Poder Judicial pide a la presidenta electa Keiko Fujimori derogar las leyes pro crimen

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, pidió a la presidenta electa, Keiko Fujimori, que derogue las leyes procrimen aprobadas por el Congreso. En su demanda, precisó que la Ley 32326 obstaculiza la recuperación de propiedades y dinero de origen ilícito, por lo que exigió su revisión urgente al advertir que la norma debilita y pone trabas a la lucha contra la delincuencia en el país.

“(…) tengo el deber ético e institucional de alzar la voz con absoluta firmeza técnica frente a contrarreformas legislativas. Me refiero de manera directa a la Ley 32326. Esta modificación normativa, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos”, señaló.

Tello expresó que esta ley obliga a los jueces a esperar una condena penal firme antes de poder retener los bienes ilícitos a sospechosos. Explicó que condicionar la extinción de dominio —mecanismo para incautar dinero y bienes a las mafias— a juicios que pueden extenderse indefinidamente significa un retroceso para el Poder Judicial.

El impacto real: impunidad y pérdidas millonarias

Además, la jueza explicó que exigir una sentencia penal previa va en contra de los tratados internacionales de la ONU y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Advirtió que esta ley no es un debate teórico, sino que ya causó un daño económico al país durante el año pasado.

“Debido a estas modificaciones que truncan la celeridad del proceso (…) ha disminuido la eficacia en la desarticulación financiera del crimen, afectando la extinción de fortunas ilícitas, cuya afectación se estima en alrededor de 50 millones de dólares en el año 2025”, detalló.

Un llamado a la presidenta electa

Ante esta situación, Tello Gilardi se dirigió directamente a la próxima mandataria para que intervenga apenas asuma el gobierno y advirtió que condicionar los procesos penales solo beneficia a las redes criminales.

“Las modificaciones de la ley de extinción de dominio (…) favorecen la impunidad económica y significa otorgar una tregua temporal para que los testaferros licúen, transfieran y oculten el dinero mal habido”, manifestó.

La magistrada también anunció que el Poder Judicial evalúa usar mecanismos constitucionales junto a otras instituciones para defender las leyes del país y preservar el buen funcionamiento del sistema jurídico.

“Este Poder Judicial no permanecerá silente. En estricta coordinación con las instituciones que defienden la legalidad democrática, nos mantenemos firmes en la evaluación de los mecanismos constitucionales pertinentes para preservar la integridad, la autonomía y la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico”, enfatizó.

Resultados a pesar de las trabas

La titular del Poder Judicial destacó que, a pesar de estas trabas legales, el subsistema de extinción de dominio ha logrado recuperar más de US$215 millones (más de S/735 millones) . Estos recursos, que incluyen activos líquidos, así como bienes muebles e inmuebles de gran envergadura, antes servían para financiar al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.

“Hoy, gracias a la firmeza de este subsistema, estos activos ilícitos son reconvertidos a favor del Estado para ser invertidos en beneficio del país en forma de escuelas, hospitales, infraestructura y herramientas que fortalezcan la seguridad de nuestra ciudadanía”, concluyó Tello Gilardi.

Por su parte, el coordinador nacional del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio,el juez supremo Manuel Luján Túpez, destacó que el Perú se ha convertido en un referente mundial en la recuperación de bienes ilícitos y agradeció el apoyo de los expresidentes del Poder Judicial desde su creación hasta ahora.

Además, reconoció el respaldo de Tello para consolidar 24 juzgados especializados en todo el país, con miras a expandirse a zonas críticas como Pataz, en La Libertad.