Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular
La Corte Suprema desestimó la solicitud de la Fiscalía al considerar que la ilegalización de Fuerza Popular no tenía sustento constitucional ni legal, aunque el fallo no absuelve al partido de los cuestionamientos políticos y judiciales que arrastra desde hace años ni de su rol en la crisis institucional.
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La Corte Suprema rechazó el pedido de la Fiscalía para anular la inscripción de Fuerza Popular, al declarar infundada la solicitud de ilegalización presentada en setiembre de 2025. La decisión fue adoptada por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que resolvió el proceso especial seguido contra la organización política vinculada a Keiko Fujimori.
En la sentencia, el máximo tribunal sostuvo que la proscripción del partido no superaba el test de proporcionalidad exigido por la Constitución. Según la Sala, la medida no resultaba idónea ni necesaria para proteger el orden democrático, pese a los antecedentes que rodean al fujimorismo y a su actuación política en los últimos años.
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Los magistrados advirtieron que una eventual ilegalización habría implicado una afectación grave a derechos fundamentales, como la libertad de asociación política, la participación ciudadana y la libertad de expresión. También señalaron que el impacto sobre el pluralismo político habría sido desproporcionado frente a los fines perseguidos por la Fiscalía.
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El fallo se conoce en un contexto clave, marcado por la proximidad de las elecciones 2026, proceso en el que Fuerza Popular busca mantenerse vigente pese a su desgaste político, las investigaciones que involucran a su lideresa y su papel en la confrontación permanente con otras instituciones del Estado.
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Corte descarta sustento constitucional para ilegalizar a Fuerza Popular
Uno de los puntos centrales del fallo es que la Corte Suprema concluyó que la Fiscalía no acreditó que la ilegalización de Fuerza Popular fuera una herramienta adecuada para salvaguardar el sistema democrático. El tribunal indicó que no se demostró que la proscripción del partido resolviera los riesgos señalados por el Ministerio Público.
La Sala también descartó que actos atribuidos a colectivos violentos puedan imputarse de manera directa a la organización política. Sin embargo, el pronunciamiento no valida la conducta política del partido ni borra los cuestionamientos por la tolerancia a discursos agresivos y prácticas que han erosionado el debate democrático en los últimos años.
Finalmente, el tribunal sostuvo que la finalidad perseguida por la Fiscalía no resultaba constitucionalmente legítima, al priorizar una medida extrema que habría restringido derechos políticos en pleno escenario preelectoral. La resolución no implica una reivindicación del fujimorismo, sino un límite jurídico a la intervención del Estado, mientras persisten las investigaciones y críticas al rol de Fuerza Popular en la crisis política del país.
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Delia Espinoza presentó solicitud de anulación de inscripción de Fuerza Popular antes de ser suspendida
La entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una solicitud para anular la inscripción de Fuerza Popular en setiembre pasado, un día antes de quedar suspendida del cargo por la JNJ. El requerimiento se sustentó en presuntas conductas antidemocráticas atribuidas al partido liderado por Keiko Fujimori, en el marco de un proceso especial previsto en la Ley de Organizaciones Políticas.
En su pedido, la Fiscalía sostuvo que el fujimorismo incurrió de forma reiterada en prácticas que afectaron el orden democrático, como el hostigamiento a instituciones del sistema de justicia, el uso sistemático de discursos de confrontación y la normalización de acciones violentas desde su entorno político. El documento también cuestionó el impacto del partido en la estabilidad institucional, en especial durante los últimos periodos legislativos.
La solicitud planteó como medida extrema la cancelación de la inscripción partidaria, al considerar que las sanciones ordinarias resultaban insuficientes frente a la gravedad de los hechos imputados. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que el pedido no cumplía los estándares constitucionales exigidos, aunque el fallo no desvirtúa los cuestionamientos políticos y judiciales que siguen pesando sobre Fuerza Popular de cara a las elecciones 2026.
