Expertos señalan que pedido de facultades en relación a la DINI tiene tinte político

El predictamen del pedido de facultades presentado por la Comisión de Constitución del Senado presentó un nuevo punto donde señalaba la importancia de reforzar la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). ¿Es esto un movimiento necesario o algo que asemeja a la Constitución del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) en los 90? Expertos responden a la pregunta.

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior

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Devolver a la DINI la función de producir información de inteligencia es una opción política. Cuando en 2013 se decidió que la DINI no produjera su propia inteligencia, la medida buscaba evitar la presunción de un uso inadecuado del sistema y, así, dar tranquilidad a la clase política. Ello no significó que el país se quedara sin un sistema de inteligencia, pues, tanto antes como después de 2013, la DINI básicamente procesaba la información que producían la Dirin (PNP), la Digimin (Mininter) y los órganos de inteligencia del Ejército del Perú, la Fuerza Aérea y la Marina.

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En tal sentido, la DINI se constituyó en el organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, con la función principal de dirigir y coordinar el sistema, además de integrar y procesar la información proveniente de las agencias antes citadas. Desde mi perspectiva, el marco normativo que regula a las entidades de inteligencia no impide buscar información sobre temas relacionados con el crimen organizado en todas sus expresiones.

Por ello, permitir que la DINI produzca su propia información de inteligencia será siempre una opción política, porque depende del presidente del Consejo de Ministros y su información tiene como destinatario principal a la Presidencia de la República.

Sebastián Flores-Martín, criminólogo experto en seguridad pública

Otorgarle a la DINI la capacidad de realizar inteligencia operativa genera cuestionamientos por diversas razones. La primera es que ya existen órganos que se encargan de la inteligencia operativa, especialmente en el Mininter: la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), las unidades de inteligencia de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal de la Policía) y, en general, los órganos de inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Por eso, parece redundante y hasta cierto punto innecesario incorporar a la DINI como un organismo más encargado de la inteligencia operativa, cuando ya contamos con unidades encargadas de cumplir esa función, más aún cuando la Policía y las Fuerzas Armadas, en teoría, se están integrando dentro de un comando unificado para realizar labores tácticas y operativas.

Ante la incorporación de otro ente encargado de ese tema, se plantean dos lecturas. O bien se está cometiendo un error por la redundancia de funciones, que terminará generando más burocracia, dispersión de datos y desarticulación entre las entidades; o bien, evidentemente, puede generar sospechas de que este organismo sea utilizado como un instrumento político para fines que no respondan estrictamente al orden interno. 

Más allá de que se haga o no la modificación, la DINI ya produce y ordena inteligencia que le llega de diversas fuentes, incluso propias, y que tiene que ver con elementos políticos, con temas de terrorismo y otros. Eso está claro y lo hacen siempre; no necesitan una delegación de facultades para ello. Mi cuestionamiento va más por el lado de que esta medida puede resultar innecesaria, pues, como he explicado, ya existen organismos y unidades operativas que pueden y deben realizar esa labor, porque se contempla dentro del marco de sus funciones. Además, lo que se necesita es optimizar el trabajo de inteligencia: si se involucra a la DINI, a las Fuerzas Armadas, y a la Policía al final, el que mucho abarca poco aprieta.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL)

El Poder Ejecutivo pretende un cambio sustancial del sistema de inteligencia nacional bajo el argumento de que este no funciona. Por ello, postula un cambio del modelo que se sostiene en el decreto legislativo 1141, y la propuesta de otro modelo de inteligencia en el que se dotaría de acciones de inteligencia operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia. 

El problema de esta propuesta es que luego de la caída del SIN de Montesinos (Set2000), el Estado ha construido un sistema de inteligencia de carácter democrático que se sustenta en el desarrollo de acciones de inteligencia por los órganos de inteligencias de la PNP, Mininter y de las FFAA y a la DINI le corresponde la elaboración de la inteligencia estratégica para la presidencia de la República, ello bajo controles legales y políticos.

Si bien la propuesta sostiene como prioridades de trabajo el combate al crimen organizado transnacional y la minería ilegal y los delitos ambientales, también está pidiendo atribuciones para desplegar acciones de inteligencia sobre "las amenazas a la estabilidad democrática y el orden constitucional". Ese asunto conlleva un elevado riesgo de que un aparato de inteligencia que depende de la presidenta de la República termine persiguiendo a opositores al régimen, como en los noventa.

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Hay que prestar atención al poder que le está otorgando este gobierno a las FFAA en competencias respecto a la seguridad pública. La narrativa del fujimorismo es pretender tipificar a la criminalidad organizada como organizaciones terroristas con el fin de endurecer la respuesta estatal; sin embargo, este intento sostenido de militarizar la lucha contra la inseguridad ciudadana demuestra que hay poca voluntad de abordar lo que verdaderamente se necesita: una reforma policial y judicial.

La DINI puede fortalecerse y modernizarse sin necesidad de solicitar facultades, pero la insistencia del oficialismo con incluir ciertos cambios debe ser objeto de debate público, sobre todo sobre los mecanismos de control civil sobre dicha institución y la protección de las libertades civiles. No olvidemos los riesgos del excesivo poder sobre la inteligencia que tuvo el SIN en los 90, que actuó sin ningún contrapeso y en el camino se distorsionaron sus funciones de la seguridad nacional para terminar siendo un instrumento político del régimen de turno.