Medidas de seguridad de José Balcázar no traen novedades ante el incremento del crimen en Perú

El Gobierno oficializó la aprobación de la Política General de Gobierno (PGG), un documento normativo que define las prioridades de la gestión pública en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y transición democrática del Estado.

La norma N° 043-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano, establece los ejes que deberán seguir los ministerios, gobiernos locales y regionales, universidades, escuelas y organismos públicos para el cumplimiento de las metas nacionales.

Esta actualización responde a la necesidad de alinear los planes sectoriales con el contexto social y económico actual. En el eje 1 de seguridad ciudadana, la normativa señala que se fortalecerá el marco legal en la implementación del Plan Nacional de seguridad ciudadana, el fortalecimiento del marco legal para la lucha contra la criminalidad y la implementación de la estrategia contra la minería ilegal.

En el eje 2 de continuidad económica se plantea la atención de emergencias y desastres, desarrollo regional y competitividad, fondos Sociales en concesiones, seguridad energética, fortalecimiento de la educación con enfoque productivo y la prevención de controversias en inversiones.

Mientras que el eje 3 de transición democrática presenta los siguientes puntos a abordar: elecciones generales sin incidentes, diálogo político para continuidad de las políticas en desarrollo productivo e infraestructura regional y transición ordenada.

Expertos señalan falta de medidas en seguridad ciudadana

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, analizó las medidas implementadas por la gestión de José Balcázar en declaraciones a La República. Si bien coincidió en la prioridad de los ejes establecidos, señaló observaciones en el primer lineamiento de seguridad ciudadana al presentar puntos por subsanar en su implementación.

“Pero en el tema de la seguridad, mi impresión es que no hay un síntoma o un signo que nos pueda permitir afirmar que está habiendo un nuevo rumbo o que hay una una acción más enérgica sobre el tema. Y entonces, probablemente, en esa materia, en seguridad ciudadana, veamos muy poquito (en su implementación)”, señaló.

De igual forma, indicó que el decreto prioriza el ajuste jurídico pero no establece acciones tácticas ni planes de ejecución directa contra la inseguridad.

“Plantearse metas de carácter legal, seguir modificando el código penal, seguir incrementando penas, no resuelve absolutamente nada. Entonces, las metas de carácter normativo me parece que son absolutamente simbólicos porque lo que el país tiene en este momento es absolutamente suficiente para combatir con eficiencia la inseguridad. Lo que necesitamos son acciones, actos policiales más concretos, directos con la extorsión, y eso no se ve todavía”, mencionó.

Asimismo, Pedraza también acotó que la implementación de una estrategia contra la minería ilegal, por el corto plazo del gobierno, no podría ser ejecutada por completo.

“La minería ilegal es un problema social, delictivo también, que está muy asentado en varias regiones del país y en este poco tiempo creo que puede hacer muy poco, casi nada. Quizás algunas acciones de erradicación, de interdicción, pero nada más”, agregó.

En esa misma línea también están las opiniones del exministro del Interior Basombrío: "No creo que haya ninguna claridad en como enfrentar la inseguridad en este gobierno”, indicó. Además, se pronunció sobre las trabas que podría tener el Ejecutivo al intentar fortalecer el marco legal.

“Sobre el fortalecimiento del marco legal, dudo mucho que el congreso les dé facultades extraordinarias para hacerlo, y más aún no creo que les corresponda por la brevedad del tiempo que les toca ser ellos los que tomen esas iniciativas”, indicó.

De igual forma, el coronel PNP, Eduardo Pérez Rocha, declaró a este medio que el nuevo decreto supremo no cumple con poder determinar una buena política de seguridad ciudadana y planificación que dé resultados.

“(No cumple) por una cosa simple, ¿qué dispositivos se van a dar si le quedan con las justas tres meses nomás a este gobierno para que se vayan? ¿qué va a mejorar si ya no falta nada (para las elecciones)?”, indicó.

Pérez Rocha también hace hincapié en el bajo nivel de ejecución del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), órgano responsable de la planificación, articulación y seguimiento de la política criminal del Estado, creado en el 2011. De acuerdo al general, el Ministerio de Justicia es el encargado de que funcione este organismo, pero “es lamentable de que no haya política de gobierno, en donde tengan presente este dispositivo”.

“El Conapoc tiene que informar al Congreso anualmente el resultado de las medidas que se toman contra la criminalidad, pero no, no se cumple”, denunció.

Cronograma de las políticas de gobierno

El cronograma de implementación establece un plazo de siete días para que la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros presente la propuesta de prioridades. Asimismo, en un periodo de 10 días, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y los ministerios definirán los indicadores de cada eje.

El proceso contempla un reporte de avance al 31 de mayo y un informe final de gestión al 15 de julio, previo al término del mandato presidencial.