Benji Espinoza sobre Dina Boluarte: "Castillo por lo menos iba (a la Fiscalía), ella no lo hace"

Cuando se iniciaron las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio, la referencia de un proceso de investigación a un jefe de Estado en funciones recayó directamente en su antecesor, Pedro Castillo, quien durante poco más de un año de mandato afrontó una serie de investigaciones por escándalos de corrupción. En dicha oportunidad, el abogado penalista Benji Espinoza asumió la defensa del vacado expresidente y sentó las bases del proceder de defensa legal ante un Ministerio Público que, a su parecer, es una institución totalmente distinta a la que vemos que ahora investiga a Boluarte.

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Hoy, en La República, Espinoza aclara las dudas sobre los próximos pasos a seguir de la Fiscalía y la mejor estrategia legal por la que debería optar la presidenta Boluarte, la cual difiere en gran medida de sus acciones actuales.

— Usted estuvo junto con Pedro Castillo durante sus investigaciones cuando era presidente. ¿Cuáles son las principales diferencias que percibe entre el despliegue de la Fiscalía, en esa época, frente a la situación actual de la denuncia a Dina Boluarte?

— Me parece que la primera diferencia notable es que podemos percibir dos velocidades, una velocidad acuciosa, urgente, muy rápida, cuando se trataba de Castillo, o de alguien de su entorno. Yo recuerdo que el movimiento era así: aparecía algún reportaje, nota de prensa, noticia, información... y al día siguiente se abría investigación. Ahora, es cierto, se han abierto investigaciones, pero las investigaciones no se abren de un día para otro. Están reposando algunos días y, luego de ese reposo, se abren.

Esa es la primera diferencia en cuanto a las velocidades. Una segunda diferencia que podría advertirse es que ya no tenemos la filtración; este festival de filtraciones, que había en su momento. Conocíamos el retazo de la declaración del aspirante a colaborador. De un cuaderno que tiene una reserva reforzada, como es la colaboración eficaz, conocíamos la declaración del testigo tal, que había dicho tal cosa de la respuesta a la pregunta cinco, con número de preguntas, y hasta número de página. Hoy ya no se sabe eso.

Entiendo que dos veces ha ido a declarar el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, no hemos conocido qué cosa ha declarado, qué cosa se le ha preguntado, qué cosa ha contestado. Entonces ahí podemos ver que antes había filtraciones que hoy, de manera mágica, han desaparecido. Entonces yo podría decir que percibo palmariamente esas dos diferencias, esos dos principios.

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—Respecto al pedido de declarar desde la virtualidad de Dina Boluarte, que se trata de una solicitud que también contempló el expresidente Castillo en su momento, ¿usted cree que sea justificada la solicitud de dar declaraciones de manera virtual?

—Cabe precisar que el expresidente Castillo nunca pidió una declaración virtual. Lo que pidió es que la fiscal de la nación vaya hacia el despacho presidencial. Un asunto que finalmente no atendieron ni aceptaron. Pero usted recordará que el presidente siempre que fue citado, concurrió a la Fiscalía. Tanto como investigado y como testigo.

Otra cosa distinta es la ejecución de la diligencia, es decir, si es que ahí finalmente ha respondido todas las preguntas, como lo hizo en el primer caso; o si es que ejerce su derecho a guardar silencio, pero el tema es que hay que comparecer, hay que acudir, hay que apersonarse, hay que presentarse. Lo que no hay que hacer es decir que habría revueltas y que por las manifestaciones se puede exponer la seguridad de la presidenta. Es la presidenta, finalmente ella no va caminando sola a expensas. Hay todo un equipo de protección, hay un conjunto de medidas que se pueden dar. Me parece un motivo no válido.

Me parece también que, desde el punto de vista de la Fiscalía, podrían optar por ejercer el poder coercitivo que tiene. Por ejemplo, el Código Procesal Penal establece que, cuando una persona es citada al Ministerio Público para que se desarrolle una diligencia, y esta situación ha sido debidamente notificada y comunicada a la persona, y esta no asiste, el procedimiento es muy claro. Lo que debe hacer la Fiscalía es disponer la conducción convulsiva policial en omiso. Se ordena que la policía lleve al omiso para que declare.

Eso no significa que lo va a enmarrocar, que lo va a poner en una prisión, que va a estar en una comisaría, que va a estar en un centro de atención; sino simplemente significa que la policía acompaña a la persona omisa a dar su declaración o a participar en la diligencia. Y una vez que la persona se presenta ante el Ministerio Público, la policía se aparta, cumplido el mandato.

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Eso, por ejemplo, no se ha aplicado. Creo que es una opción que podría utilizar el Ministerio Público en este caso.

—¿Cómo se interpreta en primer lugar su situación? Si la misma presidenta ha dicho que no ha pedido reprogramaciones, entonces, ¿cómo recibe la Fiscalía sus acciones?

—Aquí es necesario recordar dos aspectos que son importantes. En primer lugar, el hecho es que la Fiscalía la ha llamado a declarar hasta en tres oportunidades; el hecho es que no ha acudido. Si ellos dicen que no ha pedido reprogramación, en todo caso, si no ha reprogramado, es peor. No ha acudido, no ha cumplido con el mandato de comparecer que te pide la Fiscalía de la Nación, es más. La fiscal no va a ir a Palacio, ella debe recibir a la presidenta Boluarte en su despacho. Porque ya fijó una posición con el expresidente Castillo y, seguramente, en coherencia, va a mantener esa posición con la presidenta Boluarte.

Ella tiene que ir, la institución se desprestigia cuando el presidente no va; porque finalmente, no tiene la obligación de declarar. No es que a Boluarte se le pueda obligar a que declare. No hay esa obligación, eso no existe. Pero sí tiene el deber de comparecer, ella no está cumpliendo con su deber.

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Boluarte tiene el derecho a guardar silencio, abstenerse a declarar; pero lo que no tiene es el derecho a rehuir un mandato y una citación de la Fiscalía. Además, contradice sus propias expresiones en donde se había saludado la apertura de la investigación en su contra y se había dicho que se iban a dar todas las facilidades de la presidenta de la República.

—¿Y el sentido de que se la pueda citar de grado o fuerza, no interferiría con el cargo que ella tiene, que durante mucho tiempo fue tema de discusión en el caso de Castillo?

—Este elemento, en principio, ya es sujeto a una valoración, porque debo entender que el Ministerio Público consideraría que esta es una inconducta procesal, o un comportamiento procesal negativo. Lo que habría que verse, también, es cómo se ejecuta la conducción convulsiva en el caso de la presidenta. Una conducción convulsiva no supone que la policía ingrese a Palacio, coja de los brazos a Dina Boluarte y la lleva hacia la Fiscalía.

Lo que significa es que llega con el mandato de conducción y la acompaña junto con su equipo de protección, su seguridad y su defensa. De eso se trata, básicamente, de hacer que la citación fiscal no sea ilusoria, sino que sea efectiva y que se lleve a la práctica.

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—¿Esta citación no vulneraría entonces ni la imagen ni los derechos de la presidenta, sino que es una exigencia más tajante de la Fiscalía?

—Es poder ejercer el poder de coerción que tiene el Ministerio Público para que sus citaciones no sean burladas, sino que sean ejecutadas.

—¿Ello afecta en algo la imagen de la presidenta?

—No, no debería.

—En el caso de Castillo, usted, como defensa, era quien respondía las dudas, avances y procesos; pero ahora, en el caso de Boluarte, no se está teniendo esa misma dinámica, todo se maneja de manera más reservada, ni existe una alerta constante sobre el avance de las investigaciones. ¿Considera que sea una estrategia saludable por parte de la defensa de Boluarte?

—Siempre se reclamó que los actos presidenciales, dado que se trataba del primer magistrado de la Nación, el más alto cargo en la función pública debían gozar de una absoluta transparencia, un absoluto deber de comunicación constante. Acá lo que habría que destacar es esta estrategia de perfil bajo, de no decir nada, de no dar ninguna información. ¿Qué cambiaría si la presidenta Boluarte podría esgrimir una defensa en la que ella podría ser la autora inmediata de estos asesinatos o estas ejecuciones?

Creo que no afectaría, sino más bien podría ayudar a poder, de alguna manera, a restablecer una imagen que, desde el punto de vista de las encuestas, está bastante deteriorado. Y yo creo que, como mantiene un silencio, este silencio puede ser interpretado como desinterés, como abulia, como que no fuera un tema importante y por supuesto que lo es, el asunto del poder determinar responsabilidades en estas muertes.

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—Con todas las decisiones que ha estado tomando Boluarte últimamente, ¿cree que esté siendo bien asesorada?

—A mí me parece que no, me parece que no. Me parece que una mala asesoría la perjudica antes de ayudarla, porque el mensaje hacia la población es que, si ella supuestamente cuestiona y censura al expresidente Castillo, el expresidente Castillo por lo menos iba, acudía, participaba. Ella no lo hace. ¿Qué la hace diferente de él, entonces?

Ese es el imaginario popular que se está tejiendo a partir de las omisiones de la presidenta.Boluarte.

—Algunos especialistas dicen que esta primera respuesta de Boluarte sobre el caso sienta las bases para que la Fiscalía pueda también alegar un intento de obstruccionismo, ¿qué tan dable puede ser esto? ¿Estamos ante un Ministerio Público que puede denunciar por obstruccionismo a la presidenta?

—No, obstruccionismo no, pero sí inconducta, sí en mala conducta procesal, sí un comportamiento procesal que no es el adecuado. Porque obstruccionismo significa tener una conducta activa para trabar, para poder impedir, para poder obstaculizar el desarrollo de los actos de investigación que no vemos.

Los investigados no tienen por qué colaborar con su propia incriminación. Es un principio universal que reposa en las garantías del debido proceso mínimo; pero lo que sí no puede dejar de hacer un investigador es comparecer y acudir cuando es llamado. En este caso es llamado en tres oportunidades.

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—Respecto a la denuncia de genocidio, en la que son investigados tanto Boluarte como Otárola; ¿qué tan consistente cree que sea este caso? ¿Podrá pasar a la siguiente fase de las investigaciones en la Fiscalía?

—Yo tengo mis reparos en cuanto a la investigación por genocidio. Pues es un crimen internacional que está regulado, no en nuestro Código Penal, sino en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Este supone el exterminio intencional y deliberado de un grupo de personas por algún motivo, sea religioso, étnico y otros. Entonces, el delito de genocidio significa el exterminio deliberado con un plan para poder eliminar a un grupo de personas. Lo que a mí me parece que tiene mayor fortaleza y mayor asidero, y, por tanto, sostenibilidad en la investigación son los puntos que tienen que ver con las ejecuciones extrajudiciales. Arbitrarias, sumarias o ilegales, que están consideradas dentro la categoría de graves violaciones a los derechos humanos.

—Teniendo en cuenta todo este panorama, ¿cuál considera que sea la mejor salida para Dina Boluarte?

—Lo mejor es que vaya ante la fiscal de la nación y participe en la diligencia, lo mejor es que participe, que cumpla con los mandatos del Ministerio Público. De lo contrario, está dando un pésimo mensaje para la población respecto de que una presidenta puede ser una monarca a la que la ley no le alcanza y a la que el Ministerio Público puede citar reiteradamente y ella no acuda. Eso, evidentemente, da una muy mala imagen y señal de parte de la presidenta Boluarte.

Ella tiene que cumplir, me parece que su imagen ya está desacreditada, ya está afectada, ya está tiznada. Ahora, si es que quiere aminorar o reducir el impacto, me parece que lo que tiene que hacer es ir al Ministerio Público y participar en la diligencia de declaración indagatoria, para la cual está convocada.