Paro en Ucayali continúa: gremios denuncian que acuerdo con el Gobierno se dio de forma unilateral
La protesta continúa pese al anuncio del Gobierno, que dio por terminada la huelga sin diálogo con todos los gremios. La región vive horas de tensión: los reclamos no se limitan al alza del combustible, también exigen atención en salud y educación, dos sectores que las autoridades mantienen desatendidos.
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El paro en Ucayali continúa pese a que el Gobierno lo dio por concluido. La noche del jueves 13 de agosto, autoridades del Gobierno regional, la Defensoría del Pueblo, la prefectura, el Ministerio Público y la PCM se reunieron con los gremios movilizados. En ese encuentro se expusieron los 15 puntos del pliego de demandas y se acordó firmar el acta de compromisos al día siguiente, al mediodía. Sin embargo, ese acuerdo no representó a todos los sectores que sostienen la huelga desde el 10 de agosto.
Solo el gremio de transporte —carga pesada, transporte fluvial y algunos mototaxistas— levantó la medida tras la firma del acta. El Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali (FREDEU) y el resto de organizaciones sociales rechazaron el acuerdo. Señalaron que no fueron tomados en cuenta en los términos finales, pese a haber participado en la reunión de la noche anterior.
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El gobernador regional, Manuel Gambini, a quien se le atribuyen vínculos con el fujimorismo, sostuvo que la huelga ya había sido levantada de forma oficial. Bajo esa premisa, afirmó que la Policía Nacional tenía la potestad de dispersar a quienes continuaran con los bloqueos. La postura del gobernador convirtió un conflicto social en un problema de orden público, justo en momentos en que una parte de la población seguía en las calles por demandas que consideraba ignoradas.
Mientras los gremios que rechazaron el acuerdo se concentraban en Pucallpa, la población de Campo Verde mantuvo bloqueada la vía. Sus reclamos —hospital paralizado, agua potable pendiente, predios sin saneamiento— no figuraban en el arreglo alcanzado con el Gobierno. Fue en ese punto donde se produjo el enfrentamiento con la Policía que dejó un saldo de alrededor de 38 heridos, entre civiles y efectivos policiales, además de un patrullero del Escuadrón de Emergencia incendiado.
Lo que revela el acta de la Defensoría del Pueblo sobre las demandas de Ucayali
El 12 de agosto, un día antes de la reunión decisiva con el Gobierno, la Oficina Defensorial de Ucayali ya había reunido a representantes del Frente de Defensa, gremios de transporte y organizaciones de salud y educación. En ese primer encuentro, la plataforma de lucha original constaba de 11 puntos. El objetivo fue ordenar esas demandas y trasladarlas a las entidades competentes. Un día después, en la mesa de diálogo del 13 de agosto, el pliego se amplió a 15 puntos, con precisiones y nuevas demandas de cada sector.
El sector transporte puso en la mesa un dato técnico que preocupa a la población: el combustible que circula en la región tendría 3,030 partículas de azufre por millón. La norma permite solo 50. Los transportistas advirtieron que ese nivel de contaminación daña sus unidades vehiculares y afecta la salud de los usuarios. Por eso pidieron un decreto supremo que declare la región en emergencia.
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Campo Verde presentó uno de los reclamos más duros del acta. El hospital del distrito lleva años sin funcionar pese a una inversión de S/ 36 millones en infraestructura y S/ 18 millones en equipamiento médico. Parte de ese equipo ya se deterioró por el tiempo transcurrido sin uso. A eso se suma un proyecto de agua potable que, según los representantes, está ejecutado desde hace una década pero nunca fue entregado. Sectores de la población recolectan agua de lluvia porque no tienen otra opción.
El acta también recoge un problema que golpea la vida diaria de miles de familias: más del 85% de los predios rurales de Campo Verde no cuenta con documentación que acredite su situación legal. Esa falta de saneamiento físico-legal no solo genera inseguridad para los propietarios. También bloquea la ejecución de obras públicas en salud y educación, porque el Estado no puede invertir en terrenos sin título.
En educación, los representantes denunciaron presuntos actos de corrupción en la UGEL Coronel Portillo y pidieron evaluar la permanencia de la directora. Mencionaron además el caso de la Universidad Nacional de Ucayali, que en ese momento acumulaba más de 78 días de protesta interna. La comunidad universitaria exige la destitución del rector y del vicerrector académico, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
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El enfrentamiento en Campo Verde deja 38 heridos y un patrullero incendiado
El bloqueo en Campo Verde no cedió pese al anuncio del fin del paro. La población de ese distrito mantuvo la vía tomada porque ninguna de sus demandas —hospital, agua potable, saneamiento de predios— quedó resuelta en el acuerdo firmado por el gobernador con los gremios de transporte. Esa resistencia se topó con la decisión de la Policía Nacional de despejar la carretera, bajo el argumento de que la huelga ya había sido levantada oficialmente.
El choque entre manifestantes y agentes dejó un saldo de alrededor de 38 heridos, entre civiles y policías. Un patrullero perteneciente al Escuadrón de Emergencia terminó incendiado durante los disturbios. La Defensoría del Pueblo hizo seguimiento paralelo a la situación de las personas intervenidas: reportó, en un primer momento, 11 personas trasladadas a la Dirincri de Pucallpa, cifra que horas después actualizó a 13 detenidos, entre ellos un menor de edad.
La institución tomó contacto con la jefa de la Micro Red de Salud de Campo Verde, Liz García, y con el jefe de la comisaría del distrito, para conocer el estado de los heridos y el avance de las diligencias. Familiares de los detenidos exigieron garantías para el respeto del debido procedimiento. La Defensoría anunció que continuará supervisando la intervención policial y las condiciones de las personas detenidas.
El episodio expone la fractura de fondo del conflicto: un acuerdo firmado con un solo sector no bastó para apagar una protesta que nació con demandas mucho más amplias. Mientras el Gobierno regional daba por resuelto el paro, una parte de la población seguía exigiendo respuestas que nunca llegaron a la mesa de negociación.
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