El precio de los presos: Cuánto cuesta mantenerlos

El sistema penitenciario es una maquinaria que le cuesta al Estado un estimado de 3 millones 111 mil 510 soles diarios (93 millones 345 mil 300 mensual). Por cada preso se invierte S/30.00 cada día o 900 soles al mes. A enero del 2026, la población penal alcanzó los 103 mil 717 internos, según el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

De ellos, 97 mil 782 (94%) son peruanos y 5.935 (6%) son extranjeros. Es decir, en reclusos nacionales el Estado invierte unos 2 millones 933 mil 460 soles diarios, mientras que, por los foráneos el desembolso es de 178 mil 050 soles cada día.

El expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, confirmó que el Estado peruano destina más de 3 millones de soles para la alimentación de los reos.

Esta cifra ha generado malestar entre la ciudadanía. La República consultó a limeños sobre su opinión al respecto y muchos consideran que este dinero debería invertirse en sectores que beneficien a quienes más lo necesitan, como los comedores populares o en los hospitales.

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“Los presos deberían trabajar para cubrir sus necesidades, no es justo que el Estado gaste millones en ellos. Los delincuentes deben trabajar para comer, y si no pueden, que sus familias los alimenten”, expresó Victoria Salvador, profesora de una escuela del Rímac.

Otros también cuestionaron la decisión del Estado de alimentar a personas que cometen graves delitos, mientras en el país hay una gran cantidad de ciudadanos en situación de pobreza que sufren de hambre.

Las cárceles peruanas deberían albergar a 41.000 reclusos, pero estas están sobrepobladas, con más de 103 mil internos, lo que refleja una grave crisis en el sistema penitenciario.

A pesar de los millones que se invierten en las cárceles, las cifras indican que la tasa de reincidencia ronda el 40%.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo, aseguran que se mantiene una tasa de reincidencia general del 25%, es decir, 25 de cada 100 internos tienen dos o más ingresos (vuelven a cometer delito).

La corrupción en las prisiones es un hecho que se demuestra en el contraste entre los fondos asignados y las condiciones de las cárceles y de vida de los agentes penitenciarios y de los presos.

La mayoría de los reclusos del país no trabaja, tampoco se capacitan y gran parte no estudia. En cambio, viven en condiciones miserables que son el caldo de cultivo para la formación de delincuentes más peligrosos.

Muchos internos, que fueron detenidos en situación de flagrancia entran a la prisión con poca experiencia delictiva y salen con verdaderas ‘maestrías’ en violencia, crimen organizado y nuevos contactos con redes delictivas.

El Congresista Américo Gonza Castillo (PL) demandó que se propicie que el preso trabaje y se pregunta cuánto le cuesta al país uno de ellos día a día. Pidió reformular la visión del sistema penitenciario y fortalecer el sistema de los agentes penitenciarios, que por sus bajos sueldos son presa fácil de la corrupción.

Proceso de deshacinamiento

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, informó el proceso de deshacinamiento penitenciario presentado esta semana no solo busca garantizar condiciones dignas en los establecimientos penitenciarios, sino también representa un significativo ahorro para el Estado peruano de más de S/3.636 millones en infraestructura carcelaria.

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Precisó que, de acuerdo con estimaciones técnicas, el costo promedio de una unidad de albergue penitenciario en el país asciende a S/147,000, considerando estándares mínimos de infraestructura como servicios higiénicos, espacios de trabajo, educación, salud y seguridad.

Bajo este cálculo, la reducción proyectada de 24 mil 739 unidades de albergue, producto de las medidas de deshacinamiento, permite evitar una inversión millonaria en nuevas construcciones. Señaló que este impacto equivale a dejar de edificar aproximadamente 41 penales de 600 internos, 20 penales de mayor envergadura con capacidad para hasta 1.200 internos, u 8 megapenales con capacidad para 3.000 internos cada uno.

La magnitud del ahorro cobra mayor relevancia si se considera que un penal de 600 unidades de albergue demanda cerca de S/88.2 millones, mientras que un megapenal puede superar los S/441 millones, como ocurre con proyectos recientes cuya inversión incluso se ha elevado por factores adicionales como acceso, servicios básicos y licencias sociales.

Actualmente, la población penitenciaria supera los 103 mil internos, lo que evidencia la urgencia de políticas sostenibles que no dependan exclusivamente de la expansión de infraestructura, sino que apuesten por alternativas legales, medidas de reinserción y el uso eficiente de recursos públicos.

Más de 5 mil presos extranjeros

La República. a través del Instituto Nacional Penitenciario, accedió a los últimos datos que se conocen. Para empezar, hay que decir que los ciudadanos extranjeros encarcelados son minoría. Pero la mayoría de ellos, sobre todo en el último quinquenio, fueron detenidos y condenados por delitos graves.

En total hay 5.935 presos extranjeros en las cárceles del país. Y si bien el número puede parecer abultado representan el 6% de la totalidad de los reclusos. De ellos, 5.515 son varones y 420 mujeres. Asimismo, 3.229 están procesados y 2.706 son sentenciados.

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¿Deben ser expulsados del país los delincuentes extranjeros? ¿Son permisivos con ellos los jueces?  ¿Cuánto dinero invierte el Estado en mantener a cada detenido?. Hasta enero había en prisión 4.487 internos de Venezuela, 813 colombianos, 175 ecuatorianos, 75 bolivianos, 70 mexicanos, 66 argentinos, 60 brasileños, 37 chilenos, 19 de República Dominicana, 17 de España y 116 pertenecían a otros países.

Cuando se consulta a la población, la inmensa mayoría sostiene que los delincuentes extranjeros deben ser expulsados sin miramientos. “Bastante tenemos con los nuestros”, es una de las opiniones que más se repite.

Y es que 1.514 están encarcelados por robo agravado, 671 por tentativa de robo agravado, 623 por tráfico ilícito de drogas, hay 236 por extorsión, 109 por organización criminal, 95 por hurto agravado, 70 por trata de personas, 59 por secuestro, 32 por sicariato entre otros delitos menores y agravados.