Stuardo Ralón: “Quien tiene la última palabra en la interpretación del artículo 117 es el TC”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo en Perú para observar la situación de institucionalidad democrática. El comisionado Stuardo Ralón, vicepresidente de la CIDH y quien lideró la delegación, conversó con La República y detalló las principales conclusiones a las que se arribó.

—¿Cómo evalúa la situación política-institucional del Perú?

—Vemos el riesgo de una crisis que ponga en entredicho la institucionalidad democrática. Puede evitarse si las instituciones con procedimientos abiertos, como acusaciones constitucionales y otros, actúan apegadas al principio de legalidad y al debido proceso.

—¿Qué le preocupa?

—Hay dos situaciones que preocupan. Una, que no existe un parámetro objetivo, claro, respecto de cuándo puede aplicarse o no una vacancia por incapacidad moral permanente. Hay un antecedente contra Martín Vizcarra y el Tribunal Constitucional (TC), entonces, no resolvió oportunamente la petición que llegó y no delimitó los parámetros para activar o no ese artículo. Eso puede generar que se use arbitrariamente.

—Se usa arbitrariamente.

—Si estuviera delimitado, se podría distinguir cuándo es procedente o no. El otro tema es que existe una denuncia constitucional donde se pretende que se interprete si el artículo 117 de la Constitución tiene los límites gramaticales de su texto o bien existe otra posibilidad de interpretación. Ahí vemos que ante la duda de la interpretación constitucional le corresponderá al máximo intérprete, el TC, pronunciarse. Sería lamentable que se vuelva a producir una omisión. Eso dejaría una nueva ventana de inestabilidad a la institucionalidad democrática.

—El artículo 117 es preciso en las causales de acusación presidencial. ¿Es viable interpretar artículos tan específicos?

—Siempre cabe una interpretación constitucional. En este caso, se le pide al Congreso que interprete el alcance constitucional del artículo 117, pero no es el máximo intérprete, de acuerdo al diseño institucional peruano. Quien tiene la última palabra en la interpretación del artículo 117 es el TC.

—¿Y qué pasa si el Congreso da lugar a la acusación igual?

—Como todo acto de un poder público del Estado, está sujeto a control constitucional. Por lo que cualquier interpretación que haga el Congreso está sujeta a que alguien pida el control institucional y sea el TC el que indique si esa interpretación fue correcta o incorrecta.

—Hay denuncias en la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal Patricia Benavides. ¿Qué piensa de esto?

—Llamaría a la JNJ a que resuelva a efecto de que no exista duda, para que no quede ninguna situación pendiente. Si se inicia una investigación, que sea transparente y si no es así que se razone y fundamente.

—Vamos sobre la figura de la vacancia. ¿Qué solución es la más viable?

—Puede haber dos caminos. O una reforma o una interpretación constitucional. Eso tendrá que decidirse en la jurisdicción nacional. Hay diferentes constituciones en la región que incluyen figuras que permiten un control político. Pero que no haya parámetros objetivos en algo como la incapacidad moral permanente es un caso único.

—Lo que dispara la conflictividad.

—Y, además, cualquier Poder Ejecutivo queda subordinado a la decisión arbitraria del Legislativo, cuando en una democracia ninguno de los tres poderes tiene que estar subordinado. Tiene que haber un equilibrio. Lo que se genera acá es un desequilibrio de poderes, con una especie de subordinación del Ejecutivo frente al Congreso.

—¿El uso y abuso de la cuestión de confianza no preocupa?

—Sí. Preocupan la vacancia, el uso intenso de las acusaciones constitucionales y la facultad de disolver el Congreso por la cuestión de confianza, porque generan momentos de crisis constitucional e institucional y por eso debe estar muy bien delimitado cuándo se pueden utilizar mecanismos extraordinarios como estos. Y preocupa la intensidad con la que se usan. La acusación constitucional, que debería ser algo extraordinario, se volvió ordinario. Cuando se utiliza en demasía es una intimidación a cualquier funcionario para que no actúe u opine en determinado sentido.

—¿Se está afectando la independencia de poderes?

—Si no se delimitan las figuras, sí se afecta. Es importante que el Congreso ejerza sus controles, pero ese actuar independiente tiene que estar reglado. Igualmente, el Ministerio Público necesita independencia para investigar, pero respetando el debido proceso y la legalidad. El límite al poder es el que garantiza la estabilidad.

—¿Cuántas reuniones tuvo?

—Veinticuatro en total, con el presidente Castillo, con el presidente del Congreso, con la fiscal Benavides, con el presidente del TC.

—La impresión es que cada autoridad defiende su coto. ¿Qué impresión se llevó de cada uno?

—En el caso del presidente Castillo, que no ha podido articular ninguna política de gobierno, ningún programa estable, porque ha estado inmerso la mayor parte del tiempo en defensa de los señalamientos. Lo que veo es un desgaste de tiempo concentrado en esta lucha. En el caso del presidente del Congreso, él nos describió que los procesos se cumplirán y se tomará una determinación en los siguientes días. En el TC, la percepción que tengo es que si llega alguna petición se analizará y resolverá, sin caer en un escenario de omisión. Y a la fiscal Benavides la percibí preocupada porque se respete su independencia y autonomía. Ella me indicó que su investigación es preliminar y que no podía profundizar más allá porque hay una protección, una inmunidad.