Aldo Vásquez: “Las imputaciones contra la JNJ son falaces y carecen de los más elementales indicios”

Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), señala que la presentación de los jueces supremos ante la Comisión de Justicia, que negaron la presión al Poder Judicial por el caso de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, da cuenta “de la falta de rigor y seriedad” de la moción que pretende retirarlos de sus cargos.

—¿Cree que, más allá de los argumentos que ustedes han desarrollado ante la Comisión de Justicia, hay una predisposición en el Congreso para avanzar hacia su destitución?

—No me corresponde hacer una evaluación de las intenciones de los diferentes grupos parlamentarios. Evidentemente, quien ha presentado la moción (Patricia Chirinos) tiene una intencionalidad en contra de la JNJ. Una prueba evidente es lo que hoy (viernes) acaba de pasar. Una de las imputaciones es haber presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, pero hasta cuatro magistrados supremos han rechazado eso. Incluido el propio Arévalo. Eso evidencia el carácter calumnioso de la imputación y da cuenta de la falta de rigor y seriedad. Las imputaciones son falaces y carecen de los más elementales indicios.

—¿Cuál es el peligro al que se enfrenta el sistema de justicia?

—Las consecuencias serían de enorme gravedad si se procediera con la remoción. Peor si vamos constatando que las denuncias carecen de fundamento. La JNJ es un órgano constitucional autónomo y tiene incidencia especial en el sistema de justicia y electoral. Hay el riesgo de una instrumentalización de la JNJ, y no me refiero solo a esta coyuntura. Si se quiebra esta independencia, las consecuencias pueden ser imprevisibles.

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—Ustedes terminan sus funciones en enero de 2025.

—Sí.

—Hay un apuro por retirarlos que llama a sospecha, ¿no?

—Hay un apuro que puede llamar legítimamente a sospecha. Sobre todo considerando el apremio con el que se lleva esta moción de la que hemos señalado su carácter ilegítimo y que vulnera el debido proceso. Lo que se está llevando a adelante es un proceso inexistente que no está regulado, en el que las reglas de juego varían día a día. La propuesta inicial fue una investigación sumaria de siete días, luego pasó a catorce…

—El jueves la ampliaron a catorce días más.

—Así es. Se nos citó para un día, luego para otro. Se nos llama para presentar descargos, luego se nos quiere someter a pliegos interrogatorios. En fin. Son cosas que evidencian el carácter irregular de este proceso. Y tampoco se ha dicho qué significa “causa grave”.

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—Se debatió el jueves si las imputaciones son individuales o aplican al conjunto de la JNJ. Ustedes plantean lo segundo.

—Es que a los siete se nos han formulado exactamente las mismas imputaciones, por eso es que es lógico que nuestra defensa sea conjunta. Ha sido irregular que no se nos haya permitido ejercerla y que se haya forzado la presentación individual de cada uno.

—Lo pregunto porque está empezando a especularse sobre la posibilidad de que el Congreso solo retire a uno, dos o tres de ustedes y ya no a la Junta en su totalidad.

—Si se nos formulan los mismos cargos, ¿cuál es el elemento diferencial que permitiría sancionar a unos y absolver a otros? Sería un acto absolutamente ilegal y violatorio del principio de igualdad. No puedo creer que alguien con un razonamiento jurídico pudiera validar semejante postura.

—De acuerdo. Más allá de si la remoción es de todos o de algunos, y más allá también de los argumentos jurídicos, lo real es lo que a decidir la suerte de ustedes es la fuerza de los votos. Es una decisión política. ¿Qué han pensado para un escenario así?

—Yo soy un hombre…

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—¿De fe?

—De fe, ciertamente, y optimista con una buena dosis de realismo. Incluso si el análisis de la representación nacional es exclusivamente político prescindiendo del jurídico, creo que tendrán presente el costo que tiene para el país el quiebre del ordenamiento constitucional. La remoción de los miembros de la JNJ sin causa justificada supone un quiebre del ordenamiento constitucional a partir de hechos que, como se empieza a verificar, son manifiestamente falsos. Yo creo que tiene que haber en el Congreso un número razonable de parlamentarios que, imagino, será suficiente para poner un límite a una manifiesta arbitrariedad.

—Eso lo sabremos en teoría en catorce días, si no se vuelve a solicitar un plazo adicional. Cuando estuvo en la comisión el jueves, el congresista Bustamante tuvo una intervención casi diría que colérica. ¿Qué impresión se llevó de la sesión?

—Primero quiero decir que pedimos que se nos permitiera hacer nuestra defensa en conjunto y ocho congresistas votaron a favor, lo que me revela que hay un grupo de ellos que comprende que no se puede atropellar procedimientos, limitar el derecho a la defensa. Sobre la intervención del congresista al que se refiere, es una evidencia más de la ausencia del debido proceso. ¿En qué proceso imparcial y objetivo alguien que tiene que votar a futuro sobre este tema califica como “desfachatez” la defensa de la JNJ? Por cierto que presenté mi rechazo a lo dicho por el legislador, a quien al término de la sesión también le pedí modales democráticos.

—¿Y qué le respondió?

—Nos despedimos con educación, pero no recuerdo que haya habido una respuesta.