Observatorio de Minería Ilegal plantea 10 propuestas para los primeros 100 días del próximo gobierno

Detrás de la tragedia de 13 trabajadores que en abril del 2025 fueron secuestrados y asesinados en Pataz, de los casi 50 líderes y defensores ambientales victimados en la Amazonía y de comuneros indígenas amenazados, hay un fenómeno preocupante y creciente: la minería ilegal, insegura para las comunidades nativas y los operarios, y alimento para las arcas de mafias y redes criminales que actúan con impunidad.

En Amazonas, Ucayali, Loreto o Madre de Dios, los comuneros insisten en que grupos armados controlan muchos territorios donde existen minas ilegales y, en muchos casos, "utilizan como escudos humanos a gentes humildes e indefensas".

Esta semana, el Colectivo PAS participó, junto a otras nueve asociaciones, en el foro Perú Democrático: Responsabilidad Común, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, para abordar problemas urgentes del país que el próximo gobierno deberá atender.

Karina Garay, exfiscal ambiental de Madre de Dios y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, en representación del colectivo que surgió como respuesta a la ola de crímenes financiados por la minería ilegal en el Perú, presentó 10 propuestas contra esa actividad ilícita ante los nuevos senadores para sus primeros 100 días de gobierno.

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La especialista considera que es fundamental "el cierre definitivo del Reinfo, ese registro que ha permitido que mineros estén en la impunidad, es decir, que no sean sancionados; por lo tanto, se requiere un marco normativo que también pueda exigir el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, laborales, sociales y de salud".

Y agrega: "Es importante que se controlen los insumos que dan origen a la actividad minera, ya que si esta materia prima es debidamente fiscalizada no será desviada hacia la minería ilegal".

Otro punto que sería clave para enfrentar ese flagelo es que "se fortalezcan los comandos especiales que operan contra esta actividad ilícita en los lugares más dañados por esta actividad, ya sea el Amazonas, Loreto, Madre de Dios, incluso Pataz".

Para Garay, las próximas autoridades deberán asumir su responsabilidad y actuar con firmeza contra la minería ilegal.

De acuerdo con el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), esta actividad es considerada la principal economía ilícita en Perú, desplazando al narcotráfico y generando pérdidas millonarias para el país.

Está estrechamente vinculada a redes de crimen organizado, lavado de activos, tráfico de insumos químicos, maquinaria y explosivos, corrupción, trata de personas, sicariato y graves consecuencias socioambientales.

ES LA PRINCIPAL AMENAZA

Expertos del OMI sostienen que la minería ilegal es la principal amenaza para los esfuerzos de desarrollo, conservación, gobernabilidad y soberanía en el Perú y, por eso, es fundamental combatirla.

La lucha contra la minería ilegal permite debilitar y contrarrestar sus impactos, que ocasionan severos daños ambientales, sociales y económicos. Sin embargo, esta lucha solo puede ser efectiva si se articula con un proceso veraz y multisectorial.

Lo mismo se puede decir de la minería informal, que se ha convertido en un comodín de la ilegalidad. Por otro lado, la formalización de la minería informal constituye una herramienta clave para incorporar a los pequeños mineros y mineros artesanales a la formalidad, garantizando el cumplimiento de normas ambientales, laborales y tributarias, pero la realidad es muy distinta.

Mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han desnaturalizado el proceso por sus excesivas prórrogas, convirtiéndose en un beneficio para la impunidad y la flexibilidad para extraer y comerciar minerales sin respetar las normas ambientales, laborales y de salud.

Ante ello, en el contexto de la segunda vuelta del proceso electoral, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) revisó los planes de gobierno de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú para el periodo 2026-2031, en lo referido a la formalización minera y a la lucha contra la minería ilegal.

Entre los principales hallazgos se concluye que el reto central del próximo gobierno no es prolongar regímenes transitorios de formalización, o crear otro mecanismo de formalización cambiando el nombre al actual Reinfo, sino recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre toda la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta la exportación.

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Asimismo, implica sincerar y separar el sistema. Es decir, distinguir a los verdaderos pequeños mineros de aquellos medianos o grandes que utilizan este régimen excepcional para evadir el control del Estado y obtener máximos beneficios.

ESTAS SON LAS PRIORIDADES

En ese sentido, el OMI plantea 10 propuestas prioritarias para los primeros 100 días de gobierno, orientadas a recuperar la capacidad de control del Estado, fortalecer la lucha contra la minería ilegal y avanzar hacia un proceso de formalización efectivo, entre otros objetivos.

-Cerrar definitivamente el Reinfo, no promover su ampliación. Dentro de los 100 primeros días se deberá diseñar un nuevo régimen MAPE: temporal, con metas verificables, trazabilidad obligatoria, estándares ambientales mínimos y salida automática por incumplimiento. Esto para aquellos que mantienen vigente el proceso de formalización actual; para otros casos deberá atenderse vía proceso ordinario, es decir, primero cumple la ley, luego opera. Para esto, además, se debe eliminar la impunidad, como ha ordenado el Tribunal Constitucional de acuerdo con el numeral 5.

-Elaborar y remitir propuesta dentro de los 100 primeros días para que el Ejecutivo tome control de las Plantas de Beneficio y estas no sean consideradas pequeña minería. El gobierno, en general, no las ha controlado y menos ha fiscalizado la cantidad de insumos que utilizan y su capacidad de producción. Para ello, se deberá realizar un monitoreo digital de producción, declaración de insumos, fiscalización tributaria y ambiental, y trazabilidad del mineral recibido.

-Asignación extraordinaria de recursos públicos para la lucha contra la minería ilegal al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra. Es increíble que el programa presupuestal 0128 "Reducción de la minería ilegal" asigne cero soles al Ministerio Público; eso evidencia o ignorancia o corrupción para que no haya operativos de interdicción de la minería ilegal, con presencia del principal actor, que es el Ministerio Público.

-Aplicar el principio de responsabilidad de manera inmediata desde el Poder Ejecutivo. Todo aquel causante de un daño al ambiente debe asumir la responsabilidad y los costos de reparación del daño causado. Los mineros que declaren ubicación y se identifique que vienen operando en una determinada zona serán responsables penales, administrativos y civiles de toda la afectación en la zona. Para esto, solo corresponde aplicar la ley y el principio de responsabilidad ambiental.

-Proceder a remitir dentro de los 100 primeros días, al Congreso de la República, una propuesta que elimine la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa de los mineros inscritos en el Reinfo, tal como ha ordenado en abril del 2025 el Tribunal Constitucional, sentencia que, pese a su obligatoriedad, no viene siendo cumplida por los poderes públicos.

-Implementar de manera urgente y prioritaria en la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas medidas de lucha contra la corrupción y el ISO antisoborno. Se ha evidenciado, lamentablemente, el mal funcionamiento y denuncias no atendidas de corrupción dentro del sector Minería. Presentar al Congreso de la República una iniciativa legislativa que promueva la eliminación progresiva del uso de mercurio y fomente el uso de tecnologías limpias.

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-Debiendo proponer al 2030 la eliminación y prohibición total. Por otro lado, corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente, aprobar el Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería de pequeña escala, que busca reducir y eliminar el uso de mercurio en línea con el Convenio de Minamata, deuda pendiente del Estado peruano.

-El Poder Ejecutivo (PE), a través del Minem, debe emprender el funcionamiento y puesta en operaciones del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), convertirlo en plataforma obligatoria interoperable para trazabilidad de insumos, trazabilidad del mineral, monitoreo ambiental, control tributario y verificación de producción. Este sistema facilitará la transparencia y así evitará la impunidad y la corrupción, pendiente de implementar por el Ejecutivo desde 2024.

-El PE debe ejercer su rol de gobierno nacional, unitario, y asumir la formalización minera, para lo cual debe utilizar las herramientas legales para que los gobiernos regionales transfieran de manera inmediata el acervo documentario de los expedientes de mineros en proceso de formalización, situación que lamentablemente no ha sucedido pese al mandato de diversas leyes.

-El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, debe aprobar dentro de los 100 primeros días un decreto supremo que prohíba el otorgamiento de concesiones mineras en cualquier río amazónico, situación que se viene dando en los últimos años, y, pese a que la actividad minera está prohibida sobre los cuerpos de agua, y una "concesión no da derecho a explotarla", se ha convertido en un mecanismo constante para operar en la impunidad y aduciendo derechos sobre estos espacios.