La JNJ busca descabezar al Poder Judicial para controlar la justicia

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), bajo la presidencia de María Teresa Cabrera, se ha convertido en un arma legal, un garrote jurídico, con el que se busca controlar o “barrer” los jueces y fiscales cuya independencia incomoda al poder político. Cualquier decisión jurídica o administrativa es denunciada ante la JNJ que rápidamente inicia o amenaza con iniciar un proceso disciplinario con suspensión y propuesta de destitución.

Al cabo de algunos meses, el tiempo suficiente para cumplir con los procedimientos, la amenaza se convierte en sanción definitiva. En la última semana, ante una denuncia ciudadana, la JNJ ha iniciado proceso disciplinario a los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema: Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Magalli Bascones Gómez Velásquez. Jueces de reconocida trayectoria y que han estado al frente de casos muy complicados. El doctor Prado Saldarriaga fue uno de los tres jueces que sentenció a Alberto Fujimori y la doctora Bascones fue una de las magistradas que integró el equipo de jueces anticorrupción que investigó los Vladivideos y la corrupción fujimorista.

La Junta pretende sancionarlos por una decisión jurisdiccional: Inaplicar la Ley 32107 a un caso de violación de derechos humanos de acuerdo con los tratados firmados por el Perú y la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia. Aparte están los procesos disciplinarios en curso contra los jueces nacionales de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz. Concepción Carhuancho ya fue suspendido por seis meses. La ley y la jurisprudencia dicen que los temas jurisdiccionales no son parte de un proceso disciplinario. Si alguien no está de acuerdo con una decisión puede apelar y cuestionar dentro del proceso donde también existen mecanismos de corrección.

El Consejo Ejecutivo y la Corte

La situación ha llegado a tal extremo que la sola mención a la Junta empieza a ser utilizada para obligar a los magistrados a tomar decisiones, abstenerse o cambiar su decisión. La JNJ dejó de ser un organismo de control disciplinario, para convertirse en un instrumento de terror político. Esto último, se ha hecho evidente con la crisis que atraviesa la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, tras la juramentación de ocho nuevos jueces titulares y su despliegue en los tribunales de esta jurisdicción.

Tras la juramentación de los nuevos jueces: Marco Angulo Morales, Javier Sologuren Anchante, Víctor Enríquez Sumerinde, Luis López Pinto, Nahyhon González Aguirre, Jony Peña Suasnabar y Wilfredo Ayala Valentín se les presionó para que tomen el control de la Corte que ve los casos más complejos del país. Les han dicho que para eso han sido nombrados y que si no asumen esa "responsabilidad patriótica" la JNJ les abrirá proceso por no defender sus derechos.

El cargamontón fue tal intensidad, que el presidente de la Corte, Jhonny Contreras se vio obligado a renunciar y rechazar la resolución del CEPJ que había ampliado su mandato hasta diciembre. La Corte tiene hoy un presidente que ha renunciado y no hay instancia que designe o elija a su sucesor.

Para que quede claro que no se trata de una simple amenaza, según fuentes de La República, este martes el pleno de la JNJ debatirá una propuesta para iniciar investigación a todos los integrantes del Consejo Ejecutivo, la máxima instancia administrativa de este poder del Estado. La medida responde a una denuncia presentada por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. Si la denuncia prospera, se descabezará al Poder Judicial, pues el Consejo es su máximo órgano de gobierno administrativo.

Denuncia política

La denuncia está dirigida contra el juez supremo decano Víctor Prado Saldarriaga, encargo de la presidencia del Poder Judicial y del CEPJ. Junto a él, se incluye a la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, Ramiro Bustamante Zegarra, Jhonny Cáceres Valencia y Carlos Zavaleta Grández por pretender proteger la buena marcha de los procesos. El congresista Alejandro Muñante pidió a la JNJ sancionar a los integrantes del CEPJ por supuesta falta grave al haber prolongado, el 22 de junio, el mandato del juez Jhonny Contreras como presidente de la Corte Penal Nacional hasta diciembre de 2026 pues supuestamente ya se ha instalado la primera Sala Plena de esta Corte.

Sin embargo, esto último todavía no se ha producido. De acuerdo con fuentes de La República, el jueves 25 de junio se realizaron reuniones preparatorias para la autoconvocatoria a Sala Plena. Pero, la denuncia presentada ese mismo, 25 de junio ante la JNJ, da por hecho que ya se instaló y que las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo tres días antes, constituyen una falta grave.

La denuncia del congresista Muñante, lo sucedido en la Corte Penal Nacional y las acciones inmediatas de la Junta evidencias una serie de actos concertados para desestabilizar al sistema judicial, poner en la guillotina a las principales autoridades del Poder Judicial y asumir el control de sus decisiones. Someter a los jueces al miedo. Un libreto que el PJ ya vivió durante la dictadura de Fujimori-Montesinos y al que los jueces aprendieron a enfrentarse.