Stuardo Ralón: “Las recomendaciones del informe son complejas y de un impacto profundo”

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Perú, Stuardo Ralón, dialogó con La República respecto al informe final que presentó dicha entidad en el que se concluyó que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”. En esta entrevista menciona que la comisión ha recogido las versiones de todas las partes para emitir el informe de la CIDH.

— La presidenta Dina Boluarte rechazó que en el Perú se hayan cometido “ejecuciones extrajudiciales” y “masacres”. ¿Qué opinión le merece ello?

— Yo no voy a entrar en polémica con la presidenta Boluarte. En el capítulo 6 del informe se refiere a las presuntas violaciones de DD.HH, y en el caso de Ayacucho se establece que podrían haber existido ejecuciones extrajudiciales en caso de que los agentes del Estado hayan encauzado las muertes de las personas con armas letales. Además, en caso de ser de más de tres personas (fallecidas) podría tratarse de una masacre. La comisión lo menciona con estos términos, dado que no tiene a su cargo las investigaciones. Eso le corresponde a las autoridades del Perú, a la Fiscalía. Entonces, lo que llama la comisión es a investigar con un enfoque de DD.HH estos hechos, por lo que corresponde a las autoridades establecer el tiempo, modo, lugar y análisis para establecer si efectivamente ocurrieron y quiénes son los responsables de los actos.

— Respecto al informe que presentó la CIDH, algunos congresistas han calificado esta información como “sesgada”. ¿Qué puede responder ante ello?

— Lo que podría decir es cómo metodológicamente está construido el informe. Este informe tiene más de 60 entrevistas, desplazamientos a Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lima y Juliaca. Es un informe que tiene un marco temporal definido y este borrador se trasladó al Estado para comentarios. El Estado dio 178 observaciones y todas estas fueron incorporadas, por lo que se hizo el esfuerzo de poder plasmar con el máximo rigor técnico la información recibida de todas las partes. Siempre hay percepciones distintas del informe. Lo que le puedo comentar es que hay una metodología sólida y hay comentarios del Estado también incluidos en el informe.

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— Se propone aumentar el número de fiscalías de DD.HH; sin embargo, la fiscal Benavides dividió a la mitad a los doce despachos especializados. ¿Considera que se está haciendo caso omiso?

— Yo estuve en Juliaca y ahí hay hechos que investigar y una de las preguntas que realicé es si había una cobertura a nivel nacional de las fiscalías de los DD.HH, y lo que me comentaban es que estaba muy concentrado en Lima. Entonces, sin duda alguna, las decisiones que se tienen que tomar tienen que ir en la línea de mayor capacitación en materia de DD.HH a fiscales y que esa cobertura a nivel nacional ocurra. O sea, cada recomendación requiere un nivel de trabajo y un cronograma de seguimiento muy importante y, sin duda alguna, esta recomendación es una de las que el Estado tendrá que cumplir. No la vemos en este instante como una de las que se haya avanzado porque el informe es de reciente cumplimiento, sino es que a partir de ahora tiene que establecerse un tipo de seguimiento a esa recomendación.

— ¿En qué posición queda el Gobierno ante las conclusiones del informe de la CIDH?

— La posición es un desafío muy importante, un desafío del Estado de cumplir las recomendaciones y también un desafío para la comisión de poder dar un seguimiento efectivo a las víctimas. Digamos, hoy no existe un mecanismo de diálogo efectivo que ayude a superar la crisis. Esa es una recomendación. ¿Cómo lograr que todos se sientan escuchados y haya un mecanismo de diálogo efectivo? Es decir, las recomendaciones son complejas y son de un impacto profundo y lo que la comisión haría es tener de interlocutor a la Cancillería, el Estado y a las autoridades para que sean ellos los que conformen a la institucionalidad democrática del Perú y así puedan dar el cumplimiento.

— ¿Qué opina al respecto de que varios actores políticos han mencionado que Perú debe salir de la CIDH?

— No voy a especular respecto a eso, sino me voy a referir al informe. El informe reconoce a Perú como una democracia, reconoce que hubo un rompimiento constitucional, reconoce que hubo una sucesión constitucional hacia la presidencia y Perú, firmante de la Convención Interamericana, pues tiene en sus manos un informe de recomendaciones que el Estado debe cumplir en el marco de las obligaciones internacionales que hoy tiene.

— En general, ¿Cómo reciben esta reacción predeterminada de cierto sector político de inmediatamente rechazar todo pronunciamiento de la CIDH y la Corte IDH?

— La comisión siempre se trata de abstraer de todo el tema político por así decirlo. A la comisión le corresponde un análisis técnico de las situaciones. En este momento, nuestro interlocutor es el Estado para poder establecer un mecanismo de seguimiento, y toda la labor que la comisión realiza la hace con un enfoque de la centralidad de las víctimas. Es decir, que nosotros, ante todos estos comentarios políticos, no los tomamos en cuenta, no importa si son a favor o si son en contra. Nos enfocamos en la labor técnica que ahora nos toca seguir las recomendaciones.

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— ¿Cómo ve la disposición del Gobierno ante estas recomendaciones?

— De lo que he monitoreado, indica que habría una apertura de seguimiento de las recomendaciones y ese hay que construirlo. Es un buen paso que haya sido mencionado, pues veremos si se puede concretar porque para que la comisión pueda hacer su trabajo tiene que establecer un mecanismo, y eso tiene que ser de mutuo acuerdo con el Estado.