Paro en Ucayali continúa: gremios denuncian que acuerdo con el Gobierno se dio de forma unilateral
La protesta continúa pese al anuncio del Gobierno, que dio por terminada la huelga sin diálogo con todos los gremios. La región vive horas de tensión: los reclamos no se limitan al alza del combustible, también exigen atención en salud y educación, dos sectores que las autoridades mantienen desatendidos.
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El paro en Ucayali no se detiene. Distintos gremios de la región denuncian que el Gobierno anunció el fin de la huelga sin dialogar con todas las organizaciones que sostienen la protesta desde hace cinco días. El gobernador regional, Manuel Gambini, firmó un acuerdo solo con representantes del sector transporte. Ese pacto no incluye a las demás organizaciones sociales que integran el pliego de reclamos original.
El pasado 14 de agosto, el Ejecutivo anunció un subsidio focalizado para transportistas de carga, pasajeros, transporte fluvial y mototaxis. La medida cubre entre 15% y 20% del precio del combustible durante tres meses. Tras ese anuncio, los transportistas fluviales de Pucallpa acordaron levantar sus bloqueos.
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Sin embargo, el Frente de Defensa no firmó ningún acuerdo con el Gobierno. Los dirigentes que representan el pliego completo —con reclamos en salud, educación y saneamiento— mantienen la huelga indefinida.
La medida de protesta empezó el lunes 10 de agosto. La convocó el Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali (FREDEU), junto a gremios de transportistas, motocarristas y organizaciones de distintos sectores.
Lo que revela el acta de la Defensoría del Pueblo sobre las demandas de Ucayali
El 12 de agosto, la Oficina Defensorial de Ucayali reunió a representantes del Frente de Defensa, gremios de transporte y organizaciones de salud y educación. El objetivo fue ordenar el pliego de demandas y trasladarlo a las entidades competentes. El documento que resultó de esa reunión detalla los reclamos sector por sector, con cifras concretas que explican por qué la protesta no cede fácil.
El sector transporte puso en la mesa un dato técnico que preocupa a la población: el combustible que circula en la región tendría 3,030 partículas de azufre por millón. La norma permite solo 50. Los transportistas advirtieron que ese nivel de contaminación daña sus unidades vehiculares y afecta la salud de los usuarios. Por eso pidieron un decreto supremo que declare la región en emergencia.
Campo Verde presentó uno de los reclamos más duros del acta. El hospital del distrito lleva años sin funcionar pese a una inversión de S/36 millones en infraestructura y S/18 millones en equipamiento médico. Parte de ese equipo ya se deterioró por el tiempo transcurrido sin uso. A eso se suma un proyecto de agua potable que, según los representantes, está ejecutado desde hace una década pero nunca fue entregado. Sectores de la población recolectan agua de lluvia porque no tienen otra opción.
El acta también recoge un problema que golpea la vida diaria de miles de familias: más del 85% de los predios rurales de Campo Verde no cuenta con documentación que acredite su situación legal. Esa falta de saneamiento físico-legal no solo genera inseguridad para los propietarios. También bloquea la ejecución de obras públicas en salud y educación, porque el Estado no puede invertir en terrenos sin título.
En educación, los representantes denunciaron presuntos actos de corrupción en la UGEL Coronel Portillo y pidieron evaluar la permanencia de la directora. Mencionaron además el caso de la Universidad Nacional de Ucayali, que en ese momento acumulaba más de 78 días de protesta interna. La comunidad universitaria exige la destitución del rector y del vicerrector académico, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
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Enfrentamiento en Campo Verde deja heridos y detenidos, entre ellos tres menores de edad
El desacuerdo con el pacto firmado por Gambini no quedó solo en declaraciones. En el kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre, en el distrito de Campo Verde, un grupo de manifestantes rechazó despejar la vía pese al acuerdo anunciado. La Policía Nacional intervino para liberar el tramo y la acción terminó en un enfrentamiento violento. Durante el choque, los manifestantes incendiaron una camioneta de la PNP y atacaron a los agentes con piedras y bengalas.
La Oficina Defensorial de Ucayali hizo seguimiento a los hechos desde el primer momento. En su reporte inicial, la Defensoría del Pueblo informó que 11 personas fueron intervenidas y trasladadas a la Dirincri de Pucallpa. Cinco policías resultaron heridos y diez personas más recibieron atención médica por inhalación de gas lacrimógeno. Todas fueron dadas de alta tras el tratamiento correspondiente.
Horas después, la propia Defensoría actualizó la cifra: 13 personas quedaron detenidas, entre ellas tres menores de edad y diez adultos. El número de policías afectados también subió a 15. La institución tomó contacto con la jefa de la Micro Red de Salud de Campo Verde, Liz García, y con el jefe de la comisaría del distrito para conocer el estado de los intervenidos y el avance de las diligencias. Familiares de los detenidos pidieron garantías para el respeto del debido procedimiento.
El acuerdo que el Gobierno presentó como el fin del paro no representa a todos los sectores movilizados. Mientras Gambini celebraba la firma del acta con los gremios de transporte, otro grupo de manifestantes se mantenía en la vía, sin reconocer ese pacto como una solución real a sus demandas.
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