Congreso: Comisión de Constitución aprueba restablecer la inmunidad parlamentaria

El Congreso de la República pretende asegurar la impunidad de los diputados y senadores que sean electos en 2026. La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Fernando Rospigliosi aprobó el dictamen del proyecto de ley que restituye la inmunidad parlamentaria.

La propuesta fue respaldada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Luis Aragón (Acción Popular), Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular), Arturo Alegría (Fuerza Popular), José Elías Ávalos (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Isaac Mita (Perú Libre), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Noelia Herrera (Renovación Popular), Wilson Soto (Acción Popular) y Jorge Morante (Somos Perú).

Los parlamentarios que se opusieron a la aprobación del proyecto fueron Víctor Cutipa (JP), Víctor Flores (Fuerza Popular), Ruth Luque (BDP).

Y votaron en abstención José Williams (Avanza País), Héctor Valer (SP), Lizarzaburu (APP), Alex Paredes (Bloque Magisterial),Segundo Quiroz (Bloque Magisterial).

El dictamen incluye los proyectos de ley de los congresistas Wilson Soto (Acción Popular) y José Balcázar (Perú Libre).

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¿Qué propone el proyecto aprobado?

El texto sustitutorio aprobado plantea que ningún diputado o senador elegido en el Congreso bicameral del 2026 pueda ser procesado o detenido por presuntos delitos comunes mientras esté en funciones, a menos que el Parlamento lo autorice en un plazo no mayor de 30 días calendario.

Em caso de flagrancia, el Congreso tiene 24 horas para resolver el levantamiento de su inmunidad y permitir que sea procesado. De haber transcurrido ese tiempo sin ninguna decisión, se entenderá que la Corte Suprema del Poder Judicial ya cuenta con autorización. El problema es que en el periodo de 24 horas, el Congreso todavía tiene la opción de no autorizar el levantamiento de la inmunidad, pese a que se trate de un caso de flagrancia.

La reforma constitucional no aplicará para delitos cometidos por los diputados y senadores antes de su elección en 2026.

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Los parlamentarios cuenta, en la actualidad, con el antejuicio político, una prerrogativa que los protege de ser procesados judicialmente por delitos de función. Cuando el Ministerio Público busca avanzar una indagación, debe presentar una denuncia constitucional y el Parlamento determina su aprobación.

Con el retorno de la inmunidad parlamentaria, se agrega un escudo más a favor de los legisladores frente a indagaciones por presuntos delitos comunes. La inmunidad había sido eliminada para ese tipo de ilícitos en el anterior Congreso.

En 2021, cuando se aprobó esa reforma constitucional, el constitucionalista Omar Cairo argumentó que debido a esa prerrogativa, los parlamentarios que cometían crímenes manifiestos ajenos al ejercicio de sus funciones quedaban fuera del alcance de la justicia durante su periodo de cinco años.

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Pero la actual coalición parlamentaria pretender revertir ese veredicto. De aprobarse el dictamen, según el abogado constitucionalista Heber Campos, el Ministerio Público solo podrá investigar a efectos de hacer la denuncia correspondiente ante el Congreso, pero no se podría ir más allá.

"Podrían ser investigados, pero en ningún caso procesados (ni detenidos), hasta que el Congreso lo autorice", dijo.

El excongresista de Acción Popular, Luis Roel, advirtió que el retorno de la inmunidad puede generar incentivos perversos para quienes buscan llegar al Congreso del 2026 en busca de protección. Todavía falta que este proyecto sea votado en el Pleno.

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