Elecciones 2026: Keiko Fujimori apuesta por mano dura en seguridad y Roberto Sánchez por reformas estructurales

La inseguridad ciudadana es una de las problemáticas que más preocupa a los peruanos. El tratamiento que haga un candidato presidencial frente a este problema puede determinar el apoyo ciudadano que reciba del electorado. A todas luces, la segunda vuelta electoral de 2026 será entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Por ello, cabe preguntarse: ¿qué proponen ambos candidatos en materia de seguridad ciudadana?

Fuerza Popular propone modernización, pero metas podrían no ser alcanzables

A lo largo de su campaña, Keiko Fujimori ha colocado la lucha contra la inseguridad ciudadana como una de sus principales consignas políticas. El plan de la candidata fujimorista ha sido titulado 'Perú con orden' y, en diversas intervenciones públicas, ha asegurado que la erradicación del crimen es uno de sus objetivos centrales. Incluso ha llegado a reivindicar el autoritarismo de la dictadura liderada por su padre, Alberto Fujimori, y a utilizarlo como ejemplo para ilustrar lo que haría frente a los grupos criminales de llegar al poder.

Fuerza Popular propone que, en sus primeros 100 días, se implemente el C5i en Lima y Callao —un centro de comando, control, comunicaciones, cómputo e inteligencia que articula información en tiempo real para la seguridad—, con miras a expandirlo a otras ciudades críticas. Asimismo, plantea fortalecer las Unidades de Flagrancia Express en Lima, Piura y Trujillo, instancias diseñadas para procesar de manera rápida a personas detenidas en flagrancia.

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La plataforma fujimorista también plantea que, en ese mismo periodo, las Fuerzas Armadas y la Policía se instalen en Tumbes para reforzar el control fronterizo. Finalmente, propone emitir decretos de urgencia para financiar la compra de 1.000 patrulleros inteligentes —equipados con tecnología de geolocalización y comunicación—, la instalación de 10.000 cámaras interconectadas para vigilancia y la modernización de 200 comisarías.

El plan de seguridad de Fuerza Popular se organiza en tres ejes: prevención, control de la delincuencia y procesamiento. En materia preventiva, el partido plantea políticas vinculadas al deporte, el arte y el empleo juvenil. Además, propone continuar con el Plan Estratégico de Desarrollo de Capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la embajada británica.

Para enfrentar la criminalidad, la agrupación apuesta por el uso de tecnología y la modernización de las unidades operativas. Asimismo, en la etapa posterior al delito, propone el programa 'Manos que Reparan', cuyo objetivo es que las personas privadas de libertad realicen trabajos comunitarios.

Sin embargo, el plan también presenta debilidades. La principal radica en sus metas: propone reducir la impunidad del 90% al 50%. Sin una reforma judicial profunda y sostenida, esta meta podría resultar poco viable.

“Todos quisiéramos que sea así. Políticamente es atractivo, pero para ello se necesitan reformas estructurales. Reducir la impunidad implica abordar toda la cadena del proceso penal: policías que investiguen de manera efectiva, fiscalías que acusen adecuadamente y en plazos razonables, y un Poder Judicial que emita sentencias oportunas. Eso es algo que no tenemos hoy. Es un tema de volumen, pero también de calidad de los casos y de coordinación institucional. Además, esto requiere invertir en inteligencia criminal, evidencia forense y mejorar la gestión de casos. Proponerlo sin detallar el cómo y en plazos cortos resulta irreal”, señaló Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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López advirtió, además, que involucrar a militares en el sistema penitenciario no sería una medida adecuada: “No es una buena idea en términos de diseño institucional. Las cárceles requieren una gestión penitenciaria especializada, no basada en una lógica militar. Involucrar a las Fuerzas Armadas podría generar problemas de derechos humanos. Estas están diseñadas para enfrentar amenazas externas, no para la gestión de la población penal”.

El presupuesto es otra de las principales incógnitas del plan. Con más de 40 propuestas, la financiación de cada una no queda del todo clara. “El tema de los recursos será clave. Gran parte del gasto se concentra en el personal policial, lo que muchas veces no se considera adecuadamente en el proceso presupuestal. Además, se requieren inversiones de gran escala que implican distintas etapas y niveles de gobierno”, añadió López.

Juntos por el Perú busca derogar leyes procrimen, pero sin una estrategia clara

La propuesta de Juntos por el Perú (JP) no ha tenido a la seguridad ciudadana como uno de sus ejes principales. El partido de Roberto Sánchez plantea una agenda orientada a reivindicar a poblaciones históricamente marginadas en el Perú y propone, como vía para revertir esa situación, un cambio del modelo económico. En ese marco, el plan de gobierno sostiene que la inseguridad no es solo un problema operativo, sino el resultado estructural del “fracaso del modelo” y del debilitamiento del Estado.

A partir de ese diagnóstico, JP construye una propuesta que combina reformas institucionales, medidas operativas y un enfoque comunitario. Como punto de partida, la organización plantea una reforma estructural de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de depurar a mandos vinculados a redes de corrupción. Asimismo, propone revisar la normativa y los protocolos de actuación sobre el uso proporcional de la fuerza en el ejercicio del derecho a la protesta.

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La propuesta también contempla fortalecer la inteligencia policial mediante la creación de un sistema integrado de información criminal que permita rastrear delitos como extorsión, fraude digital y lavado de activos. Para ello, Sánchez plantea la creación de una unidad especializada en inteligencia financiera y ciberdelito, en coordinación con entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El plan de JP incluye, además, el fortalecimiento del control del sistema financiero a través de auditorías tecnológicas y bloqueos preventivos de cuentas sospechosas. Estas medidas se complementarían con una plataforma digital unificada para denuncias ciudadanas, seguimiento de casos y emisión de alertas comunitarias.

En paralelo, el partido plantea un enfoque comunitario de la seguridad, promoviendo la participación de juntas vecinales, gobiernos locales y organizaciones sociales en la recuperación de barrios inseguros. Al igual que Fuerza Popular, JP prioriza la prevención mediante actividades culturales, deportivas y de desarrollo económico local dirigidas a jóvenes.

Una de las principales propuestas del partido es la derogación de las denominadas leyes procrimen. El plan de gobierno detalla cada una de estas normas y expone sus efectos negativos. No obstante, esta medida podría resultar más difícil de concretar de lo que plantea la organización, ya que el documento no especifica una estrategia clara para lograr su aprobación.

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“Sánchez va a tener que construir coaliciones y negociar acuerdos. El candidato de Juntos por el Perú tendrá que trabajar con los propios operadores de justicia. Si se actúa únicamente a nivel legislativo, se generará una tensión entre los poderes del Estado que no favorece el trabajo de estos operadores. Es necesario garantizar independencia y calidad”, señaló López.

Asimismo, otra propuesta de Sánchez en materia de seguridad que genera cuestionamientos es la implementación de veedurías para supervisar el trabajo policial. Para López, esta medida puede fomentar la participación ciudadana, pero debe diseñarse con cuidado para evitar su politización: “Todo lo que provenga de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas es positivo. Mejora la transparencia, fortalece el control social y puede reducir la corrupción. Sin embargo, debe implementarse adecuadamente, porque existe el riesgo de politización. La participación política es importante, pero no debe orientarse a promover intereses particulares. Además, ya existe la Contraloría, que debería fortalecerse para que sus informes tengan un impacto efectivo y no queden solo en el ámbito administrativo”, explicó.

“El reto más importante del presidente va a ser detener la expansión del fenómeno extorsivo”

En entrevista con La República, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza brindó sus observaciones sobre los retos que deberá afrontar el próximo mandatario en materia de seguridad ciudadana.

“Creo que el reto más importante del presidente será detener la expansión del fenómeno extorsivo, que hoy se extiende por todo el país y afecta también a las principales actividades económicas. Los indicadores deberían ser claros: menos asesinatos vinculados a este delito, menos uso de explosivos, entre otros”, señaló.

Pedraza enfatizó la necesidad de adoptar medidas planificadas: “Deben implementarse acciones rápidas para lograr un equipamiento eficiente de la PNP. Además, es importante entender que la seguridad ciudadana no tiene soluciones mágicas. El nuevo gobierno debe planificar medidas de corto, mediano y largo plazo. Son estas las que permiten acciones sostenidas y eficaces contra la delincuencia”.

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El exministro también se refirió al perfil que debería tener el titular del Ministerio del Interior: “Debe designarse a un buen ministro del Interior. Prefiero un civil sin antecedentes vinculados a hechos de corrupción o conductas cuestionables. Debe ser capaz de liderar moralmente el sector y, especialmente, contar con conocimientos en seguridad y capacidad de gestión”.

Pedraza también ofreció su evaluación sobre los perfiles de los candidatos en relación con su enfoque de la seguridad nacional.

“Diría que Sánchez tiene un perfil distinto al de Fujimori. Sánchez plantea fortalecer el tejido social, lo cual me parece interesante, pero sus mensajes no reflejan una línea de acción firme. A diferencia de Fujimori, quien busca proyectar un perfil más autoritario, asociado a una supuesta mayor eficacia frente a la inseguridad. Sin embargo, cuando se revisan sus propuestas —como la construcción de megapenales, la eventual participación de militares en la administración penitenciaria o el establecimiento de controles territoriales—, estas no necesariamente resultan eficaces. En cualquier caso, ambos presentan enfoques distintos, y la verdadera eficacia dependerá de una planificación rigurosa y sostenida en la materia”, concluyó.