Ucayali: Mininter dispone defensa legal de policías denunciados por detención de 2 fiscales
El director general de la Defensoría del Policía llegó este viernes a la región de Ucayali para coordinar las acciones legales a favor del personal policial y el seguimiento del caso. La Junta de Fiscales Supremos rechazó la detención de fiscales que cumplían sus funciones y exigió que sean denunciados por secuestro.
La República en GoogleEl director de la Defensoría del Policía, general PNP (r) Máximo Ramírez de la Cruz, expresó su respaldo a los efectivos policiales denunciados por la detención de dos fiscales provinciales durante las elecciones presidenciales del 7 de junio.
Anunció que la institución asumirá la defensa legal de los agentes involucrados y realizará seguimiento a las investigaciones, a fin de garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos del personal policial comprendido en el caso.
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Como se recuerda, los agentes que intervinieron en el caso de las cédulas marcadas detectadas en la I. E. Diego Ferrer Sosa, en Yarinacocha (Ucayali), acusaron a los fiscales José Antonio Samanez Niño de Guzmán y Erika Milagros Chávez Tuesta de haber retirado las cédulas observadas, según dijeron, sin comunicar oportunamente a los efectivos asignados al local de votación, lo que motivó su detención en flagrancia por presunto encubrimiento y otros delitos vinculados al sistema electoral.
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Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos rechazó que policías hayan detenido a dos fiscales que cumplían sus funciones y exigió que sean denunciados por secuestro.
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La JFS emitió un pronunciamiento en el que expresó su rechazo a la detención e indicó que los magistrados fueron intervenidos por efectivos de la Policía Nacional cuando participaban en una diligencia relacionada con el hallazgo de cédulas de votación marcadas.
El defensor del policía llegó este viernes a Ucayali y aseguró que el Mininter dispuso la defensa legal de los efectivos policiales denunciados.
“Hemos venido para coordinar las acciones de defensa legal, verificar la situación de los efectivos comprendidos en el caso y realizar el seguimiento correspondiente dentro del ámbito de competencia de la institución”, indicó.
Los hechos, explicó, ocurrieron el 7 de junio en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, durante una intervención policial relacionada con el presunto hallazgo de cédulas de sufragio marcadas. Como parte de las diligencias, dos fiscales provinciales fueron detenidos, situación que derivó en una denuncia contra los efectivos que participaron en la intervención.
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Ante este escenario, la Defensoría del Policía asumirá la defensa legal de los agentes involucrados.
Ramírez de la Cruz señaló que toda actuación fiscal, policial o administrativa debe desarrollarse con objetividad, respeto a la Constitución Política del Perú y observancia de las competencias funcionales de cada entidad.
Asimismo, indicó que corresponde a las autoridades competentes esclarecer las circunstancias de la intervención y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos materia de investigación.
