Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

El secretario general del partido político Perú Primero, César Figueredo, rechazó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular la decisión de internar al expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo para cumplir los cinco meses de prisión preventiva que impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el presunto delito de cohecho (soborno).

En ese contexto, durante una entrevista para RPP, Figueredo expresó su preocupación por la posibilidad del cambio de penal al centro penitenciario de Lurigancho contra el exmandatario y recalcó que la vida de Vizcarra correría peligro si es recluido en una cárcel común.

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"No queremos creer, no nos ponemos en el caso, porque sería ya inverosímil que la vida del presidente sea puesta en peligro al ponerla en un establecimiento penal común. Si existe el penal de Barbadillo, es justamente para los altos funcionarios, expresidentes, que requieren una protección especial, no lo queremos creer. Estamos completamente consternados, queremos creer que esto no va a llegar a que sea trasladado a otro penal", enfatizó.

En esa misma línea, la autoridad de la organización política comentó que la nueva junta clasificatoria debe ratificar la primera decisión de ubicar a Vizcarra en el penal de Barbadillo. Asimismo, instó al Poder Judicial a resolver el pedido de apelación de prisión preventiva contra su patrocinado.

"Evidentemente, justamente esa es la razón por la que se creó un establecimiento para darle la protección especial que han tenido la investidura de ser presidente de la República. Es muy complejo. No quiero creer, quiero pensar bien, quiero creer que esta nueva junta va a ratificar lo que hizo la anterior y va a establecer que el presidente pueda seguir cumpliendo estos 5 meses de prisión preventiva. (…) Con la apelación, en 20 o 25 días, esto se podrá resolver", mencionó.

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"Estamos sorprendidos. Entendemos por lo poco que se nos ha comunicado, porque hasta ahora no tenemos una notificación oficial, que se va a realizar una nueva clasificación. Esta es una cosa bastante suigéneris porque, según el documento que se ha filtrado y hemos visto a través de ustedes (la prensa), se ha anulado el anterior oficio. De oficio nadie la pidió y la han vuelto a sacar. Y, como bien dice, hay una resolución que tiene fecha 19 de agosto que establece una nueva junta calificadora", acotó.

Martín Vizcarra sería trasladado al penal de Lurigancho

Mediante una resolución directoral, el INPE anuló la decisión de encarcelar al exmandatario en el penal de Barbadillo por supuestas irregularidades y dispuso la creación de una nueva Junta Técnica de Clasificación para determinar en qué centro penitenciario se llevará a cabo la orden judicial.

Según la resolución a la que tuvo acceso La República, se encontró que en la ficha de clasificación, el exjefe de Estado recibió un puntaje de 10 y fue asignado al penal de Barbadillo. No obstante, de acuerdo con lo que indica la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP, el lugar adecuado para ubicar a Vizcarra en su condición de procesado es el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho.

Asimismo, se estableció que el penal de Barbadillo "no está incluido en la Directiva de Clasificación como un Establecimiento Penitenciario de destino".

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha solicitado, a través de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario ORL, la creación de una nueva Junta de Clasificación para evaluar la reubicación del expresidente Vizcarra y decidir si permanecerá en el penal de Barbadillo o será trasladado a Lurigancho.

Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva

El pasado miércoles 13 de agosto, el Poder Judicial, bajo la dirección del juez Jorge Chávez Tamariz, impuso una medida de prisión preventiva de 5 meses al exmandatario en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por el presunto delito de cohecho (sobornos). El magistrado argumentó que el expresidente carecía de arraigo laboral y familiar, y que existía un riesgo de fuga y de obstrucción del proceso.

Según la acusación del Ministerio Público, Vizcarra habría recibido S/2.3 millones en sobornos de las empresas ICCGSA y Obrainsa para influir en la adjudicación de los proyectos mencionados. Durante el juicio oral en contra del exjefe de Estado, Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, admitió haber entregado S/1 millón al exmandatario a cambio del proyecto Lomas de Ilo.