Cavero dice que informe de la CIDH fue "sesgado", pero se incluyeron varias versiones de los hechos
Consideró al documento como una "intromisión". Convenios diplomáticos obligan al Estado a permitir el análisis de los DD. HH.
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Parecer. Al congresista Alejandro Cavero, parte del poder del Estado desaprobado por 9 de cada 10 peruanos, el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pareció "impreciso, sesgado e ideologizado", sin mostrar sustento alguno. Los delegados del organismo supranacional visitaron el país en diciembre del 2022 y enero del 2023, en el rango temporal en que murió más de media centena de peruanos. Se entrevistaron con 55 civiles que indicaron ser víctimas en Apurímac, Ayacucho, Lima, Puno e Ica. Además, recaudaron información oficial, versiones de medios de comunicación y entidades independientes. Para la realización del documento final, el Gobierno emitió sus pareceres previa revisión de lo postulado. Tuvo innegable participación en la elaboración.
Participación del Gobierno en el informe. Foto: captura de pantalla/CIDH.
El parlamentario de Avanza País dijo que hay una "intención política" detrás de la publicación. También se preguntó —sin responderse— por las "cosas que se quieren conseguir" o por las personas que "quieren legitimar o lavarles la cara", sin mencionar ningún nombre. Cada nación integrante de la CIDH sigue una normativa para el proceso de selección de los comisionados. Las misiones son integradas por diplomáticos de diversas naciones.
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Cavero también calificó a las recomendaciones de la Comisión al Ministerio Público como "intromisoras" y "excesivas". Sin embargo, las sugerencias de la CIDH no son vinculantes; es decir, pueden incumplirse. Todo consejo carece de determinación en el accionar de los Estados miembros, salvo incumplimiento flagrante de sus artículos fundacionales.
Sobre la discriminación transversal del Perú, Cavero negó la "violencia sistemática del Estado hacia un grupo étnico, racial y cultural". Para él, ocurrió abuso "de ambos lados". La CIDH demostró que, en las regiones donde hubo más muertos, la organización de las marchas fue de campesinos e indígenas. También advirtió una "fuerte estigmatización" en el debate público porque se les llama "terroristas", "terrucos", "senderistas", "cholos", "indios", "entre otras formas despectivas".
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Esa discriminación recuerda a los tiempos del conflicto armado interno, término acuñado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para referirse a la violencia senderista y la estatal. "Si bien no fue categorizado como un conflicto étnico en sentido estricto, pues los grupos en pugna no manifestaron estas motivaciones de forma explícita, contó con un fuerte componente por origen étnico-racial", se escribió.
