Un año violento para los periodistas en Perú: cuatro asesinatos y normas que perjudican la profesión

Tras 14 días internado, el último 26 de diciembre, falleció el periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa. Es el segundo comunicador asesinado este mes y el cuarto en lo que va del 2025.

Al crimen de Castillejos, ocurrido en la ciudad de Aguaytía (Ucayali), le antecede el de Fernando Núñez Guevara (La Libertad), Gastón Medina (Ica) y Raúl Celis (Iquitos). A este grupo se suman los ataques contra Anthony Rumiche (Callao, Lima), Carlos Mesías Zárate, (Huaral, Lima) y Carlos Alarcón (Loreto).

El Instituto de Prensa y Sociedad (YPS) consideró que se trata de “un año nefasto para la prensa en Perú”, mientras que Reporteros Sin Fronteras (RSF) llamó la atención a las autoridades para la pronta investigación tanto de los asesinatos como de los ataques perpetrados. “La inacción alimenta la impunidad y deja a la prensa regional —el sector que más investiga y que está más expuesto— a merced de quienes buscan silenciarla”, indicó Artur Romeu de RSF America Latina, en un comunicado.

Impunidad en los asesinatos de 4 periodistas este 2025

Inacción e impunidad es justamente lo que se observa en los cuatro asesinatos.

Gastón Medina (60), quien se desempeñaba como periodista, locutor y director del canal regional Cadena Sur TV en Ica, fue asesinado el 20 de enero de este año.

El 2022 había sido víctima de amenazas. Recibió un sobre con una bala, en febrero de ese año, y el medio donde trabajaba fue atacado con explosivos en septiembre. En ambas ocasiones, los ataques se realizaron tras la publicación de presuntos actos de corrupción en la localidad.

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete inició una investigación del caso y logró, en mayo, que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Pablo Javier Echevarría, presunto asesino del periodista. Pese a ello, no hay nuevos avances del caso.

Tiempo después, el 7 de mayo de 2025, Raúl Celis López (70), periodista y locutor radial de Radio Karibeña en Iquitos (Loreto), fue asesinado a tiros por sicarios mientras se dirigía a su centro de trabajo.

El ataque sucedió cerca de las 5.30 a.m. en una zona céntrica de Iquitos, cuando dos desconocidos en motocicleta interceptaron el mototaxi en el que viajaba Celis y le dispararon varias veces, impactando directamente en la cabeza.

El proceso se encuentra en etapa preliminar y comprende la declaración del conductor del mototaxi en el que se desplazaba la víctima, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones de testigo. Tampoco hay un culpable.

Un escenario similar es el del asesina del periodista Fernando Núñez Guevara, director del medio digital Kamila Noticias y secretario de Actas de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), filial Chepén, quien fue asesinado a balazos el 6 de diciembre último en la provincia de Pacasmayo.

El comunicador regresaba de una cobertura periodística junto a su hermano, viajando en una motocicleta lineal por la carretera Panamericana Norte, cuando fueron atacados. Fernando falleció al instante, mientras que su hermano resultó herido.

La PNP y el Ministerio Público aperturaron una investigación; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un móvil claro del crimen ni se ha informado sobre la captura de los responsables.

Finalmente, en el caso de Mitzar Bato Castillejos Tenazoa fue disparado por dos sujetos el 12 de diciembre último cuando salía de su domicilio rumbo a conducir su programa informativo en Radio Latín Plus. Tras el atentado, fue llevado al centro de salud en Aguaytía, luego al hospital de Tingo María y, posteriormente, al hospital María Auxiliadora en Lima.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) exige a las autoridades celeridad para identificar a los responsables del crimen.

Intentos de censura contra la prensa

Sumado a los ataques físicos contra los periodistas, desde el Congreso y Ejecutivo también se impulsan acciones que afectan el ejercicio de la profesión.

El 14 de abril del 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301, norma que otorga al Estado facultades de control previo sobre los medios que reciben financiamiento de la cooperación internacional, al exigir que sus investigaciones, proyectos o actividades sean previamente aprobadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

La ley impone —de manera inconstitucional y bajo la amenaza de sanciones severas— que todas las organizaciones se registren obligatoriamente en la APCI. Además, utiliza conceptos ambiguos como “participación en política interna” o “conductas que alteren el orden público”, lo que permite que la norma se aplique de forma discrecional contra cualquier medio crítico del gobierno.

Posteriormente, en octubre, ya bajo el mandato de José Jerí, el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades legislativas para ejecutar normas en pro de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Una de ellas es la creación del delito de revelación de información reservada relacionadas a investigaciones penales y actuaciones policiales. Una norma que, en la práctica, criminalizaría la difusión de información de interés público y censuraría a la prensa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

Si bien desde el Ejecutivo han asegurado que no se busca afectar a la prensa, desde la ANP consideran que la iniciativa va directamente contra el periodismo de investigación porque "criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas. Atentando, además, con el secreto profesional".