Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

Exministros de Justicia y Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores y expresidentes del Consejo de Ministros expresaron su enérgica oposición a la recientemente promulgada Ley de Amnistía, la cual permite que militares y policías involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000 puedan quedar en libertad, entre los que destacan Daniel Urresti, Martín Rivas y más. El comunicado fue suscrito por Diego García-Sayán Larrabure, Manuel Rodríguez Cuadros, Eda Rivas Franchini, César Landa Arroyo, Harold Forsyth, Juan José Meier Espinosa, Salomón Lerner Ghitis, Juan Jiménez Mayor, Aldo Vásquez, Francisco Eguiguren Praeli, Daniel Figallo Rivadeneyra, Ana Neyra Zegarra, Eduardo Vega Luna, María Soledad Pérez Tello, Walter Albán Peralta y Eliana Revollar Añaños.

“La ley de amnistía recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo constituye, por su contenido y alcance, una infracción manifiesta de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú. Vulnerar derechos protegidos por la Constitución y los tratados compromete gravemente la responsabilidad internacional del Estado. Su vigencia implicaría un retroceso inadmisible en la lucha contra la impunidad y aislaría al Perú de la comunidad democrática de naciones, contraviniendo los principios del artículo 44 de la Constitución y del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, señala el pronunciamiento.

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Los exministros firmantes consideraron que esta iniciativa, impulsada por Jorge Montoya, promovida desde la Comisión de Constitución por Fernando Rospigliosi y promulgada por Dina Boluarte, constituye un atentado contra los derechos humanos y contra los procesos judiciales que buscan justicia para los deudos de las víctimas asesinadas por el Estado durante el Conflicto Armado Interno.

“Rechazamos la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo por constituir una grave violación de la Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Exhortamos a todas las fuerzas políticas democráticas a que, en el marco del proceso electoral del próximo año, se comprometan públicamente a dejar sin efecto dicha norma, en respeto de los principios que rigen toda sociedad democrática y del Estado constitucional de derecho. Reafirmamos que la justicia en el Perú debe ser administrada de manera pronta, imparcial y respetuosa del debido proceso, con investigaciones fiscales y resoluciones judiciales sujetas al principio de presunción de inocencia y libres de toda interferencia política o impunidad”, concluye el comunicado de los exministros.

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Ley de Amnistía permitiría liberación de Daniel Urresti, miembros del Grupo Colina y otros violadores de Derechos Humanos

La Ley de Amnistía tendrá un efecto directo sobre aquellos militares y policías procesados o sentenciados por delitos contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Según Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), son más de 300 policías y militares que podrían acogerse a este beneficio con la firma de Dina Boluarte.

En abril de 2023, el Poder Judicial condenó a 12 años de prisión a Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de homicidio contra Eduardo Rojas en 1988, tras determinar su participación directa en el ataque. Aunque la sentencia es firme, al cumplir 70 años en 2026 podría invocar la reciente ley de amnistía.

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Durante la dictadura de Alberto Fujimori, el grupo paramilitar Colina perpetró crímenes de lesa humanidad como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales varios de sus integrantes fueron condenados. Su jefe operativo, Martín Rivas, acumula múltiples sentencias por asesinatos y desapariciones, y en 2027 cumplirá 70 años, lo que le permitiría solicitar amnistía bajo la nueva ley, pese a la gravedad de sus crímenes.

Telmo Hurtado encabezó la patrulla militar que asesinó a entre 61 y 69 pobladores, incluidos mujeres, niños y ancianos durante la masacre de Accomarca. Tras fugar a Estados Unidos, fue extraditado y condenado en 2016 a 23 años de prisión, sentencia confirmada en 2018. Ahora, con la nueva norma, Hurtado se une a la lista de los que podrían solicitar su liberación al cumplir 70 años. Aunque, vale mencionar, esto recién sucedería en 2031, año todavía bastante lejano.