junta, está demostrando que continúan. Tampoco es extraño ver cómo se suele utilizar la función de la acusación constitucional como una herramienta para sancionar al enemigo político y absolver al amigo. Lamentablemente, estamos viviendo esa situación en la que además tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen una bajísima aprobación ciudadana. Es un contexto que nos hace recordar etapas del pasado y deberíamos tratar de reaccionar para evitar que esto ocurra.

—¿Qué haría como defensa en caso de que se procese la remoción de uno, dos o todos los miembros de la JNJ?

—Siempre existen vías judiciales, que lamentablemente son lentas, y existen vías internacionales, como acudir al sistema interamericano, que es lo que hicieron los tres magistrados del TC cuando fueron destituidos arbitrariamente. Tarde o temprano, la defensa de los derechos básicos y la independencia se termina garantizando. El problema, como le digo, es el tiempo, pero tarde o temprano, al final, la defensa de los valores democráticos termina primando.

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