Alertan a la ONU decisión del MP de cerrar casos de abusos contra niñas awajún y wampis
Apu Romer Orrego considera que medida del Ministerio Público debilita el acceso a la justicia, expone a mujeres, niñas, niños y adolescentes a mayores riesgos y constituye un retroceso en la protección de los derechos humanos, contraviniendo obligaciones asumidas por el Estado peruano.
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Desde la Amazonía peruana, el apu Romer Orrego Ikam, alertó y denunció ante la comunidad internacional la decisión de la Fiscalía de la Nación de desarticular la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en los distritos de Santiago, El Cenepa y Condorcanqui (Amazonas), territorio indígena históricamente golpeado por la violencia estructural, el abandono estatal y la impunidad.
Orrego es uno de los defensores más jóvenes de la comunidad indígena Awajún-Wampis, es secretario de la Juventud de Nación Awajun y Wampis.y representante de la población indígena en una instancia nacional de coordinación multisectorial en salud.
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Comenzó su activismo a los 20 años. “Empecé a crear y gestionar instituciones educativas como espacios seguros para los niños”, dice el líder nativo Awajún. “Hay mucha violencia sexual, y siempre queda impune. Pensé, ¿por qué no podemos crear espacios en las comunidades donde existe una necesidad de abordar estos temas?”, se pregunta preocupado.
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Considera que la medida de la Fiscalía de la Nación “debilita de manera alarmante el acceso a la justicia, expone a mujeres, niñas, niños y adolescentes a mayores riesgos y constituye un retroceso inaceptable en la protección de los derechos humanos, contraviniendo obligaciones asumidas por el Estado peruano en tratados internacionales como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT”.
Y agrega que “en zonas indígenas, rurales y de frontera como Condorcanqui, donde las víctimas enfrentan barreras geográficas, culturales, lingüísticas y económicas, retirar fiscalías especializadas equivale a negar justicia, perpetuar la violencia y fortalecer la impunidad”.
Esta decisión -dice Orrego- no puede ser considerada administrativa: “es una acción que pone vidas en riesgo”.
Por ello, insto de manera urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, el Comité CEDAW y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a observar, requerir información, pronunciarse y exhortar al Estado peruano a revertir inmediatamente esta decisión.
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Tambien pidió garantizar la permanencia y fortalecimiento de los mecanismos especializados de justicia en territorios indígenas.
“El silencio institucional frente a esta situación sería una forma de complicidad. La justicia no puede centralizarse ni retirarse de los pueblos más vulnerables, pues los derechos humanos no son un favor del Estado, son una obligación”, manifestó a La República.
Desde Condorcanqui, exigimos que el Perú cumpla sus compromisos internacionales y que la protección de las mujeres y familias indígenas no sea sacrificada por decisiones burocráticas y ajenas a la realidad territorial, subrayó finalmente.
