Congresistas de Renovación Popular y Honor y Democracia que plantean reorganizar la Fiscalía son investigados por corrupción y organización criminal
El partido de Rafael López Aliaga propone declarar en emergencia el Ministerio Público en venganza a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Congresistas son investigados por corrupción y organización criminal.
- Odebrecht confesó que le dio US$1 millón en efectivo a José Miguel Castro
- Ley de amnistía para policías y militares aprobada por el Congreso viola tratados internacionales del Perú
Congresistas del partido de Aliaga buscan Junta Transitoria de Fiscales Supremos tomen el control. Foto: composición Jazmin Ceras/ La República.
Ocho congresistas de la bancada de Renovación Popular y tres de la bancada Honor y Democracia, quienes respaldan declarar en emergencia el Ministerio Público como respuesta a que Patricia Benavides no asumiera nuevamente como fiscal de la Nación, se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y otros.
Los legisladores involucrados son: Diego Bazán, María Córdova, Jorge Montoya, María Jáuregui Martínez, Norma Yarrow, José Cueto, Alejandro Muñante, Javier Padilla, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos y Patricia Chirinos.
Referente a la bancada Renovación Popular, Diego Bazán es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de falso testimonio en juicio —relacionado con su declaración en el proceso contra Pedro Castillo— y peculado doloso simple, por presuntamente utilizar recursos del Congreso para celebrar su cumpleaños en Trujillo en 2023.
María Córdova afronta un proceso judicial por falsa declaración jurada, debido a que omitió declarar su cargo como gerente general de la empresa Lot Plus S.A.C. en su hoja de vida durante las elecciones generales de 2021. El caso se encuentra en el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
Además, a Montoya se le investiga por el presunto delito de homicidio calificado, por haber presuntamente fomentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Alejandro Muñante es investigado por cohecho, tras la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien reveló que hubo coordinaciones con un congresista identificado como “agente especial Roberto” para facilitar el copamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con funcionarios afines a Benavides. La estrategia incluía una propuesta legislativa impulsada por Muñante.
Patricia Chirinos está siendo investigada por la fiscal suprema Delia Espinoza en el marco del caso Patricia Benavides, por su presunta participación en una organización criminal.
Jorge Zeballos y Miguel Ciccia enfrentan investigaciones por el presunto delito de organización criminal, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2022 y 2025, respectivamente. En el caso de Ciccia, este ha declarado que desconoce la denuncia y que no ha sido notificado.
Finalmente, María Jáuregui Martínez y Norma Yarrow están siendo indagadas por el presunto delito de cohecho.
Los investigados de Honor y Democracia
En el caso de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya está siendo investigado por negociación incompatible, tras conocerse que habría influido indebidamente en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, lo que le permitió percibir doble sueldo y pensión simultáneamente mientras ejercía su cargo congresal. En este mismo caso también está involucrado José Cueto.
En tanto, Javier Padilla es acusado de haber solicitado el reembolso por gastos de combustible en fechas en que no realizó actividades oficiales relacionadas con sus funciones congresales.
La venganza de Renovación Popular
En medio de cuestionamientos, el partido de Rafael López Aliaga propone declarar en emergencia el Ministerio Público tras el rechazo de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cargo que actualmente ocupa Delia Espinoza.
El proyecto de ley, impulsado por el partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, plantea que el Ministerio Público sea dirigido temporalmente por una Junta Transitoria de Fiscales Supremos.
La bancada plantea que la Junta Transitoria de Fiscales Supremos tenga un plazo de hasta doce meses. Durante ese tiempo, se suspendería en sus funciones tanto a la actual fiscal de la Nación como a todos los fiscales supremos titulares.
