Dina Boluarte suma tercera denuncia constitucional en dos días por presunto enriquecimiento ilícito
La presidenta es acusada de presuntamente incrementar de manera ilegal e injustificada su patrimonio de joyas y cuentas bancarias a través de depósitos a sus cuentas de origen desconocido.
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Dina Boluarte recibe nueva denuncia por parte de la Fiscalía. Foto: composición LR
La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva denuncia constitucional, la tercera en apenas dos días, esta vez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado durante su gestión como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y, posteriormente, como jefa de Estado.
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La acusación surge a partir de una carpeta fiscal específica (N.° 162-2024) que se abrió tras separar hechos del “Caso Rolex”, donde se detalla un presunto incremento no justificado en sus cuentas bancarias por S/58.699,97, así como depósitos de origen y concepto desconocidos realizados a sus cuentas bancarias, por la suma de S/4.082,70.
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La Fiscalía también la acusa de omitir información en sus declaraciones juradas de bienes y rentas entre 2021 y 2023, incluyendo joyas valorizadas en US$162.250,00 y dos relojes de lujo marca Rolex valorizados en US$44.465,00. Entre las evidencias que respaldan la denuncia se encuentran actas de entrega voluntaria de joyas, análisis forense de fotografías oficiales en eventos internacionales y peritajes contables que refuerzan las sospechas de un incremento patrimonial sin sustento legal.
Elementos que respaldan la denuncia constitucional contra Dina Boluarte
Entre los principales indicios que sustentan la denuncia constitucional contra Dina Boluarte figura, en primer lugar, un acta de entrega voluntaria de joyas firmada por la propia mandataria el 5 de abril de 2024. Las piezas entregadas fueron analizadas por peritos del Ministerio Público, quienes determinaron su correspondencia —y también algunas discrepancias— con las joyas que la presidenta lució en eventos oficiales, según se observa en al menos 27 fotografías extraídas del portal institucional “Flickr”, en el marco de su participación en el foro APEC 2023.
A ello se suma un informe pericial contable que revela un incremento patrimonial no justificado de S/ 58.699,97 entre julio de 2021 y marzo de 2024, periodo en el que Boluarte ejerció como ministra y luego como presidenta. El análisis también detectó depósitos bancarios de origen desconocido y la ausencia de pagos registrados por adquisición de joyas. Además, los peritos señalaron la existencia de operaciones sin sustento documentario, lo que refuerza la hipótesis fiscal de un posible enriquecimiento ilícito. Estos elementos han sido clave para formalizar una nueva acusación constitucional contra la jefa de Estado.
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Las dos denuncias previas contra Dina Boluarte
El 15 de mayo de 2025, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue objeto de dos denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso, intensificando la presión judicial sobre su gestión.
La primera denuncia se refiere a presuntos delitos de lesiones leves y graves durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La Fiscalía acusa a Boluarte y a seis exministros de su primer gabinete de haber tenido pleno conocimiento del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que resultó en 75 víctimas en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana .
La segunda denuncia involucra a Boluarte en su calidad de exministra de Desarrollo e Inclusión Social, por presunta colusión agravada. Según la Fiscalía, habría favorecido la contratación de Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor Boluarte, como proveedor en programas sociales como Qali Warma y Plataformas de Acción para la Inclusión Social, aprovechando su posición ministerial .
Ambas denuncias fueron presentadas por el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público y ahora están en manos del Congreso, que deberá evaluar su admisión y eventual procesamiento.
