Dueño de la casa de Sarratea pide que se archive el delito en su contra en el caso Asesores en la Sombra

Alejandro Sánchez, propietario de la "casa de Saaratea" en Breña —inmueble en el que presuntamente Pedro Castillo dirigió acto de corrupción— solicitó al Poder Judicial que se deje sin efecto la acusación fiscal que lo señala como integrante de una presunta organización criminal vinculada al caso “Asesores en la Sombra”.

El pedido será evaluado por la jueza Margarita Salcedo Guevara, quien convocó a una audiencia virtual para el martes 2 de diciembre a las 3.00 p. m., donde escuchará a las partes antes de resolver si corresponde admitir o rechazar el recurso.

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Esto luego de que la defensa del empresario presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, alegando que los hechos atribuidos por el Ministerio Público no encajan en el delito mencionado y, por tanto, no deberían ser materia de un proceso penal por ese cargo.

Para la Fiscalía, la red investigada habría operado desde distintos niveles del Estado a través de exfuncionarios y personas cercanas al entorno presidencial del gobierno anterior, coordinando acciones presuntamente ilícitas para favorecer intereses particulares.

En tanto, Sánchez permanece recluido en un penal de Huaral, en Lima, mientras enfrenta otras investigaciones por presunto tráfico de influencias y colusión, cargos que forman parte del mismo expediente fiscal.

La casa de Sarratea y las reuniones de Pedro Castillo, según la Fiscalía

El inmueble fue incautado en enero del 2023 como parte de un operativo ordenado por el juez Richard Concepción Carhuancho que culminó con el descerraje y vaciado total de la propiedad. Las autoridades retiraron muebles, documentos, ropa, objetos y otros bienes —algunos vinculados directamente al exmandatario. Tras la diligencia, el inmueble fue declarado como “bien incautado” y quedó bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Según la tesis fiscal, la casa habría sido utilizada como “centro de operaciones” para la presunta red de corrupción investigada, siendo escenario de acuerdos ilegales, nombramientos de funcionarios, negociaciones de licitaciones y tráfico de influencias.

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La vivienda comenzó a funcionar como un lugar de reuniones desde que Castillo era candidato, y continuó siendo utilizada cuando ya ocupaba la Presidencia. En diversas ocasiones, el exmandatario habría recibido visitas de allegados, empresarios, exfuncionarios y personas del entorno, bajo la supuesta apariencia de encuentros informales.

Estas reuniones recurrentes encendieron alertas sobre irregularidades, pues coincidían con la presencia de la camioneta presidencial estacionada en la casa, lo cual, de acuerdo con los investigadores, violaría las normativas que regulan la gestión de intereses y control público