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Política

Presidenta Boluarte se reunió con la CIDH tras 45 muertos en contexto de protesta social

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos arribó este 11 de enero al país para evaluar la vulneración a la integridad de los civiles durante las marchas.

Foto: composición LR/Antonio Melgarejo/La República/@CIDH/Twitter
Foto: composición LR/Antonio Melgarejo/La República/@CIDH/Twitter

Conversación. La presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar la postura de su Gobierno sobre las 45 muertes de civiles ocurridas desde que asumió el mando. Encabezados por el primer vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, Stuardo Ralón, y el comisionado Joel Hernández, el grupo de trabajo consultará más de una versión sobre la violencia producto de la ruptura del tejido social. Según informó el equipo de comunicación de la primera mandataria, desde las 8.00 a. m. de este 11 de enero se mantuvo una reunión entre ambas partes.

También asistieron la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, cooperación técnica y capacitación de la CIDH, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca.

Luego de reunirse con diferentes estratos del país, la comisión recomendará observaciones al Estado peruano, en su calidad de partícipe de los tratados de derechos internacional.

Denuncia paralela ante la CIDH por genocidio contra Boluarte, Otárola y demás autoridades

El pasado 23 de diciembre la perulibrista Margot Palacios formalizó una denuncia por genocidio ante la CIDH a razón de los connacionales fallecidos en aquel mes. Incluyó como responsables a la mandataria Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía Escajadillo, el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza, y quienes “resulten responsables”.

“Los peruanos tenemos que recurrir a la justicia internacional toda vez que los hechos descritos de violaciones flagrantes de derechos humanos con suspensión de la vida de las víctimas, que hacían uso de su derecho político a manifestarse sobre una coyuntura política, ha sido avalado en una reunión de la junta realizada en Palacio de Gobierno”, dice el documento.

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