JNJ apunta contra el Poder Judicial: da 5 días a Janet Tello para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada

La Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ otorgó el plazo de cinco días a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para que responda por la presunta omisión de información en su declaración jurada. Deberá presentar un informe documentado sobre el hecho.

Este procedimiento responde a una denuncia presentada por el ciudadano Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano 'Equidad', en la cual señala a Tello Gilardi de "presunta omisión dolosa al no consignar en su declaración jurada de intereses 2021 -2025 a Daniela Moreno Tello como su sobrina".

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"(Daniela Moreno) habría realizado más de 17 viajes a diferentes países, circunstancia incompatible con la inexistencia de actividad pública registrada", se lee en el documento.

Según el denunciante, con este supuesto hecho, la magistrada habría incurrido en la presunta comisión de falsedad ideológica y omisión de consignar declaraciones en documentos.

El oficio lleva la firma de la presidenta de la JNJ, María Cabrera Vega; y Magnolia Martínez, directora de la dirección de procedimientos disciplinarios de la institución.

De acuerdo con un reportaje de Gustavo Gorriti en IDL, Gino Román ha tenido vínculos con Vladimir Cerrón y Perú Libre. La investigación señala que en 2023, el partido de Cerrón reportó haberle pagado 10 mil soles por el “diseño de cursos de capacitación a alcaldes”. Posteriormente, pasó a trabajar en el Congreso como personal técnico en la oficina de la congresista de Perú Libre, María Agüero.

No es la primera vez que la JNJ va contra el PJ

No es la primera vez que la JNJ va contra el Poder Judicial. En febrero 2025, La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó el inicio de un proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a otros cuatro magistrados supremos, quienes habrían emitido de manera irregular una sentencia el 19 de julio del 2024.

El organismo aperturó una investigación contra los jueces Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, Carlos Alberto Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Liliana Dávila Broncano.

Esa vez se debió a una denuncia interpuesta por el coronel de la Policía Nacional (r), Julio Ramón Cadenillas Díaz, por la “actuación funcional” de ella y los otros referidos magistrados. Indicó que los jueces rechazaron la casación con la que buscaba ser repuesto en la institución policial invocando una ley derogada.

Al respecto, la presidenta del PJ indicó: “Hay un apresuramiento inusual que ha llevado a que no crucen información, solo se guían por el dicho del señor (Cadenillas). Le he pedido al relator de la sala (Corte Suprema) a ver si la JNJ le ha pedido copia de esos expedientes y no han pedido nada. Nosotros sí hemos averiguado y ahí es que salta que tiene este otro proceso (demanda de amparo) y por lo tanto la JNJ no tiene conocimiento que ninguna autoridad puede avocarse de procedimiento en trámite. Lo establece el artículo 139 de la Constitución y si uno lo hace comete un delito: el de avocamiento indebido.

Jusdem alertó sobre presión institucional contra jueces y fiscales

Recientemente, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) había alertado que luego de que la JNJ lograra la destitución de Delia Espinoza, se podría continuar con una "persecución sistemática" de jueces y fiscales.

"Alertamos que, tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, así como de la remoción y la ratificación, a lo que se agrega el uso de redes para desacreditar a magistrados; en modo alguno constituyen hechos aislados y fortuitos", se lee en el comunicado.

En ese sentido, la Jusdem sostuvo que los actos antes mencionados "configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca, no solo disciplinar y perseguir a los jueces y fiscales en el ejercicio independiente de sus funciones, sino debilitar la institucionalidad democrática, juzgando en su totalidad al sistema de administración de justicia para la conveniencia de intereses particulares en desmedro del bien común de la población peruana".