Las economías ilegales buscan el control territorial de la Amazonía

El avance del narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales transnacionales está transformando la selva amazónica en uno de los territorios más disputados del país, según plantea un reciente estudio. Mientras crece la violencia y se acelera la destrucción ambiental, comunidades indígenas y gobiernos enfrentan una batalla que podría definir el futuro climático y económico del Perú.

Nuestra selva tropical enfrenta una amenaza que ya no proviene únicamente de la tala o de la expansión agroindustrial.

Este miércoles, organizaciones criminales están convirtiendo vastas zonas de la Amazonía en corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de recursos naturales, en medio de una débil presencia estatal y una creciente violencia territorial.

La alerta fue planteada por Aidesep, Orau, el Instituto del Bien Común, ProPurús, Amazon Watch y Ricardo Soberón, expresidente ejecutivo de Devida, quienes advierten que el Perú enfrenta un punto crítico ante la expansión del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas en la Amazonía.

PUEDES VER: La larga lucha de los indígenas de la Amazonía por su supervivencia

El estudio 'La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal' busca alertar a las futuras autoridades sobre las decisiones urgentes que deberán adoptarse desde el inicio del próximo gobierno. Concluye que estas actividades ya no operan como fenómenos aislados, sino como sistemas interconectados que están reorganizando territorios, economías locales y formas de gobernanza en amplias zonas de la Amazonía.

274 comunidades impactadas

Las mafias avanzan con más rapidez que los propios Estados amazónicos, al aprovechar fronteras desprotegidas, corrupción institucional y enormes vacíos de gobernanza.

Raphael Hoetmer, investigador, educador y activista holandés, dice que el informe identifica tendencias y datos que muestran una expansión más profunda y acelerada de estas dinámicas, como las 274 comunidades nativas impactadas por el narcotráfico y otras economías ilegales, de las cuales 24 requieren atención urgente del Estado por sus niveles de riesgo y presión criminal.

El reporte registra además 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de 252 comunidades nativas, equivalente al 14% del total nacional cultivado, así como 35 líderes indígenas asesinados y más de 590 amenazas registradas hasta 2025, en un contexto de alta impunidad frente a crímenes contra defensores territoriales.

“Las fronteras amazónicas son actualmente los espacios más vulnerables, funcionando como corredores de tránsito, refugio y articulación para organizaciones criminales. En las zonas fronterizas con Ecuador, Colombia y Brasil, la presencia de infraestructura ilegal se consolida como un indicador central del problema. Las zonas más críticas presentan una combinación de pistas clandestinas, corredores fluviales, carreteras, infraestructura minera y redes logísticas", señala por su parte Ricardo Soberón, especialista en políticas de drogas.

Y añade: “Existe una creciente convergencia entre oro y cocaína. Hay una articulación operativa y financiera entre ambas economías ilícitas", manifiesta. Las zonas críticas son el eje Ucayali-Huánuco hacia la frontera con Brasil, la Cordillera del Cóndor-Condorcanqui (Amazonas), el Trapecio Amazónico y la cuenca del Putumayo (Perú-Brasil-Colombia), y el Corredor Sur Amazónico: Madre de Dios-Puno-frontera con Bolivia y Brasil.

El estudio identifica una expansión creciente de la denominada ruta sur amazónica, que conecta el Vraem con Cusco, Puno y Madre de Dios, y se articula con corredores hacia Bolivia y Brasil. La combinación de la carretera Interoceánica, rutas aéreas y fluviales, y actividades de minería ilegal convierte esta zona en un espacio estratégico para el narcotráfico y otras economías ilícitas, asegura Soberón.

Serias advertencias

El problema ya no es solamente ambiental. Según los especialistas, la Amazonía está entrando en una crisis de seguridad en la que el crimen organizado encontró una fuente multimillonaria de ingresos ligada al oro ilegal, la cocaína y el control territorial. La gran pregunta es si el próximo gobierno estará a tiempo de recuperar el control de la Amazonía.

Los expertos sostienen que la única salida viable pasa por una cooperación mucho más fuerte entre el Estado, las comunidades indígenas y los organismos internacionales, además de endurecer los controles sobre cadenas globales de suministro relacionadas con oro, madera y materias primas provenientes de la selva.

“La Amazonia está en peligro. Ahora, sembradores de coca y mineros ven nuestras tierras, nuestros ríos, nuestros hogares como el lugar donde van a hacer plata, dejando el río contaminado, el bosque desaparecido. No solo quieren quitarnos la tierra, el agua y la vida. Se roban nuestro futuro”, dice Herlín Odicio.

El estudio advierte que la presión ejercida por operaciones de control en países vecinos, la reconfiguración de rutas internacionales del narcotráfico y el debilitamiento institucional están convirtiendo al Perú en una zona de repliegue y expansión para organizaciones criminales transnacionales vinculadas al PCC brasileño, el Comando Vermelho, disidencias de las FARC y otras redes regionales.

PUEDES VER: Mujeres que protegen la Amazonía pese a las amenazas

Los especialistas sostienen que las decisiones que adopte el gobierno desde julio de 2026 definirán si el país logra contener estas dinámicas o si continúan consolidándose como sistemas de poder territorial que debilitan la soberanía y capturan instituciones locales.

“El país todavía está a tiempo de evitar que estas dinámicas se profundicen, pero eso requerirá reconocer la verdadera dimensión del problema y abandonar respuestas parciales que han demostrado ser insuficientes”, señala Raphael Hoetmer.

Entre los principales hallazgos, el informe identifica que los territorios indígenas se han convertido en uno de los principales espacios de disputa de las economías ilícitas debido a la falta de titulación, la débil presencia estatal y la ausencia de mecanismos efectivos de protección. Esta situación ha incrementado la violencia, las amenazas y los asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales amazónicos.

Sin embargo, el estudio también destaca que las organizaciones indígenas desarrollan algunas de las respuestas más efectivas frente al avance criminal mediante vigilancia territorial, guardias indígenas y mecanismos comunitarios de protección.