En la provincia de Pataz, 2.146 mineros tienen suspendida la inscripción en el Reinfo

La creación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue para que los mineros se dediquen a sus actividades sin enfrentar denuncias por minería ilegal. Esa era la idea sobre el papel. Cifras obtenidas del Ministerio de Energía y Minas indican que, en lo que va del año, la suspensión de las inscripciones ha aumentado considerablemente en el departamento de La Libertad, en particular en la provincia de Pataz, que es la zona donde operaba Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo. Detenido en Colombia, a Rodríguez, las autoridades atribuyen haber organizado el secuestro, tortura y ejecución de 13 trabajadores que prestaban seguridad en dos minas auríferas en Pataz.

Después que el 27 de diciembre de 2024, el Congreso, con el respaldo del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, amplió la vigencia del Reinfo hasta el 30 de junio de 2025, la suspensión de inscripción ha experimentado un incremento en La Libertad. De los 6.578 inscritos, 4.470 (67,95%) se encuentran en condición de cancelación temporal. Esto es, 7 de cada 10 mineros.

De hecho, por la provincia liberteña, los números son más contundentes.

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De las 12 provincias de La Libertad, Pataz encabeza la lista con 3.222 inscritos, pero han sido suspendidos 2.146 (66,6%), una de las tasas más altas de todo el país. Esto significa que es muy altamente probable que los mineros con Reinfo con vigencia interrumpida hayan incursionado en la minería ilegal, según los expertos consultados.

Y es en ese contexto en el que las organizaciones criminales, como la que presuntamente encabezaba Cuchillo, incursionaron en Pataz para dedicarse a arrebatar el mineral aurífero.

De los 12 distritos que son parte de la provincia de Pataz, el que lleva el mismo nombre cuenta con la mayor cantidad de inscritos al Reinfo: 1.291, pero también lidera el número de suspendidos: 732 (56,7%). No muy lejos del promedio nacional: 76,16%.

Los analistas coinciden en que el mecanismo del Reinfo para formalizar a los mineros no ha funcionado, y que, por el contrario, ha servido para camuflar a los ilegales. Pataz es el crudo reflejo de que la inscripción del Reinfo ha sido manipulada por los mineros ilegales. Las cifras lo dicen: 8 de cada 10 inscritos se encuentran en condición de suspendidos.

El 13 de mayo, en un intento para combatir a los ilegales, el Ejecutivo revocó automáticamente 1.425 inscripciones de mineros de Pataz que se encontraban en condición de suspendidos. De ese número, 696 correspondían al distrito de Pataz.

Es decir, del total de registros suspendidos, ha sido cancelado definitivamente el 66,40% en la provincia de Pataz y el 95,08% del total del distrito de Pataz. Pero queda pendiente por establecer si los que mantienen vigente la inscripción en el Reinfo, efectivamente, se encuentran en proceso de formalización, como exige la ley.

Las indagaciones del crimen de 13 trabajadores en Pataz han dejado en evidencia una cadena de prácticas informales. Los socavones donde laboraban las víctimas pertenecen a la Compañía Minera Poderosa, pero los había alquilado a la empresa Libmar, de propiedad de Segundo Cueva Rojas, quien se declara minero artesanal de Pataz, de donde es natural.

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 Las víctimas habían sido reclutadas por la compañía de seguridad RRGAP SAC, cuyo dueño es también Segundo Cueva Rojas, quien la fundó en enero de este año. Estaba funcionando informalmente, porque no contaba con la licencia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Así lo reconoció el propio Cueva ante la Fiscalía.

“La Compañía Minera Poderosa tiene subcontratos y concesiones. No explotan la totalidad de sus terrenos. Hay partes que entregan a las rondas campesinas o a terceros, como el caso que está en investigación. Lo hacen mediante contratos en los que se indica que el oro extraído se lo deben vender en exclusividad a Poderosa. Esa es la situación de Segundo Cuevas Rojas”, explicó a La República el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal.

 “Ahora, para cumplir con su labor minera, Segundo Cueva Rojas contrata a mineros, personal de seguridad, camionetas y diferente logística, pero lo hace de manera informal. Una vez que cuenta con el personal, lo mete en los socavones por 10 o 20 días, y solo salen para descansar. La consigna en Pataz es disparar a todo quien pretende meterse en los socavones”, añadió el general Guillermo Llerena.

Un dato de relevancia surgido de las pesquisas de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Trujillo es que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, y el empresario Segundo Cueva Rojas se conocían. Durante una entrevista telefónica con ‘Cuarto poder’, Cuchillo alegó que hacía dos años que no visitaba Pataz. Pero lo declarado por Cueva lo desmentiría.

 “Segundo Cueva y Cuchillo se conocen y se odian a muerte, porque que ‘Cuchillo’ le ha querido arrebatar su concesión a punto de balazos. Una de las modalidades de Cuchillo es específicamente entrar a la fuerza a las concesiones de los mineros artesanales, y una vez que tiene el control con toda su gente (‘parqueros’ y sicarios) se roba el mineral extraído. Los miembros de estas organizaciones criminales pueden estar semanas dentro de las bocaminas hasta arrasar con todo el mineral aurífero, y luego se van a otros socavones para hacer lo mismo”, relató el jefe de la Región Policial La Libertad.

En efecto, conforme a los primeros resultados de las indagaciones de la Fiscalía, lo que presuntamente motivó a Cuchillo a secuestrar y matar a los 13 trabajadores de seguridad fue tomar los dos socavones de Segundo Cueva Rojas para robar con el mineral que habían acumulado los mineros hasta ese momento.

“Si eso ha sido así, las autoridades deben seguir la ruta que siguió el mineral aurífero arrebatado, para identificar a los compradores o reducidores, quienes son los que procesan y luego obtienen el oro puro. Las investigaciones no deben concluir solo en la identificación de los asesinos de los pobres muchachos que se buscaban la vida como miembros de seguridad”, declaró a La República un empresario minero de la zona con la condición de no ser identificado. “Personajes como Cuchillo no solo hay en Pataz, sino también existen en diferentes partes del país. Por desgracia, habrá más muertos si no se hace nada”, añadió.

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Un fracaso que se cobra la vida de los mineros

● El departamento de Arequipa es el que encabeza la lista de mayores cantidades de registros de Reinfo suspendidos: 12.145 (75,24% del total de inscritos). En la jurisdicción arequipeña han ocurrido varios episodios de violencia.

● En el caso de Puno, son 7.892 los suspendidos (65,68% del total), siguiéndole Madre de Dios, con 6.870 suspendidos (77,54% del total). En ambos departamentos, como es sabido, la presencia de las organizaciones criminales es más que evidente. Son datos que confirman que el Reinfo ha fracasado y que es necesario aplicar otras fórmulas.