Tres miembros de la DINI rastreaban información sobre políticos y empresarios

Agentes. Además del suboficial técnico superior del Ejército en retiro Rosendo Francisco Chávez Rojas, tenían claves de Sunarp los oficiales de la Policía Nacional del Perú José Eduardo Fernández Gonzales y Rodorico Ranulfo Cubas Hurtado. Extraían información sobre bienes inmuebles y vehículos, que luego adjuntaban a los expedientes elaborados por la entidad de Inteligencia. Prácticas ilegales,Tres agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) utilizaban códigos que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) entregó a dicha institución en base a un convenio suscrito entre ambas entidades desde agosto del 2010. Además de Rosendo Francisco Chávez Rojas, quien es un suboficial del Ejército en retiro, contaban con usuarios y códigos para hacer búsquedas a través del Sistema de Publicidad Registral en Línea (SPRL) dos oficiales de la Policía Nacional del Perú: José Eduardo Fernández Gonzales y Rodorico Ranulfo Cubas Hurtado. Los tres fueron acreditados en octubre del 2012 por el entonces director ejecutivo de la DINI, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un capitán del Ejército en retiro, quien pertenece a la promoción del presidente Ollanta Humala “Héroes de Pucará y Marcavalle”, egresados en 1984. Este oficial fue nombrado jefe de la DINI en agosto del 2011, ni bien se dio el cambio de mando presidencial. A través de la Sunarp los tres agentes de inteligencia rastrearon los bienes inmuebles y vehículos, los que adjuntaban a los expedientes de políticos, empresarios y periodistas. EL CONVENIO El 23 de abril del 2010, el entonces director ejecutivo de la DINI, Danilo Guevara Zegarra, envió el oficio N° 063-2010-DINI/000 manifestando a la Sunarp su deseo de suscribir un convenio interinstitucional a fin de acceder a la información que necesitaran para un trabajo de investigación. El 3 de agosto de ese mismo año, la Gerencia Legal de la Sunarp mostró su conformidad y trece días después se suscribió el convenio, a través del cual se proporcionó a la DINI un usuario y contraseña para el Sistema de Publicidad Registral en Línea (SPRL), con una vigencia de dos años. Guevara Zegarra designó como sus coordinadores institucionales a José Luis Rodríguez Ruiz (titular) y Sabino Mario Gonzales Sánchez (alterno). Ellos estuvieron a cargo de las búsquedas en el último año del gobierno aprista. Al vencerse el plazo, en agosto del 2012 se suscribió la adenda N°1 para ampliar el período de vigencia del convenio, aprobada mediante Memorándum No 390-2012-SUNARP/GL. En ese momento el director ejecutivo de la DINI era Víctor Manuel Gómez Rodríguez. De esta manera el vencimiento se postergó hasta el 10 de agosto de 2014. En esta ocasión les dieron dos claves de acceso al SPRL, pero además solicitaron otros accesos adicionales a nombre de José Eduardo Fernández Gonzales y Rodorico Ranulfo Cubas Hurtado, reasignando una clave para Rosendo Francisco Chávez Rojas. Actualmente el convenio con la DINI ha quedado concluido. La Sunarp mantiene convenios con 35 instituciones del Estado, las que han realizado búsquedas por un costo mayor al millón 200 mil soles. Las que más han utilizado el sistema son la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el Ministerio de Justicia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIE), CONSUCODE, INGEMMET, la Fiscalía y la DINI. LOS RASTREADORES Según información obtenida por la Comisión de Inteligencia entre enero del 2011 hasta el 6 de marzo de este año, la DINI ha realizado más de 100 mil búsquedas a nombre de los tres agentes. Rosendo Chávez Rojas es suboficial técnico superior del Ejército en retiro. Tiene 69 años y es uno de los agentes más antiguos de la DINI. Mientras que Rodorico Ranulfo Cubas Hurtado es un coronel de la Policía, quien en el 2013 fue jefe de la Dirección Nacional de Protección de Carreteras. Asimismo, José Eduardo Fernández Gonzales es un comandante de la Policía. JARA EN EL CONGRESO Por la noche, en su presentación ante el Pleno del Congreso, al que asistió obligada por las diversas bancadas que protestaron por el rastreo de información realizado por la DINI, la premier Ana Jara anunció que ha solicitado a la Fiscalía de la Nación que investigue el hecho para determinar si se cometió un ilícito penal. "La nota periodística debe investigarse. Esta es la postura del Gobierno y la mía porque bajo mi sector está adscrita esta institución pública", declaró la premier, quien dejó en claro que la DINI puede solicitar, en mérito de convenios, información pública de personas que pueden ser una amenaza a la seguridad nacional o cuya seguridad esté en peligro. Jara fue enfática en señalar que no existe una directiva, ni instrucción del presidente Ollanta Humala ni de ella para que se se proceda a acciones proscritas como el reglaje, la interceptación telefónica y otras que socavan la democracia. Según indicó la DINI solo ha acopiado información pública que se señala en carpetas de información básica que no violan el secreto tributario ni la intimidad de las personas, como sí ocurrió en épocas pasadas, aludiendo al régimen fujimorista. No obstante indicó que la investigación fiscal serviría para determinar el uso de la información, así como la razón del porqué se procedió a acopiarla y a quiénes finalmente se destinaron los datos. La sustentación de Jara fue de inmediato criticada por la bancada fujimorista. Martha Chávez sostuvo que si bien mucha de la información que maneja la DINI es pública, se ha tenido que utilizar recursos del Estado para obtenerla. El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular-Frente Amplio, advirtió que si la premier ha realizado la denuncia ante la Fiscalía es que presume la comisión de delito penal, lo que resulta peligroso pues la DINI está adscrita a su despacho y, según ley, recibe información del accionar de esta institución. "¿Acaso hay un poder paralelo? El jefe de la DINI es un ex compañero del presidente (Ollanta) Humala", señaló Lescano, quien afirmó estar convencido de que hay mafias enquistadas en el Estado que utilizan la información con fines particulares. Al respecto, el aprista Mauricio Mulder dijo que según el contexto político actual, "con una primera dama haciendo campaña política", es obvio que el objetivo real es filtrar a la prensa información que permita "eliminar" a los contendores oficialistas. CUESTIÓN DE ESTADO Por la mañana, la sesión del Pleno del Congreso se centró en la denuncia que involucraba a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en el rastreo masivo a empresarios y políticos con el fin de armarles un expediente. La oposición exigió la presencia inmediata de la premier Jara para que explique el supuesto mal uso de los servicios de inteligencia. Amenazaron con abandonar el Pleno y no debatir los proyectos en agenda si no se atendía el pedido. El oficialista Daniel Abugattás aseguró que el Gobierno no promueve impunidad ni corruptelas como ocurrió de 1985 al 1990 con el Apra y del 1990 al 2000 con el fujimorismo. Agregó que los supuestos reglajes –revelados en la denuncia periodistíca– se iniciaron en el último gobierno aprista. "Ustedes crearon ese monstruo (Apra)", expresó. Fue entonces que el congresista Carlos Bruce (CP) refirió que la DINI lo rastreó en setiembre del 2011, en momentos que Abugattás reveló que la Fiscalía le había iniciado una investigación por presunto lavado de activos. "El mismo mes que me abrieron proceso de investigación, la DINI entró a buscar mis propiedades", recordó. Mauricio Mulder señaló que la respuesta de Abugattás revelaba una vez más la catadura moral de este régimen y lo comparó con el "matamos menos" del fujimorismo. Mulder fue más allá y afirmó que su colega nacionalista era una persona que tiene "proclividad a la delincuencia". Abugattás rechazó el agravio y pidió que la Comisión de Ética Parlamentaria inicie investigación al aprista. En una sesión caldeada por las descalificaciones que se lanzaban fujimoristas, apristas y nacionalistas, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, llamó a Junta de Portavoces, donde finalmente se acordó invitar con carácter de urgencia a la presidenta del Consejo de Ministros. ENFOQUE Víctor García Belaunde Congresista AP-FA Destituyan a agentes No basta que el Ejecutivo pida a la Fiscalía que investigue la denuncia contra la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) por el rastreo de información de Registros Públicos, bienes y propiedades de políticos, periodistas, empresarios y personajes públicos, sino que de inmediato se proceda a la destitución de los agentes que estuvieron a cargo de estos hechos ilícitos. Está probado que el agente Rosendo Chávez y otros más han realizado unas 100 mil búsquedas registrales hurgando entre las propiedades y bienes de miles de personas, por lo que no es posible que sigan trabajando en la DINI, al igual que sus jefes que les habrían ordenado estas malas prácticas que datan desde enero del 2011. Ellos tienen que ser despedidos de inmediato, hay pruebas en su contra. Yo fui una de las personas cuyas propiedades fueron indagadas por Rosendo Chávez. La premier no se puede lavar las manos poniendo el caso en la Fiscalía, cuando la DINI depende directamente de su despacho y del presidente Ollanta Humala, que por ley deben recibir información sobre el accionar de esta dependencia estatal. ¿O acaso están ocultando algo o protegiendo a alguien, a los agentes, a sus jefes superiores o personajes del entorno gubernamental? No somos tan ingenuos, aquí las cosas no están nada claras y el país merece una explicación y que se acaben con prácticas ilegales. Son cuatro años de rastreo. Si la ministra Jara se limita a decir que esta es una vieja práctica, una costumbre y un hecho normal está totalmente equivocada, pues hay canales democráticos para hacerle sentir que no estamos conformes con la explicación que nos ha brindado en el Pleno del Congreso. Si insiste en esta posición se arriesga a que presentemos una moción de censura en su contra por no haber satisfecho al Pleno y actuado diligentemente ante delitos que violan la intimidad de las personas. Esta posibilidad podría dejar de serlo en las próximas horas.

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