El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

Primera señal. El olor de las bombas lacrimógenas cubrió el cielo de la avenida Abancay. Se observa como un efectivo policial, con el rifle en las manos, dispara. Es el sonido de los perdigones, que, sumado a la humareda que empaña la visión y el lente fotográfico, obliga a los manifestantes a retroceder. Segunda advertencia. En medio de los gritos y el ruido de las personas corriendo, una de ellas cae. Está en el suelo. No importa. Un agente lo golpea. Sus compañeros intentan ayudarlo. También son agredidos. Arrastrados. Humillados. Es el último indicio. La represión ha iniciado. 

Quienes han estado en una protesta son conscientes del riesgo descrito. Para aquellos que nunca han asistido, el registro fotográfico sirve como recurso para dar cuenta de la magnitud de esa violencia desmedida, vivida en el primer momento del choque. Cada vez que se suscitan conflictos sociales, la labor del observador, del fotoperiodista, de quien acompaña la primera línea de fuego, es trasgredida. El poder nunca ha querido que la historia los interpele. Por eso, el trabajo de la prensa es incómodo. Y hoy, en estos tiempos, en el que las historias corren peligro y las fotografías no quieren ser publicadas, las imágenes todavía siguen hablando más que mil palabras.

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Los ataques a la prensa en la primera línea 

Este mes de septiembre, durante los días 20, 21, 27 y 28, manifestantes autoconvocados por la llamada ‘Marcha de la Generación Z’ salieron a las calles. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), más de 100 personas fueron víctimas de agresiones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Entre ellas, la prensa. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha registrado 26 ataques contra el gremio, 7 contra fotoperiodistas. Uno de ellos fue John Reyes (31), fotoperiodista de La República y colaborador de medios internacionales como EFE y Reuters. 

Él, quien tiene más de ocho años en el oficio, fue agredido el último domingo 29, en medio de la represión policial que se originó frente al Congreso de La República y terminó cerca al Puente Acho, en la vía de Evitamiento. “Una policía, a bordo de una moto, en medio de su desesperación, cae al piso y los manifestantes se acercan a ella. Yo corro para registrar la escena. De pronto, me doy cuenta de que un efectivo viene hacia mí para agredirme con su escudo y su vara. Aunque llevaba un casco que decía ‘prensa’, no le importó. Me golpeó en el brazo, las piernas, el hombro y el cuello. Luego, entre varios, me rodearon y dijeron: ‘ciérrenlo para que no se escape’. Lo único que hice fue cubrir mis zonas más vulnerables y proteger mi cámara. Ese instinto de defenderla como parte de nosotros es algo común en quienes ejercemos el fotoperiodismo”, narra. 

A Nicoll Gallardo López (25), fotoperiodista de medios autogestionados como Punto y Coma Perú y Contranoticia, la violencia policial también le ha dejado huellas en su cuerpo. Su registro le ha costado su rodilla y presenta moretones en sus brazos. Manifiesta que tiene dificultades para caminar y subir escaleras. “Me golpearon con el escudo en estas últimas marchas del 27 y 28. Me cayó un perdigón en el brazo, pero como solo fue rebote, solo hay un pequeño moretón. Otro en la rodilla sí me hizo una quemadura por lo caliente que estaba el balín”, describe. 

Su primera experiencia inició en 2020, cuando asistió a las protestas contra Manuel Merino, expresidente interino que permitió que efectivos policiales usaran violencia desmedida contra los manifestantes, lo que termino con el asesinato de Bryan Pintando (22) e Inti Sotelo (24). Actualmente, se ha encargado de registrar lo ocurrido en este último mes. Comenta que las agresiones se han hecho cada vez más evidente gracias a trabajo de la prensa. Aunque es consciente del riesgo que conllevar capturar la injusticia y la agresión de esa zona del conflicto, la motiva poder visibilizar esos actos. “Si alguien les sirve esas imágenes, ahí están. Que sean usadas de buena manera”, acota. 

Informar ante la desinformación 

Walter Hupiu Tapia (64), exfotoperiodista de este medio y ganador del Allard Prize 2019 por la Lucha por los Derechos Humanos y contra la Corrupción, representa la voz de la experiencia. Con más de dos décadas en la profesión, una de sus primeras coberturas fue el ‘Andahuaylazo’ en 2005. Rememora la intensidad de aquellos días y afirma que no lamenta haber sido testigo de ese episodio histórico. “Tengo tres hijos y, cuando estaba en medio del conflicto, llamé a casa con el pretexto de despedirme. La madre de mis hijos, en lugar de pedirme que regresara, me dijo: ‘Si lo haces, no vas a estar tranquilo’. Y así fue. Pero pensé que podía morir”, recuerda.

En su voz se percibe la pasión y el orgullo de quien ha elegido, por vocación, un oficio tan exigente como el periodismo. Con ese mismo tono me relata que en 2016 comenzó a publicar sus fotos en Facebook, convencido de que la prensa había dejado de mostrar lo que ocurría durante las elecciones entre Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. “En la calle me encontré con todos los grupos que estaban empujando en ese sentido y vencimos”, me escribe tras colgar el teléfono.

Hupiu Tapia también ha estado presente en las actuales protestas. A su edad, es consciente del riesgo que enfrenta, pero procura protegerse. Me cuenta que cuida su alimentación y practica deporte con frecuencia, porque la resistencia física es indispensable: hay que correr, saltar y, muchas veces, permanecer en medio del conflicto. “Hay que saber pararse al frente: un pie adelante y otro atrás. Tengo fuerza para contener la bola humana en la que a veces uno queda envuelto. Empujan, de ambos lados, la manifestación hacia los escudos y viceversa. Lo peor que puede pasar es caerte”, explica.

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Impedir el registro de la prensa

La ANP ha tomado conocimiento de algunos hechos de violencia cometidos contra fotoperiodistas. Sin embargo, no todos los casos aparecen en sus reportes. Nicoll, por ejemplo, no figura en el registro. Cuando relata las agresiones sufridas, su voz se pierde seguridad: siente que, al no pertenecer a una gran agencia, su testimonio no será suficiente. “He sabido de compañeros de medios grandes que también los agreden. Creo que alguien que no es de un medio reconocido la pasa peor”, explica.

El caso de Efrain Joel (38), fotoperiodista y diseñador gráfico, que ha colaborado para el colectivo Fotos de Lucha, y quien recibió un impacto de perdigón en la pantorrilla durante las últimas manifestaciones, tampoco se visualiza en los registros. Aunque alegan que al momento que fueron agredidos, ambos se identificaron como prensa, sostiene que no hizo la diferencia. 

El general Enrique Felipe Monrroy, jefe de la Región Policial de Lima, da fe de esa premisa. En una conferencia de prensa del 30 de septiembre, él reconoció que el fotocheck “en el momento de la intervención no se puede leer” y sugirió usar uno “más grande”. “Mi casco decía prensa e igual me agredieron. ¿Qué más grande debe verse?, ¿vamos a tener que ponernos un cartel?”, interpela Jhon Reyes.

El hostigamiento también incluye comentarios intimidantes. “Trato de pensar que no son malos, pero es difícil cuando estás adelante y te dicen cosas como ‘espero que ahora sí tomes fotos bien’, como si uno eligiera qué registrar. Ellos hacen uso indebido de su fuerza. No hay límite. Y no se puede ser neutral en esas cosas”, añade Nicoll. 

Por su parte, Efrain Joel reflexiona sobre que esa violencia desmedida obedece a la potencia que tiene el registro fotográfico, tal como lo ocurrido en las masacres de Puno y Ayacucho. “No quieren que quede su registro. Yo sé que, si en esas regiones hubiera habido el mismo nivel de documentación que en Lima, habría existido mayor eficiencia en evidenciar cómo actuaron y dispararon directamente al cuerpo”.

La violencia en las calles persiste como reflejo del descontento social. En el Centro Histórico de Lima, las protestas se mantienen frente a un Congreso que legisla en contra de los derechos humanos y que permanece impune frente a las muertes registradas en 2022 y 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte. Un manifestante puede arrojar una botella o una piedra para romper el cordón policial que resguarda a las autoridades. Sin embargo, las imágenes captadas por los fotoperiodistas muestran otra dimensión: los abusos policiales, la sangre en los cuerpos de los manifestantes y la violencia que busca intimidar.

Las fotografías también gritan, denuncian y reclaman justicia. Desnudan la impunidad y confrontan al poder. “Si algún día yo muero, prefiero hacerlo abrazando mi cámara y registrando el momento”, resume Reyes.

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