Gobierno designa a Raúl Inga Garay como nuevo presidente del INPE
El nombramiento se da tras la renuncia presentada por Jorge Henry Cotos Ochoa, extitular de la entidad.
La República en GoogleEl viernes 15 de mayo, el Poder Ejecutivo oficializó la designación de Raúl Inga Garay como nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida se adoptó tras aceptarse la renuncia de Jorge Henry Cotos Ochoa, quien hasta ese momento se desempeñaba como jefe del Consejo Nacional Penitenciario.
La designación se hizo pública a través de la Resolución Suprema N.° 099-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano. El documento que oficializa el inicio de la gestión de Inga Garay cuenta con el respaldo del presidente José María Balcázar y del titular de Justicia, Luis Enrique Jiménez.
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Sobre la salida de Cotos Ochoa, el Gobierno la oficializó a través de la Resolución Suprema N.° 098-2026-JUS. Ante esta situación, el Estado optó por dar por concluida su labor y agradeció los servicios prestados durante su gestión.
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Es importante mencionar que la dirección de esta entidad recae en un equipo técnico de alto nivel. Tal como se menciona en la normativa de la institución, el INPE está dirigido por el Consejo Nacional Penitenciario, un órgano integrado por “tres especialistas en materia criminológica y penitenciaria”. Este grupo es el encargado de tomar las decisiones para el sistema carcelario en todo el país.
Creación de la Sunir y reestructuración de la entidad
La designación de Inga Garay ocurre en un momento de reestructuración para el sistema penitenciario. El Poder Ejecutivo ha oficializado la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, conocida como Sunir, a través del Decreto Legislativo N.° 1710. Este nuevo organismo trabajará bajo el mando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y funcionará como una oficina central para manejar todo lo relacionado con las prisiones y el internamiento de menores.
Según explica la norma, la meta principal de esta entidad es "reducir las condiciones estructurales que facilitan la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional” para que las cárceles estén más controladas.
La Sunir será un organismo con autonomía administrativa y financiera, lo que significa que tendrá su propio presupuesto y libertad para decidir cómo mejorar el sistema. El documento aclara que esta nueva institución "ejercerá la función de dirigir, regular y supervisar el sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social". Esto alcanza la supervisión de las condenas de cárcel efectiva hasta los que tienen libertad suspendida o usan grilletes electrónicos.
Además de vigilar, la Sunir "diseñará, implementará y supervisará los sistemas de seguimiento y evaluación continua del tratamiento penitenciario y juvenil" y también se encargará de la seguridad total, tanto dentro como fuera de los edificios. Se busca que un seguimiento se mantenga después de que la persona salga de prisión para evitar que se comentan delitos.
Además, las instituciones relacionadas al sistema penitenciario desaparecerán para unirse a esta nueva superintendencia. El decreto "aprueba la fusión por absorción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres) a la Sunir".
