PNP ejecutó represión letal y planificada con saldo de un muerto y más de 30 heridos

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha desatado una ola de represión desmedida y letal contra los ciudadanos que salieron a las calles para protestar contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso que aprueba leyes "pro-crimen", buscando otorgar impunidad a políticos investigados.

La actuación policial ha dejado un saldo trágico: la muerte del joven Eduardo Ruíz Sanz, de 32 años. El asesinato fue perpetrado por el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal. Aunque el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, intentó mitigar el escándalo pidiendo perdón a la familia, el crimen subraya la violación de los derechos humanos en lo que debería ser un Estado democrático.

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El caso de Ruíz Sanz no es un hecho aislado. La denuncia de la brutalidad policial se agrava con la situación del joven Luis Reyes Rodríguez, quien se encuentra en coma tras recibir un impacto directo de una bomba lacrimógena en el cráneo. Este ataque confirma que los agentes dispararon el material antidisturbios de forma horizontal y directamente al cuerpo de los manifestantes, en lugar de hacerlo en diagonal al aire.

El inicio de la represión

El anuncio del paro nacional del 15 de octubre fue convocado con días de anticipación. Desde las 2 de la tarde, gremios, organizaciones y ciudadanos independientes se congregaron en diversos puntos del país para manifestar su rechazo a las acciones del Gobierno y el Congreso, quienes son acusados de legislar para "fines propios".

La marcha pacífica, que reunió a miles de peruanos en la Avenida Abancay frente al Congreso, fue interrumpida por una intervención policial aparentemente planificada. El conductor Javier Masías reveló haber visto a efectivos de la PNP ordenar a los comerciantes que cerraran sus locales porque, anticiparon, "iban a tirar gases".

Esta confesión confirma la existencia de una estrategia coordinada por la Policía para escalar el conflicto y justificar su brutalidad. Al avisar del inminente uso de gases lacrimógenos, la PNP no solo admitió su intención de disolver la manifestación, sino que también sembró la duda sobre la posible infiltración de agentes o elementos de choque para iniciar los disturbios.

Las palabras de Masías, "Tres minutos después prendieron el violín y el resto ya lo sabemos. La misma gente y las mismas tácticas", apuntan a un patrón alarmante: la Policía parece provocar el caos para luego responder con la fuerza desmedida que ha cobrado vidas y dejado heridos graves. La jornada del 15 de octubre no terminó en enfrentamiento espontáneo; fue el resultado de una represión policial anunciada y ejecutada con el fin de criminalizar y silenciar la voz del pueblo.

Más de 30 heridos

De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo, la jornada del 15 de octubre dejó un saldo de 32 civiles heridos, entre ellos 3 menores de edad y la mayoría por impacto de perdigón. Gracias a las imágenes captadas por reporteros y fotoperiodistas se observó que varios protestantes recibieron más de 10 impactos, una cantidad bastante abismal para solo tratarse de "disolver la manifestación".

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reveló 11 ataques a periodistas en cobertura de protestas: 6 heridos por impacto de proyectil, 2 empujones, 1 impacto de bomba lacrimógena. 1 golpe con bastón tonfa y 1 retiro de zona de cobertura.

La PNP, cuya función es garantizar el orden y proteger a la ciudadanía, es señalada hoy como el principal ejecutor de la represión, utilizando una fuerza desproporcionada que convierte la protesta legítima en una zona de riesgo mortal. La institución debe responder no solo por el asesinato de Ruíz Sanz, sino por la sistemática agresión y violación de los derechos humanos que ha marcado la jornada de manifestación del 15 de octubre.