Rechazan que bancada de César Acuña pretenda ampliar de contrabando el mandato de los directivos de la Sunedu

Priman los intereses particulares. Pese a que la actual gestión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha emprendido una serie de retrocesos en los últimos años, dos congresistas de Alianza para el Progreso pretenden aprobar, de contrabando, la reelección exprés de cuatro de los siete directivos de la Sunedu.

Resulta que Eduardo Salhuana y Jorge Flores Ancachi han propuesto modificar los artículos 17 y 20 de la Ley Universitaria para que el mandato del superintendente Manuel Castillo y de los consejeros Manuel Hernández, Miguel Vallejos y Andrés Ramos ya no venza en febrero del 2026 sino que se prorrogue hasta febrero del 2028 tomando como base una resolución ministerial.

Lo escandaloso es que para lograr su objetivo han solicitado incluir en los dictámenes de la Ley de Presupuesto y la de Endeudamiento 2026 dicha modificatoria que no tiene nada que ver con temas financieros y económicos, en opinión de especialistas. El debate y la aprobación de estas iniciativas serían vistas este viernes 28 de diciembre por el Pleno del Congreso.

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Pues bien, esta intención ha generado la preocupación de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), las cuales han mostrado su rechazo porque violaría la autonomía universitaria.

La Aunap afirmó que, en agosto pasado, las universidades públicas designaron -a través de elecciones- a dos de los nuevos consejeros de la Sunedu. Se trata de Lidia Asencios y Carlos Reyes, quienes reemplazarán a Manuel Castillo y Manuel Hernández.

Recordó también que el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales eligió a Maximiliano Cárdenas como nuevo directivo de la Sunedu en reemplazo de Miguel Vallejos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Universitaria.

En tanto, la ASUP respondió que, incluso, los cuatros directivos de la Sunedu, cuyo mandato buscan extender, debieron dejar sus cargos en agosto del 2025 porque su periodo de 3 años empezó en agosto del 2022 cuando fueron elegidos y no cuando emprendieron funciones recién en febrero del 2023.

“Ya no representan a las instituciones que los eligieron. Por razones éticas y legales, solicitamos su renuncia”, señaló Ada Gallegos, directora de ASUP.

Lo mismo pidieron 20 rectores de universidades públicas, quienes exhortaron al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, a no incorporar ningún texto que extienda el mandato de los cuatro directivos de la Sunedu mencionados.

La ASUP fue más allá. Este viernes presentó una acción de amparo ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para frenar este contrabando en la Sunedu. Entre los demandados figuran los congresistas Jorge Flores Ancachi y Eduardo Salhuana.

Factor Acuña

Es importante mencionar el papel que están cumpliendo los legisladores del partido de César Acuña, quien -coincidentemente- es fundador de la Universidad César Vallejo.

No solos los congresistas Salhuana y Flores han pretendido ampliar el mandato de los actuales directivos de la Sunedu. En julio pasado, cuando era presidenta la Comisión de Presupuesto, la parlamentaria Lady Camones permitió que, de contrabando, incluyeran esta pretensión en las disposiciones finales del proyecto de la Ley de Crédito Suplementario. No obstante, ante la oposición de las universidades, la Comisión Permanente tuvo que retroceder y borrarla de la citada norma.

Ahora, los dictámenes de la Ley de Presupuesto y de Endeudamiento 2026 están en manos del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, quien también es afiliado al partido de Alianza para el Progreso.

“Hacemos un llamado al presidente (José Jerí), al presidente del Congreso (Fernando Rospigliosi) y en especial a César Acuña para que deslinde que no hay ningún interés de la bancada frente a estas intenciones que desordena el sistema universitario”, manifestó Ada Gallegos, directora de ASUP.

Controversias durante gestión

La gestión de Manuel Castillo ha estado enmarcada por una serie de polémicas. En unas de sus primeras medidas como superintendente, en abril del 2023, agilizó el reconocimiento de su amigo y excliente Santos Montaño como rector de la Universidad Nacional de Piura. Este último dejó ese cargo este año, luego fue condenado por el Poder Judicial por actos de corrupción y, finalmente, falleció en abril último.

En otro momento, durante una actividad donde recibió a los rectores con alfombra roja y bufet, el superintendente declaró que su gestión busca ser “el padre amoroso, complaciente y cariñoso” de las universidades. Luego, en setiembre del 2023, informó que confiaba en la buena fe de estas instituciones cuando estas creaban carreras de manera indiscriminada.

En febrero del 2024, el superintendente otorgó un reconocimiento al congresista Esdras Medina (Renovación Popular) y a la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, por haber sido los mayores promotores de la Ley n° 31520 que, según él, “restituye la autonomía universitaria”. Frente a decenas de rectores, solicitó aplausos para los dos. Y razones no le faltaba, ya que, gracias a esa norma, que ese mes cumplía un año de vigencia, Manuel Castillo pudo ocupar ese cargo.

Después, en mayo del 2024, la gestión de Castillo concretó la eliminación de las direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización, las cuales fueron importantes para poner en orden el sistema universitario desde el 2014. Estas ahora se han fusionado en la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario. Ello se ejecutó tras aprobar el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que tenía observaciones de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM que no fueron aceptadas.

Pero eso no es todo. Mediante un comunicado, los cuatro consejeros, cuya gestión vence el otro año, se comprometieron a no licenciar a aquellas universidades con licenciamiento denegado; sin embargo, no han cumplido su palabra porque ya entregaron esta autorización a la Universidad Peruana del Centro, a la Universidad Privada de Trujillo y a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Áncash).

APP deja sin efecto retroceso

Tras la publicación de esta nota, este viernes, la bancada de APP informó que retiró y dejó sin efecto "cualquier propuesta que pudiera interpretarse como una prórroga de mandatos en Sunedu". "Se reafirma el absoluto respeto a la institucionalidad democrática, a la autonomía universitaria y al marco constitucional que regula el sistema de educación superior en el país", precisó mediante un comunicado firmado por el vocero Eduardo Salhuana.

Añadió que reafirman, además, que toda decisión en materia de educación superior debe tener como centro a los jóvenes del país, ya que tienen el derecho de recibir una educación de calidad en instituciones sólidas, fiscalizadas y con reglas claras.