Investigación por genocidio genera incomodidad en el Gobierno
Bajo sospecha. Decisión de la Fiscalía de la Nación buscaría, ante una eventual denuncia constitucional, generar un alto rechazo en el Congreso. La fiscal de la Nación ofreció a la CIDH una investigación objetiva.
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La decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de investigar a la presidenta Dina Boluarte y al titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por genocidio habría ocasionado incomodidad y la molestia del Gobierno con la representante del Ministerio Público.
Según fuentes gubernamentales, el Gobierno considera que una investigación por genocidio acoge la prédica del grupo terrorista Sendero Luminoso, que acusaba de genocidio al régimen de Alberto Fujimori y los militares que lo combatieron.
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Además, supone aceptar que la represión de las protestas y marchas en el sur del país contra el actual régimen y por adelanto de elecciones, que ya ha provocado 45 muertos por disparos de las fuerzas del orden, tiene objetivos raciales.
El régimen de Dina Boluarte prefiere que no se investigue nada. Sin embargo, según las fuentes, si la fiscal de la Nación se vio obligada a investigar, algo debió excluir ese delito de su resolución de investigación preparatoria.
Genocidio es un delito perseguido internacionalmente desde 1948. Desde 1998, su persecución está a cargo de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, este se puede cometer en tiempo de paz y de guerra.
La Convención describe al genocidio como un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Anota que el genocidio supone la matanza o lesiones graves a la integridad física y mental de miembros de un grupo, sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, total o parcial, y medidas destinadas a impedir los nacimientos y traslados por la fuerza de niños del grupo.
En el Perú ni siquiera Abimael Guzmán fue procesado por genocidio. Los tribunales internacionales han juzgado casos de genocidio en la antigua Yugoslavia, Ruanda y Camboya.
Organismos de derechos humanos y abogados consideran difícil probar que en Perú se haya cometido delito de genocidio durante la represión de las marchas, a pesar de la cantidad de muertos en Apurímac, Ayacucho y Puno.
Extraoficialmente, se dice que el motivo por el que la fiscal de la Nación incluyó el delito de genocidio en la investigación, que el 10 de enero dispuso realizar a la presidenta Boluarte; el premier Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez; y los exministros Pedro Angulo y César Cervantes, fue porque estaba incluido en la denuncia de parte que presentó un grupo de abogados de Ayacucho y Puno.
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El Congreso deberá decidir
Fuentes del Ministerio Público consideran que el despacho de la fiscal de la Nación incluyó el delito de genocidio por dos motivos. Uno, para demostrar objetividad en las investigaciones sobre los muertos en las marchas, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dos, para generar rechazo a la investigación y a una probable denuncia que se tendría que presentar ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte.
