De dónde vienen las armas que alimentan la violencia en Perú
De los 570 asesinatos cometidos desde que José Jerí asumió la presidencia de la República, 419 han sido ocasionados por proyectil de armas de fuego. Especialista dice que las armas pequeñas no son difíciles de conseguir, la municiones también son de fácil acceso. Policía considera que este comercio prospera gracias a la oferta y la demanda en el mercado negro.
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La tarde del último 19 de enero, Andrés Camilo Soto Huérfano, un colombiano de 26 años, recibió un disparo mientras conducía un vehículo en Chorrillos. Sus presuntos asesinos, ciudadanos venezolanos, fueron detenidos con armas de fuego, tres horas después del ataque.
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Para los limeños estos hechos son trágicamente cotidianos. Las bandas de asaltantes, extorsionadores y de sicarios controlan partes de la ciudad.
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En su arsenal no solo empuñan pistolas y fusiles de asalto, también armas de francotirador y subametralladoras con silenciador.
Perú registra actualmente una preocupante tasa de homicidios. Juan Carbajal, analista de datos, afirma que en 103 días del gobierno de José Jerí, hay 570 asesinatos, de los cuales 419 han sido ocasionados por proyectil de armas de fuego (PAF).
Esta cantidad, sin embargo, sería mucho mayor si es que se sinceraran y actualizaran las 68 muertes violentas ocasionadas por PAF, pero que aparecen como ignoradas/sin registro en el Sinadef.
Estos casos de violencia extrema están impulsados por el crimen organizado y por las armas que hacen que la violencia sea más letal.
QUE DICEN LOS EXPERTOS
Las armas pequeñas de puño, según Jaris Mujica, especialista en temas de antropología del crimen y patrones de organización criminal, no son difíciles de conseguir, las municiones también son, relativamente, de fácil acceso. ¿En qué escenario pone al país esta situación? Para Mujica, es una situación extrema que, de milagro, no ha explotado.
“Tienes un país que tiene una tasa de homicidio doloso por armas de fuego que ha aumentado un poco pero no a niveles de epidemia. Sin embargo, tienes el escenario perfecto para que suceda: miedo, armas y facilidad de acceso”, subraya.
Desde Carabayllo hasta el Callao, y las ciudades como Trujillo, los grupos criminales están fuertemente armados. Las armas se utilizan para el ajuste de cuentas, el hurto, la extorsión, los secuestros, la venganza e incluso para la violencia de género.
El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, considera que este comercio prospera no solo gracias a la oferta y la demanda, sino a la disfunción del sistema. En toda la región, las armas se desvían rutinariamente de los mercados legales a los ilícitos.
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Países que antes se consideraban remansos de relativa paz, como Perú, Chile y Ecuador, presencian un aumento en los delitos con armas de fuego. La expansión de las rutas de cocaína hacia el Pacífico y la Amazonia, respectivamente, ha sumergido a estas naciones en la órbita del crimen transnacional.
Los carteles brasileños, colombianos y mexicanos ahora operan junto a las mafias balcánicas e italianas, con la ayuda de malos funcionarios que se aprovechan de la corrupción. Los corredores selváticos que antes se usaban para transportar madera y fauna silvestre se convirtieron en vías para movilizar la cocaína y las armas.
ATRAPADOS SIN SALIDA
Los grupos criminales también son innovadores. Ayer, por ejemplo, la Policía detuvo a Junior Estiwar García Castro, quien ocultaba tres fusiles en una vivienda, jurisdicción de la comisaría Ensenada.
En su descargo dijo que “un amigo me lo dejó encargado y me dio 100 soles. Luego me enteré que hace un mes falleció en el Vraem”.
Un día antes fue atrapado Wilmer Marcelino Magno Trujillo (35) también con tres armas de fuego en la asociación de vivienda Los Olivares del Portillo, en Carapongo, Lurigancho-Chosica.
El año pasado, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), adscrita al Ministerio del Interior, destruyó 8.291 armas de fuego recuperadas en todo el país, luego de cumplirse los plazos que dispone la ley para su salida definitiva del mercado y evitar su mal uso, comercio ilegal o empleo con fines delictivos.
Cada una de las armas, previamente incautada, decomisada o internada por orden judicial o policial, así como aquellas entregadas voluntariamente por sus titulares al no cumplir con las condiciones para portarlas legalmente, pasó por un proceso de corte mecanizado bajo supervisión de la organización británica Mines Advisory Group (MAG) Internacional.
