Palabras finales: el discurso de despedida del juez supremo César San Martín

César San Martín Castro. Abogado, Catedrático, juez supremo

"Ante tan formidable auditorio, mis primeras palabras son de profundo agradecimiento por la presencia de todos ustedes, que no hace sino ratificar mi firme vocación judicial y, por cierto, me conmueve profundamente en este día de mi despedida del servicio activo en el Poder Judicial. No puedo más que decir, al final de mi camino judicial: gracias por todo; gracias por la oportunidad que el país me dio para impartir justicia; gracias por los retos y encrucijadas que me planteó el servicio de justicia; gracias por la tolerancia ante mis errores e impaciencias; y gracias por permitirme desarrollar mis capacidades para servir al país.

He pasado, como la gran mayoría de jueces, grandes y graves experiencias: enfrentamientos con quienes querían limitarnos y sojuzgarnos, juicios emblemáticos, casos difíciles, casos dramáticos, presiones y campañas mediáticas injustas e interesadas, y odios de gente obsesiva.

Pero, también, he tenido la dicha —y la suerte— de conocer a grandes jueces, fiscales y abogados; personalidades extraordinarias, juristas de primer nivel, catedráticos y profesores universitarios, peruanos y extranjeros —a mis maestros José Hurtado Pozo y Vicente Gimeno Sendra—, de quienes aprendí y sigo aprendiendo; gente bondadosa, culta, solidaria, de buenos propósitos... grandes demócratas y académicos. De todos ellos me he nutrido y he disfrutado de su amistad, conocimientos y de su don de gentes. A todos ellos, a todos ustedes, mi reconocimiento y recuerdo permanentes.

Comencé muy joven en la Administración de Justicia, en 1975, como meritorio (tengo ya cincuenta años en la jurisdicción, y me inicié en el primer año de la segunda fase del gobierno militar). Lo hice como meritorio a los 17 años de edad, siendo estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; como amanuense en 1976; como relator en 1979-1981 (por un traslado temporal fui relator en la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema en 1980); como juez instructor (1982-1989, dos años en la Corte Superior del Callao y el resto, como titular, en la Corte Superior de Lima); como vocal de la Corte Superior de Lima (1989-1992) y, finalmente, como juez de la Corte Suprema (2004-2025).

Tuve un interregno de doce años, entre 1992 y 2004, en que me dediqué al ejercicio profesional de abogado. En esos años me alejé del Poder Judicial, pero no por mi voluntad, sino expulsado al interrumpirse el orden constitucional en el país... Y regresé, siempre por concurso público, porque esa era y fue siempre mi vocación: ser juez.

Solo me permito citar algunos hitos de nuestra historia reciente (solo diez), pues he visto y vivido mucho el desenvolvimiento del Poder Judicial.

Así: he sido testigo de las reformas del docenio militar y de un intento insuficiente de reforma judicial, pero ligada al autoritarismo de ese gobierno; he sido testigo del reordenamiento institucional al regresar la democracia, siempre limitado y falto de perspectivas.

He sido testigo del surgimiento y desarrollo del terrorismo y, antes e incluso paralelamente, del narcotráfico y de su línea represiva instaurada por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

He sido testigo del autogolpe de Estado de 1992, de la llamada reforma judicial de fines del siglo XX y de su estrepitoso fracaso; he sido testigo de la vuelta al orden constitucional en 2001.

He sido testigo de la afirmación de la justicia transicional con motivo de los delitos de terrorismo y de lesa humanidad, que tiene su asiento en el derecho internacional penal y en el derecho internacional de los derechos humanos y que, más allá de la omisión legislativa patria de no tipificarlos en sede nacional, no puede dejar de asumirse y aplicarse en relación a lo que universalmente se ha considerado respecto de sus efectos imperativos en el derecho interno, sobre todo en materia de aplicación de la ley en el tiempo, de la imprescriptibilidad y de la interdicción de derecho de gracia alguno, a tono con las sentencias de tribunales internacionales como la Corte IDH y, esencialmente, del Tribunal Especial para el Líbano.

He sido testigo del surgimiento de la criminalidad organizada y delitos no convencionales, como los de lavado de activos y corrupción de funcionarios —en que, en un primer momento, el delito emblemático era el de enriquecimiento ilícito—, al socaire de una legislación que tuvo como fuente los grandes tratados del derecho internacional penal.

He sido testigo del descalabro de los partidos políticos y de la institucionalidad democrática con sucesivas vacancias presidenciales.

He sido testigo de la expansión de la delincuencia violenta y organizada, así como de la economía criminal; he sido testigo del rol, aún en análisis, de la justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) con motivo de los casos «Lava Jato» y «Cuellos Blancos del Puerto» —caso último que produjo una fuerte crisis en el Poder Judicial, en especial en la Corte Suprema y en la Corte Superior del Callao, pero que fue afrontado con especial maestría por el presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga—.

He sido testigo de la crisis de seguridad ciudadana que afecta las bases mismas de la convivencia democrática, así como de la aparición de corrientes radicales que ponen en cuestión la propia configuración de la democracia, del principio de separación de poderes, de la independencia judicial y de la garantía de los derechos fundamentales.

El listado de acontecimientos que han impactado y afectan a la justicia no son desconocidos por las juezas y jueces, ¡lo están viviendo! Los problemas que atraviesa el país no les son ajenos. La crisis institucional es patente y también lo es la crisis de las instituciones judiciales. No queda otra opción que lidiar con ella y, desde claros lineamientos democráticos y desde la independencia judicial —la garantía más importante de la jurisdicción—, tratar de superarlos.

Los jueces deben estar unidos y fortalecerse sobre la base del imperio de la ley, de la Constitución y del derecho internacional. No podemos oponer la Constitución al orden internacional; no podemos afirmar la soberanía del Estado nacional sin que esta se integre y esté en consonancia con las reglas básicas, de ius cogens, del ordenamiento internacional.

El Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando las decisiones que emanan de los órganos que la comunidad internacional ha creado; no podemos ser, ni aceptar, un Estado híbrido, sino uno democrático inserto modélicamente en el ordenamiento internacional. Sé que la tarea es difícil y, sobre todo, de largo aliento.

Soy consciente de las dificultades que atraviesa y atravesará el Poder Judicial. Ya no podré ser protagonista de este esfuerzo grandioso, pero tengan todos ustedes la seguridad de que los seguiré muy de cerca y apoyaré en cuanto esté a mi alcance los trajines de todos ustedes para garantizar los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía.

Lo haré desde otra acera, desde la universidad y la consultoría; desde la cátedra y la opinión pública. No tengo más palabras que decirles. Me invade la tristeza por mi alejamiento del Poder Judicial. Me dediqué enteramente a la impartición de justicia largos años de mi vida útil —claro, también lo hice y seguiré haciéndolo en la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi referente y apoyo permanente—.

Será la historia la que juzgará si lo que hice tuvo algún mérito, pero estoy seguro de que, más allá de mis errores, se reconocerá que me dediqué a la justicia con absoluta buena fe y compromiso con la legalidad y los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Queridos juezas y jueces. Queridos auxiliares de justicia. Queridos servidores judiciales: sirvan con amor y dedicación a la justicia. Den todo su esfuerzo e inteligencia para que la justicia llegue a todas y todos. Luchen por el derecho y la democracia.

¡DIOS LOS BENDIGA!